Superavit de asesores en La Moncloa

domingo 14 de octubre de 2007
Superávit de asesores en La Moncloa
SEGÚN dice el apartado tercero del Código de Buen Gobierno aprobado por el Ejecutivo socialista en marzo de 2005, las autoridades «administrarán los recursos públicos con austeridad». Este encomiable mandato es incompatible con la extensa nómina de asesores reclutados por La Moncloa desde que Rodríguez Zapatero accedió al poder en marzo de 2004. En la actualidad, la Presidencia del Gobierno tiene a su disposición un total de 682 asesores, cifra que se reducirá a 656 en 2008, 106 más que José María Aznar, con un coste anual de 28 millones de euros (más de 4.600 millones de pesetas). La reducción prevista para el próximo ejercicio se debe no a la reducción de plantilla, sino al traspaso al Ministerio del Interior de la veintena de personas asignadas al Alto Comisionado de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo, órgano incardinado actualmente en la estructura de la Presidencia del Gobierno.
El Ejecutivo ha intentado justificar estos números desorbitados por la «mayor dimensión» de la Oficina Económica del presidente del Gobierno y por la aplicación del «Plan Avanza» para la implantación de las nuevas tecnologías en la estructura administrativa. Ninguno de ambos argumentos parece convincente para explicar de forma satisfactoria tan ingente cantidad de asesores y gastos. Apelar a la Oficina Económica del presidente como razón de Estado para esta inversión es, además, un sarcasmo, teniendo en cuenta la falta de criterio que caracteriza la política económica del Gobierno, especialmente en los últimos meses. El jefe del Ejecutivo hace promesas que el vicepresidente económico, Pedro Solbes, no secunda, pero tampoco rectifica, lo que hace que pierda autoridad en un equipo en el que los últimos en llegar -los ministros Chacón y Soria- se permiten también hacer compromisos presupuestarios sin que el máximo responsable del Ministerio de Economía haya dado su visto bueno, aunque al final haya tenido que pasar por el aro de las necesidades electorales del PSOE. Para este desconcierto económico, en el que no son fiables ni las previsiones sobre las que se ha construido el presupuesto de 2008, no hace falta tanto asesor, sino una cabeza responsable. Por otro lado, esta oficina personal de Zapatero debe principalmente su «fama» a la derrota electoral de quien fue su director -Miguel Sebastián- y a la denuncia de haber preparado un «dossier» contra el presidente del Banco Bilbao Argentaria, Francisco González. Pobre balance, sin duda.
Tampoco es aceptable la explicación de que esta legión de asesores prepara las respuestas a las preguntas parlamentarias de la oposición. El PP ha hecho cuentas y resulta que, desde el comienzo de la legislatura, no sale más de una respuesta por asesor a la semana, lo que arroja un índice de productividad manifiestamente mejorable -quizá esto explique la partida de 4,24 millones de euros para «incentivos al rendimiento», prevista en los presupuestos de 2008-, sobre todo si se tiene en cuenta que cada ministro tiene su propio gabinete de asesores, además de una secretaría general técnica que le suministra información exhaustiva de la actividad de su departamento.
Todo responsable político tiene derecho a crear un equipo de confianza, pero las cifras de La Moncloa, también dignas de comentarios en otros aspectos -como la reforma de la Sala de Prensa, que ha costado más de 600.000 euros-, exceden por completo de lo sensato y de lo habitual. Más aún, si se comparan con la agenda del presidente del Gobierno, que no justifica esa cohorte de asesores. Basta detenerse en su actividad exterior, por ejemplo, para llegar a la conclusión de que no son precisamente razones de diplomacia las que explican tan extensa nómina. Tampoco la calidad de sus intervenciones públicas, ni la frecuencia de sus citas institucionales, ni actividades similares alcanzan grados tales que den por bueno el gasto anual de 28 millones de euros para los 682 asesores que ha alcanzado La Moncloa en este año. Bueno es recordar que al comienzo de la legislatura la vicepresidenta primera presentó el recorte de altos cargos de la Administración como una prueba de su austeridad. Poco duraron las buenas intenciones.