De Juana no somete a los jueces

viernes 26 de enero de 2007
De Juana no somete a los jueces
LA decisión mayoritaria de los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por la que mantienen a De Juana Chaos en prisión provisional y en ingreso hospitalario, se ajusta estrictamente a los principios de legalidad y humanitarismo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre esta medida cautelar. La ley procesal sólo permite el arresto domiciliario cuando el preso preventivo esté enfermo y el internamiento carcelario «entrañe grave peligro para su salud». Los magistrados han puesto las cosas en su sitio: ni De Juana Chaos está enfermo, sino en huelga de hambre; ni la prisión provisional tiene que ver con su padecimiento, resultado exclusivo de la voluntad del etarra de presionar con una huelga de hambre al Gobierno y a los jueces para obtener su impunidad. Al fallar el requisito de la enfermedad, era innecesario alegar que la vigilancia policial del arresto domiciliario y el deterioro físico del etarra impedirían su fuga. En todo caso, conviene no olvidar las fugas de Josu Ternera -otro enfermo ilustre- y de Jon Salaberría. Por tanto, el respeto a la legalidad exigía que De Juana Chaos permaneciera en la misma situación, entre otras razones, porque si su vida está en peligro, lo más indicado es que permanezca en un hospital. Los perjuicios para su salud no serán consecuencia de una enfermedad previa o sobrevenida, ni de falta de atención médica, sino del empecinamiento del etarra por echar un pulso que ayer, afortunadamente, perdió.
Aunque la aplicación de la ley no es automática y normalmente permite un cierto margen de discrecionalidad, el caso de De Juana Chaos no ofrecía mejor alternativa legal a la decisión mayoritaria de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Por eso, la Fiscalía ha visto cómo su criterio era rechazado absolutamente por los jueces, al pretender que se concediera al etarra una «prisión atenuada» que, conforme a la ley, no merecía en absoluto, salvo que se aceptara su chantaje. Es la segunda vez que la Fiscalía tropieza con De Juana Chaos -la primera fue el baile de acusaciones por las amenazas vertidas en dos artículos publicados en el diario «Gara», zanjado con una condena a más de doce años-, lo que es motivo suficiente para que Conde-Pumpido asuma definitivamente su deber de garantizar, en todas las causas contra ETA y la izquierda proetarra, el principio de legalidad como criterio de funcionamiento del Ministerio Público, renunciando al principio de oportunidad que tanto ha menoscabado la confianza en la Fiscalía.
Para el Gobierno y los responsables socialistas que durante tanto tiempo han reclamado de los jueces «sensibilidad» con el proceso de diálogo y con la oportunidad para la «paz», representada por el alto el fuego del 22 de marzo pasado, el auto de la Sala de lo Penal es un duro recordatorio de que, contra el Estado de Derecho, no hay proceso viable. Y el Gobierno lo sabe y por eso manifiesta habitualmente que acata las decisiones de los jueces. Sin embargo, sus actos discurren en sentido contrario, porque, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo que ilegaliza y disuelve a Batasuna, prohibiendo su actividad política, no ha sido óbice para que el Partido Socialista de Euskadi haya rehabilitado políticamente a la coalición proetarra, convirtiéndola en interlocutor no sólo del proceso de «paz», sino también de los cambios institucionales futuros en el País Vasco y en España. El respeto a los jueces no se predica; se ejerce con hechos. Si el Gobierno fuera realmente respetuoso con la independencia judicial, afirmación con la que anteayer se obsequió a sí mismo Rodríguez Zapatero, no endosaría a los jueces la responsabilidad de facilitar el proceso con decisiones contrarias a las leyes. Debería asumir su propia responsabilidad, abandonar el doble lenguaje al que nos ha habituado y tener el valor de ir al Parlamento a proponer reformas legales que den a los terroristas el trato judicial que considera coherente con un proceso de negociación.
En definitiva, es probable que los dirigentes socialistas que abogaban por la libertad provisional o el arresto domiciliario de De Juana Chaos tuvieran muy presente la exigencia de impunidad que ETA ha reiterado en sus comunicados y que, según las filtraciones al diario «Gara», habría sido convenida con el Gobierno en los contactos previos al alto el fuego del 22 de marzo. Lo que queda claro es que la impunidad de los terroristas es imposible gracias al Estado de Derecho, a la independencia judicial y a las oportunidades que ofrece el sistema procesal penal español para el ejercicio de la acción popular, que se ha convertido en el paliativo de la cada día más incomprensible actuación del fiscal general del Estado.