Ataque frontal de Bermejo al CGPJ

viernes 23 de febrero de 2007
Ataque frontal de Bermejo al cgpj
EL ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, no se apea de sus críticas al Consejo General del Poder Judicial, aunque el miércoles, durante la sesión de control en el Congreso, intentara una rectificación que sólo empeoró las cosas. Fernández Bermejo insistió en que el CGPJ está deslegitimado, aunque ahora sea porque el mandato de cinco años de sus actuales miembros está vencido y el Parlamento tiene una mayoría distinta a la que decidió su composición en 2001. Esto que defiende el ministro de Justicia es absolutamente inconstitucional y refleja muy fielmente su apuesta por la subordinación del Poder Judicial a los intereses políticos. Hay que reconocerle coherencia, porque esto es lo que hacía siendo fiscal.
La proyección de las cuotas de los grupos parlamentarios en la composición del CGPJ es lo que, según declaró el Tribunal Constitucional en 1986, hace contrario a la Carta Magna el sistema de designación de los veinte vocales por parte del Congreso y el Senado. Ciertamente, esa condición de inconstitucionalidad es la que, de forma más o menos explícita, se ha venido cumpliendo en todas las renovaciones del CGPJ. Pero la responsabilidad nunca ha sido de los miembros del Consejo, sino de los grupos parlamentarios que siempre han considerado al máximo órgano de gobierno de los jueces como una mera prolongación de sus disputas partidistas.
Fernández Bermejo ha expuesto sin tapujos la mentalidad utilitarista que el PSOE ha aplicado de forma inveterada a sus relaciones con la Justicia. Montilla acaba de acreditarla con el anuncio de una posible segunda recusación de un magistrado del TC, no para garantizar la imparcialidad de este órgano, sino para empatar ideológicamente la recusación de Pérez Tremps. El ministro de Justicia no se ha equivocado al reincidir en su juicio contra el CGPJ. Ha dicho exactamente lo que piensa y lo que quiere hacer con este órgano constitucional, que es ahormarlo a la mayoría parlamentaria del PSOE. ¿Habría que hacer lo mismo con el Tribunal Constitucional, cuyos magistrados son elegidos para nueve años?
Fernández Bermejo demuestra tener un concepto de la legitimidad democrática muy peligroso, porque confunde el mandato parlamentario con los intereses partidistas. Los miembros del actual CGPJ tienen plena legitimidad, fueron designados con un respaldo parlamentario abrumador y si siguen en funciones -situación perfectamente ajustada a la legalidad- es porque los grupos políticos no se han puesto de acuerdo. Lo ilegítimo es tanto la manipulación del Consejo General del Poder Judicial por los partidos políticos, como el discurso inconstitucional del locuaz ministro de Justicia