La hora del Supremo

lunes 15 de enero de 2007
La hora del Supremo
LA interferencia del Gobierno en las actuaciones judiciales contra el entramado de ETA ha sido una de las consecuencias principales del alto el fuego permanente que los terroristas anunciaron el 22 de marzo pasado, después de varios años de conversaciones entre dirigentes del socialismo vasco y de Batasuna. En varias ocasiones, ETA manifestó que el Gobierno debía cumplir también sus «compromisos de alto el fuego», lo que traducido al lenguaje del Estado de Derecho quería decir que debían cesar las detenciones policiales y las causas judiciales contra los frentes político, financiero y juvenil de ETA. El último comunicado de los terroristas, en el que asumen la autoría del brutal atentado de Barajas, reprochaba al Gobierno que «no ha dado pasos todavía para anular sus mecanismos de guerra y represión. El Gobierno de España continúa sin cumplir sus compromisos de alto el fuego».
Sin embargo, la demanda etarra de impunidad no quiere decir que, a instancia del Gobierno, no se hayan producido gestos judiciales significativos. Para los etarras, simplemente, no han sido suficientes. Las declaraciones del presidente del Gobierno ensalzando «el discurso de paz» de Arnaldo Otegi o glosando la figura de Iñaki de Juana como partidario del proceso de diálogo, no eran sino la versión política del giro impuesto por el Fiscal General del Estado en las causas contra la izquierda proetarra, sobre todo en las que aún se hallan en fase de instrucción y no hay acusación formal. Así hay que recordar la oposición casi sistemática del Fiscal al ingreso de dirigentes batasunos en prisión provisional, pese a la actividad política notoria que vienen desarrollando en nombre de Batasuna. También se ha desactivado la Ley de Partidos Políticos, inutilizada frente al Partido Comunista de las Tierras Vascas, marca menor, pero servil, de ETA y Batasuna. Se modificó a la baja el criterio, antes de juicio oral, en el caso de las amenazas de De Juana Chaos y, caso insólito, la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa contra Egunkaria sólo diez meses después de pedir a la Audiencia Nacional que ratificara los procesamientos contra sus directivos, y sin mediar hecho ni prueba nueva que justificara esta modificación de criterio. No en vano los defensores de los etarras ya han pedido a la Fiscalía que aplique el mismo rasero en el juicio de la Casa de Campo por el sumario 18/98.
El planteamiento político del «proceso de paz» con ETA quedaba, así, condicionado a la desactivación de la lucha judicial. En este contexto, la información que hoy publica ABC sobre la petición hecha desde el Ejecutivo al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial de que aplazara la toma de decisiones en el proceso de liquidación patrimonial de Batasuna -razón por la que se registraron e inventariaron las «herriko tabernas» en octubre del pasado año- constituye un hecho grave y preocupante que confirma el deseo del Gobierno de poner a la Justicia al compás del «proceso de paz». En concreto, dicha solicitud fue trasladada a Francisco Hernando por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante un almuerzo que tuvo lugar en la última semana de octubre, al tiempo del robo masivo de pistolas en Francia, después de que la Sala Especial del TS acordara la liquidación patrimonial de Batasuna y quince días antes de que su Sala Segunda celebrara la vista oral del recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a los miembros de Jarrai/Segi/Haika, organización juvenil proetarra, por asociación ilícita y no por terrorismo. Pocos días después del encuentro entre el ministro y el presidente del TS, la Sala Segunda acordó, apelando a la complejidad del asunto y alegando razones técnicas, aplazar hasta finales de este mes de enero la sentencia final de un caso de cuya doctrina sobre el concepto jurídico penal de terrorismo dependerá la definitiva extensión de la lucha antiterrorista a las parcelas de ETA que habían estado escondidas en los recovecos de la legislación democrática.
La vigencia del Estado de Derecho y la aplicación del principio de legalidad son diques difícilmente superables para una negociación política con terroristas. La ley contiene mandatos de los que depende la supervivencia del Estado y la sociedad, y cuando se vulneran el fin que se persigue se hace ilegítimo. Lo que importa no es pregonar la obviedad de que ETA tendrá un final, que lo tendrá, sino los medios que se ponen para lograrlo lo antes posible y sin coste político.