lunes, octubre 01, 2007

Jose Oneto, ZP, una agenda para el conflicto

martes 2 de octubre de 2007
ZP: una agenda para el conflicto José Oneto

Al presidente del Gobierno le han cambiado la agenda política para los cinco meses que quedan para las elecciones generales y que ha venido preparando cuidadosamente para tomar la iniciativa ante el Partido Popular, que es el que ha ido marcando toda la agenda desde hace tres años: conversaciones con ETA, cesiones territoriales, entrega de Navarra, juicio y conspiración del 11M, Memoria Histórica…
Metido en plena precampaña electoral, Rodríguez Zapatero ha venido movilizando a sus ministros para que se dediquen a vender todos los logros sociales y de derechos de esta legislatura: desde la Ley de genero hasta el matrimonio de los homosexuales, pasando por la extensión de derechos a colectivos que no los tenían, al tiempo que ha comenzado una verdadera subasta económica para prometer 3.500 euros para los nuevos nacidos; dentistas gratis para jóvenes de una determinada edad; ayuda a jóvenes para pagar las nuevas viviendas de alquiler; una Ley de Dependencia que todavía no esta cuantificada y que dependerá mucho de las Comunidades Autónomas; subida de las pensiones, especialmente las pensiones mínimas; facilidades a los autónomos y un largo etcétera que ha tenido que ser encajado con calzador en los Presupuestos Generales del Estado que, al final, serán aprobados por el Parlamento, sin necesidad de una prórroga que parecía inevitable.
Con buenos datos macroeconómicos que exhibir, a pesar de las incertidumbres que se ciernen sobre la economía nacional, especialmente sobre la construcción, Zapatero pensaba que muchos de sus errores de la legislatura que está a punto de terminar no iban a salir a flote.
Pero en muy pocas semanas todo se ha venido abajo y en la agenda, que será aprovechada por la oposición, ya han entrado otros temas imprevistos... La ola contra el Rey y la familia real, “la guerra de las banderas” (cuyo origen no es de ahora sino de hace muchos años ya que no se cumple la Ley), el conflicto interno que vive el Tribunal Constitucional a raíz de la prórroga del mandato de su presidenta, que ha provocado la toma del control del Tribunal por parte del sector conservador, los llamamientos de los catalanistas que quieren celebrar una consulta popular sobre su futuro dentro de España y, por último, el órdago lanzado la semana pasada por el lehendakari Juan José Ibarretxe, que en un claro desafío al Estado ha convocado dos referéndum: uno para el 25 de octubre del 2008 y otro denominado referéndum resolutivo para el segundo semestre del año 2010.
A pesar de su ilegalidad, el lehendakari, que ha estado marginado en todo el proceso último de negociación con ETA, está dispuesto a desafiar al presidente del Gobierno, al Estado, a la Constitución e incluso a sectores de su partido que entienden que se están rompiendo las reglas de juego ya que Euskadi sigue inmersa en un proceso de violencia y chantaje, no hay libertades para todos y no hay el necesario acuerdo que debería haber entre todas las fuerzas políticas.
El referéndum, que se puede celebrar si hay un nuevo Estatuto de Gernika y éste, como el Estatuto catalán o el andaluz, es sometido a votación, estrategia que ha venido desarrollando el Partido Socialista de Euskadi, no puede convocarse invocando el derecho de autodeterminación como se ha empeñado el lehendakari. Sus propios servicios jurídicos le habían comunicado en el año 1998 que no podía convocar una consulta popular de ese tipo ya que era plenamente “inconstitucional”.
El órdago de Ibarretxe, después de que su plan soberanista en el que Euskadi se convertiría en un Estado Libre asociado a España fuese rechazado por el Parlamento español, es un paso más en el sueño independentista de un lehendakari quemado y poseído de un extraño mesianismo, y crea una tensión y una inestabilidad institucional cuando se está empezando a discutir casi todo. Desde los símbolos hasta la propia Constitución cuando, como ha recordado el Rey, “la Monarquía parlamentaria que sustenta nuestra Constitución ha determinado “el más largo periodo de estabilidad y prosperidad en democracia vividos en España”.

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