domingo, enero 21, 2007

Extraña actitud del Gobierno tras la sentencia sobre Jarrai

Extraña actitud del Gobierno tras la sentencia sobre Jarrai
Elsemanaldigital.com

22 de enero de 2007. El pasado viernes 19 de enero una sentencia del Tribunal Supremo confirmó lo que parecía obvio para casi todos menos para la Audiencia Nacional: que los grupos pro-etarras forman parte del entramado de ETA, y que, como la banda, sus dirigentes y sus miembros son susceptibles de ser condenados por terrorismo. Las organizaciones juveniles de ETA y Batasuna –Jarrai, Haika y Segi- no sólo son ilegales, sino que son a todos los efectos partes de la banda. La nueva situación tras la sentencia ha aumentado la presión sobre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya en dificultad por la voladura del "proceso de paz" con la banda tras el criminal atentado del 30 de diciembre en la T-4 de Barajas, y puede condicionar la agenda política de los próximos meses.Por una parte, si la adscripción de las organizaciones juveniles al llamado –por ellos mismos- Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) las convierte en organizaciones terroristas, esto implica que todo el MLNV está fuera de la Ley y es susceptible de la misma clasificación penal. Batasuna y sus "cachorros" son partes de la banda terrorista, y pronto podrían verse ante los Tribunales de Justicia causas similares contra el resto de organizaciones proetarras. ETA se ha quedado sin partido y sin juventudes, y podrá quedarse de seguirse el mismo razonamiento jurídico sin sindicatos, sin grupos culturales o sin cualquier otra tapadera. Por otro lado, el Partido Popular de Mariano Rajoy ha instado al Gobierno a aplicar la Ley de Partidos al Partido Comunista de las Tierras Vascas, algo difícilmente cuestionable vista la decisión del Supremo y la actitud que ha venido desarrollando este partido desde que llegó al Parlamento vasco.Zapatero no puede rehuir su responsabilidad. Es el Gobierno, y en particular el ministro del interior Alfredo Pérez Rubalcaba, el que ha de hacer aplicables las decisiones de los Tribunales. Incluso si no son de su gusto o de su conveniencia, los gobernantes están sometidos al Poder Judicial, salvo que logren una modificación de la normativa jurídica. En la Constitución española de 1978 la separación de los poderes no es completa, pues están obligados a colaborar entre sí, y este caso es un ejemplo más.Sucede sin embargo que el Gobierno da la impresión de estar incómodo con el acoso policial y judicial a ETA. Sólo cuatro de los veintitrés miembros de Jarrai directamente condenados por terrorismo han sido detenidos. Amaia Arrieta, Olatz Cerro, Iker Frade e Igor Ortega han sido los únicos capturados por las fuerzas de Policía. Incluso dos personas detenidas por la Ertzaintza -Asier Arraiz y Oier Martínez del Campo- con motivo de los desórdenes promovidos por los "independentistas" han sido ya puestas en libertad. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha afirmado que el Gobierno estudiará "con atención" el contenido de la sentencia contra Jarrai "porque seguro que nos aportará cosas importantes", pero lo cierto es que los condenados han podido huir ante la falta de contundencia de los órganos dependientes del Ejecutivo e incluso existen sospechas, que deben aclararse cuanto antes, de que se podría haber producido una "filtración" anticipada de la sentencia que habría ayudado a escapar a los ahora reclamados judicialmente.El Gobierno de Zapatero quiere retomar, tal vez con nuevas formas, el "proceso de paz". En ese sentido un exceso de presión judicial, sin voluntad política de acabar policialmente con ETA, está llevando a más violencia callejera y hace aumentar el temor a nuevos atentados de ETA. Sin embargo, los medios de comunicación afines al Ejecutivo han hecho saber que el día 30 de diciembre el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, y el dirigente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, estaba reunidos precisamente mientras se conocía el atentado. Es toda una señal de dónde quiere encontrarse un Gobierno que de momento aún no ha anunciado su posición respecto a la manifestación de las víctimas del terrorismo del próximo 3 de febrero.

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