Combatir la delincuencia juvenil

domingo 14 de octubre de 2007
Combatir la delincuencia juvenil
AÚN no ha transcurrido un año desde la entrada en vigor de las últimas reformas de la Ley del Menor y quizás por ello sea aún pronto para vaticinar su fracaso. Sin embargo, las cifras oficiales y el desánimo entre las Fuerzas de Seguridad del Estado que combaten la delincuencia juvenil, y también entre las Fiscalías de menores, apuntan a que las cosas no van por el mejor camino. Casi 95.000 menores de entre 14 y 17 años fueron detenidos el año pasado, lo que motivó la incoación de 110.236 diligencias, 5.000 más que en el año anterior. La Fiscalía General no ha tenido más remedio que admitir que en España se está produciendo un «incremento generalizado de la delincuencia juvenil». Si a la insuficiencia de recursos personales y materiales para hacer frente a esta clase de delincuencia se unen una legislación que no disuade lo suficiente a estos menores y el desarraigo social de muchos extranjeros que no han alcanzado la mayoría de edad, y que encuentran principalmente en los robos una actividad rentable y débilmente castigada, la conclusión es que convergen dos sensaciones perniciosas: impunidad y un cierto grado de alarma social e indefensión ciudadana. Por ello, parece necesario, como hoy informa ABC, que el Ministerio del Interior se esté planteando crear de manera definitiva una sección específica de delincuencia juvenil para reforzar la labor de la existente Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría General de la Policía Judicial.
Pero siendo desalentadora la evolución de la delincuencia en ese tramo entre los 14 y los 17 años, también empiezan a ser preocupantes los indicios detectados por los expertos policiales respecto al incremento del número de menores de 14 años que se asoman al mundo del delito y que, de modo consciente, aprovechan los resquicios legales que impiden su persecución penal. Esta circunstancia les permite especializarse en nuevas formas delictivas e, incluso, agruparse en bandas para actuar con toda libertad y sin grandes temores. Tal vez la situación pueda paliarse involucrando de manera directa a los padres o tutores como responsables alternativos de los daños causados por sus hijos menores -como ha ocurrido con la responsabilidad civil en diversos casos de «kale borroka»- o con una política de dispersión temporal de menores conflictivos internados, con el fin de alejarlos de su habitual entorno delictivo y facilitar su reeducación. En cualquier caso, parece imprescindible más decisión. Lo relevante en los menores no es tanto fomentar el castigo como concienciarles de sus oportunidades de reinserción. Es razonable que el Gobierno se preocupe por garantizar la seguridad de los ciudadanos poniendo todos los medios necesarios para rebajar la tasa de delincuencia. No obstante, y en el caso concreto de los menores, el Gobierno también está obligado a crear las condiciones necesarias para disuadirles con más contundencia y para que, llegado el caso, las motivaciones para resinsertarse superen en su ánimo la tentación que les supone delinquir si gozan de facilidades e impunidad.