La caza de brujas del Capitan Trueno

miercoles 24 de enero de 2007
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR
LA CAZA DE BRUJAS DEL CAPITÁN TRUENO, por Víctor Gago
El ministro de Justicia apura el final de su mandato como miembro del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre acusaciones de manejo de la Fiscalía para perseguir a sus adversarios en la próxima competición electoral por la Presidencia de Canarias. Es un hecho que su designación como candidato local del PSOE nunca le agradó; y también, que se resistió como pudo a José Blanco, el número dos del partido, promotor de su cambio forzoso de destino.
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(Libertad Digital-V. Gago) Cuando el presidente le mandó aceptar el encargo durante un encuentro privado en La Mareta, el pasado mes de agosto, la suerte de Juan Fernando López Aguilar estaba echada hacía tiempo. El pasado 25 de julio, tras unas comprometedoras declaraciones de su hombre de confianza, en las que acusó a Israel de causar deliberadamente la muerte de civiles en la reciente Guerra del Líbano contra la organización terrorista Hizbolá, Zapatero dijo: "El partido, cuando habla, habla siempre por boca del secretario de Organización".

La conocida sintonía de Rodríguez Zapatero y Blanco debería haber aconsejado al ministro-candidato una actitud más prudente antes de medirse con el todopoderoso secretario de Organización de su partido. No la tuvo, de ahí el título de "candidato a palos" con el que le ha distinguido el presidente del PP, Mariano Rajoy, un estigma difícil de borrar que arriesga una mayoría que debería ser clara por su ventajista posición de ministro y candidato, su indiscutible popularidad en las encuestas y el servilismo a su causa de casi toda la Prensa local.

Con todo, lo más interesante del episodio de su fallida resistencia a dejar el cargo es que revela una de las cualidades políticas del ministro: su dificultad para el cálculo del reparto de fuerzas, lo que le lleva a embestir todos los conflictos con el poder del Estado en la mano, que él cree espada infalible y de la que se siente vaina, cinturón y brazo exclusivos, todo a la vez y con desmesura.

Su declarada simpatía por el Capitán Trueno es algo más que una fijación iconográfica. En el caso de Juan Fernando López Aguilar, la política imita al arte popular y el funcionario público, al guerrero maniqueo y un tanto iluminado.

El paso de Juan Fernando López Aguilar por el Ministerio de Justicia ha sido una agitada historieta de mandobles y zafarrancho contra adversarios políticos, transmutados por su imaginación jacobina en enemigos del Estado, corruptos o simples extremistas. Con la espada del Estado siempre desenvainada y su cargo de ministro como bronco parapeto, el ministro-candidato deja una larga lista de hazañas en el uso del Gobierno como plataforma para destruir al adversario y amoldar la Justicia a la ambición de poder absoluto de su partido.

Por más que lo niegue con cajas destempladas y una retórica ensoberbecida y hueca, los hechos indican que ha politizado la Justicia para allanar los planes del presidente Zapatero de perpetuarse gracias a una negociación con ETA sin grandes obstáculos judiciales y va a seguir intentándolo hasta el último segundo de su mandato como ministro, para allanarse a sí mismo el camino, aunque forzoso, como candidato socialista a la Presidencia autonómica.

Su intento de cambiar las reglas de funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial para bloquear a la mayoría no izquierdista de los jueces, el enfrentamiento con la Carrera Fiscal por el nombramiento político de los fiscales jefe y fiscales delegados anticorrupción, la destitución de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional por ser un obstáculo a la relajación judicial que exigía la negociación con ETA, las críticas del CGPJ y del Consejo de Estado a la discriminación positiva de las mujeres en el Código Penal o a que se llame matrimonio a la unión civil entre dos hombres o mujeres, las quejas de los funcionarios por el fraude de unos juzgados contra la violencia doméstica escasos y sin medios, las presiones al presidente del Tribunal Supremo para que nombre a magistrados de la cuerda del Gobierno, la polémica doctrina del Fiscal del Estado sobre la conveniencia de que los jueces se adapten a la negociación con ETA emprendida por el Gobierno, son algunos hitos de la conflictiva injerencia del ministro-candidato en el sistema judicial.

