Mikel Buesa, ETA y la financiacion del terrorismo

miercoles 17 de octubre de 2007
ETA y la financiación del terrorismo
MIKEL BUESA (Catedrático de la Universidad Complutense)
UNO de los aspectos de la política antiterrorista en los que más se ha insistido desde Naciones Unidas es el referido a la financiación de las organizaciones que hacen de la violencia el medio de expresión de su política. El terrorismo requiere por lo general pocos recursos para la materialización de sus acciones violentas, pues éstas se basan en el uso de armamento ligero, explosivos y vehículos cuyo coste es relativamente bajo; pero también necesita mantener a los militantes que emplean las armas y a los que se ocupan de la proyección política de sus pretensiones. Y, para ello, es preciso contar con un flujo continuo de dinero con el que afrontar los gastos organizativos y operativos. Las fuentes de la financiación correspondiente pueden ser muy variadas y, de hecho, han ido adquiriendo una diversificación y sofisticación creciente. De ahí que el Consejo de Seguridad, en su último informe sobre esta materia, haya puesto el énfasis en que «las medidas de lucha contra la financiación del terrorismo se adapten mejor a la forma en que los terroristas costean actualmente sus operaciones».
Vista desde la perspectiva española, esta recomendación del alto organismo internacional no parece que haya encontrado demasiado eco entre las autoridades responsables de la conducción de la lucha contra ETA, aun cuando la financiación de esta organización terrorista ha experimentado importantes variaciones en los últimos años. La política antiterrorista en lo que atañe al terreno financiero sigue siendo, por ello, notablemente ineficaz y apenas contribuye a reducir la amenaza de la violencia.
Para comprobarlo conviene hacer referencia a los cambios en el modelo de financiación de las actividades que desarrolla el conjunto que forman ETA y su entorno civil. Aunque los datos de que se dispone sobre esto son incompletos, se puede señalar que, con anterioridad a la ilegalización de Batasuna, el entramado terrorista venía a utilizar unos 24 millones de euros al año, de los que un 55 por ciento procedían de subvenciones públicas -dos tercios de ellas concedidas por el Gobierno vasco-; otro 22 por ciento, de la extorsión a los empresarios; y el resto, de otras actividades, principalmente de carácter mercantil, a las que se añadía una presencia simbólica -sólo el 1 por ciento- del saqueo. El modelo financiero gravitaba, como se ve, sobre la captación de recursos públicos, para lo que resultaba esencial la gestión política que realizaba Batasuna gracias a su presencia institucional en el Parlamento vasco y en un amplio grupo de Ayuntamientos.
Ese modelo se deshizo en 2003, como fruto de la ilegalización, con la expulsión de Batasuna de las instituciones municipales. Tres años más tarde, en 2006, el gasto anual de ETA se había reducido a un tercio de la cifra antes indicada, de manera que, valorado a precios de 2002, apenas superaba los siete millones de euros -8,3 millones en términos corrientes-. Esa cantidad se obtuvo, básicamente, a partir de cuatro fuentes: en primer lugar, del ejercicio de la violencia para extorsionar a los empresarios -25 por ciento de la financiación- o para saquear almacenes de explosivos y otros materiales, así como para robar vehículos -19 por ciento-; en segundo término, del sostenimiento de las actividades mercantiles en las herriko tabernas -que pudieron proporcionar algo más de un tercio de los recursos, pues la intervención judicial sobre ellas había sido incapaz de controlar sus ingresos-; en tercer lugar, de las cuotas recaudadas entre los militantes de Batasuna -con un 10 por ciento-; y finalmente, las subvenciones del Gobierno vasco y algunos ayuntamientos al PCTV y las organizaciones de familiares de presos -con otra décima parte-. Sobre este nuevo modelo financiero, en 2007 se han producido algunas variaciones dignas de mención para sostener un gasto estimado en 8,7 millones de euros a precios de 2002 -10,4 millones a los precios actuales-. Por una parte, ha aumentado la importancia de la extorsión hasta llegar al 37 por ciento, a la vez que casi ha desaparecido el saqueo, seguramente por su elevado riesgo. Por otra, los municipios controlados por ANV se han hecho cargo de la contratación y sostenimiento de una buena parte del personal político, a la vez que han empezado a financiar actividades de reclutamiento y propaganda, de tal manera que el conjunto de los recursos públicos implicados se aproxima a una cuarta parte del total. Y se mantienen los negocios y la recaudación de fondos entre la militancia. Recapitulemos. En su configuración actual, la financiación del entramado etarra reposa sobre tres pilares fundamentales: extorsión, negocios y subvenciones. ¿Qué hace el Gobierno de España para combatir a ETA en esta vertiente financiera? Poco, casi nada.
La lucha contra la extorsión parece que se ha atascado en el interior de algunos sumarios judiciales de progresión imperceptible. Además, la más reciente operación policial en este terreno -que tuvo lugar hace más de un año- se vio obstaculizada por una filtración, al parecer procedente del Ministerio del Interior, que aún no ha sido esclarecida. Y nada se ha hecho en materia legal para extender el reproche penal de la sociedad hacia aquellos empresarios que ceden al chantaje terrorista y pagan a ETA. Es más, los empresarios que, de forma organizada, han exigido públicamente medidas para combatir la extorsión, no han encontrado más que el desprecio del gobierno nacional y su silencio. Y por parte del Gobierno vasco, como se puso de relieve en el caso de los cocineros, los que pagan son presentados como ciudadanos responsables, mientras que a los que no lo hacen se les reprocha su falta de patriotismo. En cuanto a los negocios de ETA, las medidas de intervención judicial sobre las herriko tabernas no han podido ser menos eficaces. Además, el Tribunal Supremo se ha encontrado con la oposición de la Fiscalía, a instancia del Gobierno, a que se resuelva su embargo y clausura dentro del procedimiento de liquidación de Batasuna. Y todo ello no hace sino facilitar que continúen siendo lugares en los que se aglutina la «izquierda abertzale», se recaudan fondos, se gestionan las cuotas de los militantes, se comercializa el merchandising terrorista y se obtiene un excedente mercantil que coadyuva a la financiación de ETA.
Y, finalmente, el empleo de fondos públicos bajo la apariencia legal de programas presupuestarios de subvenciones o de contratación de funcionarios, carece de respuesta. El Gobierno de España se empeña en ignorar que la ley de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo -que ha dado algún juego en la represión de las organizaciones yihadistas- es aplicable en esa materia y le faculta para exigir de cualquier Administración pública la comunicación previa, con vistas a su bloqueo, de las operaciones que beneficien a personas o entidades vinculadas o simplemente relacionadas con ETA, Batasuna, Segi o cualquier organización terrorista reconocida. Yendo más lejos aún, la Leyde Partidos Políticos deposita en ese mismo Gobierno la competencia exclusiva para instar la ilegalización de partidos como el PCTV y ANV, que se han acabado convirtiendo en gestores de los recursos públicos que se canalizan hacia el entramado etarra. Y también es factible la disolución de los Ayuntamientos que gobierna el último de esos partidos.
En resumen: la política antiterrorista en materia financiera se encuentra inédita. Parece como si el Gobierno no quisiera ahogar económicamente a ETA, tal vez porque ello ha podido favorecer su negociación con esa organización y porque su inacción en esta materia no encuentra el reproche de la sociedad. Ana Arendt observó una vez que «la opinión pública se siente peligrosamente inclinada a condonar todas las transgresiones políticas que no lleguen al asesinato». Rodríguez Zapatero ha aprendido bien esa lección.