miércoles, octubre 03, 2007

Josep Borrell, Visperas de Lisboa

jueves 4 de octubre de 2007
Vísperas de Lisboa Josep Borrell

Estos días, entre Bruselas y Lisboa, los expertos jurídicos desarrollan una intensa actividad para que los jefes de Estado y de Gobierno puedan dar el visto bueno al Tratado de Reforma cuando se reúnan en Lisboa los próximos 18 y 19 de octubre.
En principio su tarea no debería ser demasiado difícil, porque en junio la presidencia alemana ya dejó una “hoja de ruta” detallada y completa supuestamente aceptada por todos a pesar de las reticencias de algunos.
Pero en asuntos europeos las sorpresas acechan en cada esquina y las negociaciones son más duras de lo que se deja trascender. Aunque, en principio, nadie debería estar interesado en reabrir un debate que tanto esfuerzo costó concluir, el comportamiento de algunos Estados miembros no está facilitando el acuerdo sobre un texto final.
Las demandas que recibe la presidencia portuguesa son amplias y variadas. Algunas responden a problemas muy locales, como la petición de Austria de una nueva cláusula que impida la “invasión” de estudiantes alemanes en sus universidades. Otras parecen anecdóticas y fáciles de resolver, como la nueva versión en cirílico del Euro que pide Bulgaria...
Otras, en cambio, son de hondo calado. Polonia, embarcada en un complejo e incierto proceso electoral después que su Parlamento se autodisolviera, sigue insistiendo en modificar el mecanismo de voto en el Consejo. Con esa defensa numantina de una visión miope del interés nacional, el Gobierno de los gemelos Kaczynski espera sacar réditos electorales el próximo 21 de octubre.
Ante este combate de retaguardia, conviene recordar que la solución encontrada en junio buscaba sobre todo evitar la ratificación por referéndum allí donde se perdió (Francia, Holanda) o no se llegó a celebrar, como es el caso del Reino Unido.
Tras el fuerte respaldo otorgado por los electores al presidente Sarkozy meses atrás, Francia es el único de esos tres países que parece no estar poniendo más problemas sobre la mesa.
Holanda, cuyo nuevo Gobierno durante mucho tiempo mantuvo que el nuevo Tratado tendría que ser “convincentemente diferente” en términos de “contenido, amplitud y nombre” al firmado en el 2004 por el mismo primer ministro que tiene hoy después de pasar por unas elecciones, parecía aceptar el acuerdo de junio después de conseguir que se retiraran los símbolos de la Unión (bandera e himno, entre otros).
Pero ahora plantea demandas encaminadas a hacer desaparecer el concepto de ciudadanía europea (irónicamente acuñado en el Tratado de Maastricht), pretensión rechazada categóricamente por los representantes del Parlamento. Pero esa actitud parece más dirigida al consumo doméstico y destinada a liberar al primer ministro Balkenende de su posición anterior al referéndum.
Polacos y holandeses no son los únicos en crear agitación en las vísperas de Lisboa. Quien está siendo más problemático, sin duda alguna, es el Reino Unido, que parece pretende eludir parte de los compromisos que aceptó en junio.
En primer lugar, exige que la Carta de Derechos Fundamentales no le sea vinculante. A los primeros que ello perjudicaría seria a los ciudadanos británicos, que no tendrán la protección que la Carta otorga frente a las instituciones comunitarias.
Pero también perjudicaría el valor legal de la Carta para el resto de ciudadanos. En efecto, uno de los principios del Derecho Comunitario es que el reconocimiento de derechos en la UE se desprende de las tradiciones jurídicas de los Estados miembros. Si el Reino Unido subvierte este principio, aceptando sólo derechos que provengan únicamente de su tradición nacional, el retroceso sería grande. Y ese opting-out, jurídicamente aberrante, tiene el efecto político de abrir la puerta a pretensiones similares de países como Polonia o la República Checa.
El Reino Unido también ha emitido serias reservas al desarrollo del área de Seguridad, Justicia y Cooperación en materia policial. En esta ocasión el Reino Unido pretende tener un opting-in, adherirse a aquellas medidas que le convengan, incluyendo las relativas al Acuerdo de Schengen, del que sigue estando fuera.
Comprensiblemente, otros Estados miembros se oponen a esta elección a la carta. Además, pese a la comunitarización de gran parte del tercer pilar, lo que se dio en llamar Área de Justicia y Asuntos de Interior, el Reino Unido quiere aumentar al máximo los periodos transitorios o rebajar el poder de iniciativa de la Comisión y la codecisión del Parlamento Europeo en esta materia…
Con todo ello el Reino Unido parece avanzar marcha atrás sobre lo que había aceptado en junio, fijando líneas rojas de última hora que algo podrían tener que ver con la posible convocatoria por el primer ministro Brown de elecciones anticipadas. Una vez más queda evidente que los británicos, si bien están dispuestos a mejorar el funcionamiento de las instituciones de la UE, en ningún caso desean avances de calado en la integración comunitaria.
Ésta quizá sea la gran duda que emerge tras el fallido episodio constitucional: ¿será capaz el proyecto de integración europea de soportar la emergencia de una Europa a varias velocidades, cada vez más a la carta, con integraciones diferenciadas y un verdadero sistema de opting out generalizado?
Dentro de pocos días tendremos una respuesta, que, como siempre en Europa, será parcial y provisional. Pero creo que no llegará la sangre al rió y que el 18 de octubre se llegará a un acuerdo definitivo que se pueda firmar solemnemente en Lisboa para Navidades.
Claro que todavía quedarán las ratificaciones nacionales. Pero ésa es otra historia.
josep.borrellfontelles@europarl.eu.int

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