Presiones al CGPJ y el Supremo

El 25 de julio de 2004, apenas dos meses después de tomar posesión de su cargo, la prensa informó de las primeras presiones del ministro al presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ. López Aguilar había convocado días antes a Rafael Hernando a un almuerzo secreto para pedirle que influyera en el nombramiento de dos cargos, uno del CGPJ y otro de la Sala Tercera del Supremo, para los que el Gobierno ya tenía nombres concretos. Vidal, en el caso de la vocalía vacante en el CGPJ, y el ex ministro Joaquín Ledesma como presidente de la Sala Tercera del Supremo. Hernando no accedió a ninguna de las peticiones y los candidatos del ministro no resultaron elegidos, pero la iniciativa sirvió de tarjeta de presentación del nuevo Gobierno. Desde el grupo de la mayoría del CGPJ, se protestó : "es impropio de un ministro de Justicia democrático intentar influir en la política de nombramientos judiciales. ¿Qué diría el Gobierno si desde el Poder Judicial dijéramos a quién hay que nombrar secretario de Estado o director general?".

Una minoría progresista de bloqueo en el Poder Judicial

A principios de octubre de 2004, el ministro de Justicia lanza el primer globo sonda sobre el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En sus planes, entraba modificar el sistema de toma de decisiones, de tal forma que la minoría llamada "progresista" o cercana al PSOE pudiera bloquear las decisiones de la amplia mayoría de la carrera judicial, que no pertenece a esa corriente. El CGPJ elaboró un dictamen sobre el proyecto, al que calificó de "insidioso", "arbitrario" y "anticonstitucional". Por segunda vez en la etapa democrática, y de nuevo bajo un Gobierno socialista, el Gobierno y el Poder Judicial se enfrentaban por el intento del poder ejecutivo de controlar la Justicia. El antecedente fue la reforma planeada por el Gobierno de Felipe González en 1985, lo que llevó al entonces vicepresidente, Alfonso Guerra, a proclamar: "Montesquieu ha muerto".

El "espíritu de la Alemania de los años 30"

En julio de 2005, entra en vigor la reforma penal incluida en la Ley integral contra la Violencia de Género. El Consejo de Estado ya había criticado con dureza la denominación de la Ley. ¿Por qué "violencia de género" y no "violencia doméstica"?, se preguntaban ante el claro sesgo excluyente que el Gobierno había dado a la Ley. Pero el dictamen del Poder Judicial contra las disposiciones penales de la Ley recogen una de las refutaciones más devastadoras que se recuerdan de una Ley del Gobierno, por su naturaleza discriminatoria y autoritaria. La reforma penal convirtió en delitos la coacción y la amenaza contra una mujer, pero mantuvo como faltas las que se dirigen a un hombre. El CGPJ lo calificó como "derecho penal de autor", una reforma "voluntarista, con predominio no tanto lo normativo, como lo que se ha dado en llamar el sano sentir del pueblo", un enfoque (llegó a decir el Consejo del Poder Judicial) propio "de la Escuela de Kiel, de tan triste recuerdo en la Alemania de los años 30". Con los juzgados especiales para la violencia contra las mujeres, "se crea una jurisdicciones específica, algo propio del Antiguo Régimen y afortunadamente superado ya a lo largo del siglo XIX".

Abusos "propios de regímenes totalitarios"

Recientemente (el pasado 12 de diciembre de 2006 ), la juez decana de Barcelona, María Sanahuja, comentó, a propósito del balance de aplicación de la Ley, un año y medio después de que entrasen en vigor las medidas penales y cuando se constata que el número de víctimas mortales no sólo no ha descendido, sino que ha aumentado en 2006: "No hay delito", dijo la juez, "que lleve a la detención masiva de miles de hombres, sin apenas indicios". A su juicio, la aplicación de las medidas penales trazadas bajo la supervisión de López Aguilar lleva a hacer real esta situación "propia de regímenes totalitarios".

La juez decana de Barcelona denuncia un "uso abusivo de la Ley, la destrucción de la prueba del proceso y la ausencia de presunción de inocencia". Una espiral de incriminación sumarísima parecida a la que ha empezado a denunciar el PP sobre la cacería policial de sus cargos públicos en regiones como Baleares, Valencia o Canarias.

Caos, precariedad e ineficacia en los juzgados contra la violencia de género

El despliegue de los juzgados especializados en violencia contra las mujeres ha resultado un caos, precariedad e ineficacia, según denuncian los propios funcionarios. Otro de los rasgos del Gobierno al que pertenece López Aguilar: la propaganda seguida de la improvisación. El 15 de junio de 2005, días antes de la apertura de los juzgados específicos, los funcionarios ya advertían de que esta jurisdicción "ha nacido sin la tramitación serena que requieren las leyes perdurables" y es fruto de una "legislación alocada, llena de lagunas, carente de rigor jurídico y del más mínimo presupuesto que la respalde".

Hacia los 17 Consejos del Poder Judicial

En octubre de 2005, el ministro volvió a la carga con la reforma del Poder Judicial, un proyecto clave en el intento de usar los resortes del Estado para proporcionar un poder absoluto y duradero al PSOE. Los jueces decano criticaron, en una reunión celebrada el 4 de octubre en León, la segunda intentona de López Aguilar, consistente en nombrar Consejos autonómicos del Poder Judicial, nombrados por los Parlamentos regionales. Los consejos autonómicos nombrados por los políticos "suponen la desaparición de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores como «pueden provocar la fragmentación del Poder Judicial por territorios y su debilitamiento como poder del Estado y como garante de los genuinos órganos de representación democrática de los jueces", advirtieron los jueces decano. También criticaron el proyecto de "justicia de proximidad": "no garantiza una justicia profesional e independiente respecto del poder político, ni la igualdad y la seguridad jurídica para el ciudadano".

Batasuna, al Parlamento

Cuando ha tenido que desdecirse de la palabra dada, el ministro-candidato ha demostrado no tener ningún reparo. El 20 de febrero de 2005, en un foro de Debate en El Mundo, parecía tener muy claro la receta contra el terrorismo etarra: "Lo que hay que hacer es impedir que Batasuna pueda presentarse con ese nombre o bajo cualquier otro que intente suceder la actividad de una organización que ha sido declarada ilegal por el Tribunal Supremo, y lo vamos a hacer". Como es sabido, Batasuna-ETA se presentó a las Elecciones vascas de 2005 bajo las siglas de PCTV, tal y como advirtieron todos los informes policiales y ante la impasibilidad del ministro de Justicia y del Gobierno.

El Fiscal del Estado "se emplea a fondo" con De Juana Chaos

El 4 de julio de 2005, el ministro de Justicia había prometido, en declaraciones a El Mundo, sobre los planes del terrorista Ignacio de Juana Chaos para salir de la cárcel: "el Ministerio Fiscal está empleándose a fondo para velar por la adecuación a la Ley de los beneficios penitenciarios que tuvo, de modo que no se le compute ni uno, sino con el máximo rigor y celo". Como es sabido, el Fiscal General del Estado ha cambiado su criterio sobre De Juana y, si antes pedía 90 años, ahora se interesa por su excarcelación en un plazo máximo de tres.

El debido respeto a los "muertos vivientes"

El ministro insiste, durante los últimos días, en pedir respeto para los jueces y fiscales que investigan a cargos públicos del PP en Mallorca, Murcia, Valencia o Canarias. Sin embargo, el pasado 12 de noviembre de 2006, ante la falta de acuerdo para renovar el CGPJ y tomar el control definitivo, al fin, de este crucial resorte del Estado, el ministro descalificó el actual Gobierno de los jueces, llamándolo "muerto viviente" en declaraciones a la SER.
Son sólo algunos de los conflictos protagonizados por un ministro iluminado por una supuesta misión de cruzada jacobina en la que cualquiera que se oponga al Gobierno se convierte en un potencial enemigo del Estado. Deja el cargo en las próximas semanas para centrarse en la campaña electoral de las próximas Elecciones Autonómicas. Deja la Justicia hecha un campo de batalla más de los bandos de una España fracturada bajo el mandato de Rodríguez Zapatero. Quizá le ha afectado la lectura de demasiadas historietas del Capitán Trueno o es que se prepara para su ascenso político con el género más contundente de las de Atila.