Ismael Medina, Amaneceres rojos, ocasos de España

domingo 14 de octubre de 2007
Amaneceres rojos, ocasos de España
Ismael Medina
R ODRÍGUEZ ha conseguido su propósito de sacar adelante la venganza que se toma por su abuelo. Ese y no otro es el origen de la Ley de Memoria Histórica que avanza su trámite parlamentario con el concurso de los partidos secesionista y, ¡cómo no!, de los comunistas de IU que todavía encabeza Llamazares, esa suerte de almorrana castrista en las posaderas de nuestra deleznable partitocracia. Importa poco el antecedente de una sentencia del Tribunal Supremo que negaba con sólidos argumentos de Derecho la demanda de un particular que solicitaba la revisión y anulación de un juicio en parejos términos a los que ahora pretende la desalmada Ley de Memoria Histórica para todos los procesos por acciones, tantas veces criminales, consumadas en zona roja. Cualesquiera aberraciones son posibles en un Estado de desecho, que no de Derecho, en el que prevalece la esquizofrenia totalitaria. Incluso ampararse en la Constitución para violentarla y prostituirla. Han transcurrido 69 años desde que, en 1946, se declararon liquidadas por Ley las responsabilidades políticas y penales derivadas de la guerra civil. Podrían los promotores de la Ley de Memoria Histórica haber incluido en su texto que también alcanzaría igual revisionismo a los juicios de los Tribunales Populares en zona roja. Una cínica cobertura sin apenas efectos prácticos puesto que la mayoría de las decenas de miles de fusilamientos practicados lo fueron de manera expeditiva y sin que, habitualmente, mediara ni tan siquiera la pamema de un juicio sumario con sentencia a muerte predeterminada. Me pregunto cual sería el resultado de que Tribunales independientes, presunción ingenua en las actuales circunstancias, revisaran uno por uno los juicios que pretende desenterrar y anular la descabellada Ley de Memoria Histórica. ¿Exonerarían, por ejemplo, a aquellos dos sujetos de Jaén que habían participado en unos trescientos "paseos"? Y no fue el de éstos, ni mucho menos, un caso aislado. Las llamadas "escuadrillas del amanecer" no daban ocasión de defensa alguna a quienes sacaban de sus casas, de los conventos, de las cárceles atiborradas o de las checas para asesinarlos, con harta frecuencia tras atroces torturas. Así era la que llamaban "justicia del pueblo". Bien es cierto que los fiscales de ocasión solían inscribir como causas de la muerte "hemorragia incontenible" o "paro cardiaco". Quienes no vivieron aquellos años e indaguen en los Registros Civiles pensarán perplejos que en aquellos años se registraron extrañas endemias. No son de ahora los eufemismos encubridores, tan del gusto de Rodríguez y sus compinches. LA JUSTICIA POPULAR ELIMINÓ TAMBIÉN A LOS AFINES QUE MOLESTABAN A LA URSS GUARDO en mi biblioteca un buen número libros relativos a la "justicia del pueblo". Unos refieren experiencias personales, otros son de ámbito local o provincial y no faltan los de autores españoles y extranjeros que enjuician lo que con toda propiedad se ha dado en llamar el terror rojo en España, nada dispar del soviético cuyas terribles dimensiones son de sobra conocidas. También los hay de personajes que ejercieron "poder rojo", como "Hombres made in Moscú", de Enrique Castro Delgado, creador del Quinto Regimiento y secretario general del PCE durante un breve periodo, ya exiliado en Moscú. Los escritos autoexculpatorios de Prieto, Irujo, Hernández y de otros dirigentes frentepopulistas confirman asimismo el alcance y los método de aquella generalizada represión. Una parte sustancial de la misma fue dirigida por los consejeros soviéticos a través del PCE y del PSOE con metódicas técnicas de tortura, sin que escaparan de tan siniestra máquina exterminadora quienes dentro del Frente Popular molestaban sus designios totalitarios. La liquidación del POUM, por ejemplo, fue una de las páginas más brutales de nuestra guerra, incluso superior al genocidio de Paracuellos, ordenado por la dirección soviética y ejecutado por Santiago Carrillo, uno de tantos siniestros personajes de aquel periodo. Entre los muchos relatos sobre la eliminación del POUM merece especial atención el de Julián Gorkin sobre la detención, secuestro, tortura y muerte de Andrés Nin, confirmado por revelaciones de Jesús Hernández y Enrique Castro Delgado, entre otros dirigentes comunistas. No sólo pone de manifiesto el traslado a España de los terribles métodos utilizados por la GPU (luego NKVD) en la URSS. Explica hasta qué extremo ejercieron los "consejeros" soviéticos un poder omnímodo y superior al del gobierno, acentuado al máximo tras el acceso de Negrín a su presidencia. Orlov y Vittorio Vidali (alias Carlos J. Contreras), tenían a sus órdenes al coronel Ortega, director general de Seguridad, de igual manera que en todo momento a Santiago Carrillo. Otro de sus agentes fue el francés André Marty, más conocido, incluso entre los suyos, como "el carnicero de Albacete". Y sobre todos ellos, Togliatti, Codovila y Sepanov, quienes se entendían directamente con el Kremlin mediante una emisora instalada en un alquería valenciana bajo poderosa custodia de agentes de la NKVD. Nin fue secuestrado de la checa de Alcalá de Henaresa la que se le trasladó desde Valencia y llevado a la de El Pardo, exclusiva de la NKVD. Su impenetrabilidad estaba garantizada asimismo por las Brigadas Internacionales. Gorkin relata las terribles torturas a que fue sometido Nin durante varias semanas hasta convertir su cuerpo en una piltrafa humana. Gorkin dice desconocer como murió. Hay quienes aseguran que fue desollado vivo. Pero del talante de otros dirigentes españoles resulta expresiva la respuesta del general Miaja cuando desde el gobierno se le pidió que investigara si, como el propio Negrín sostenía para enmascarar el verdadero paradero del líder del POUM, se escondía en una unidad trostkista del frente de Madrid: "Si lo detienen mis soldados -respondió Miaja- daré orden de que lo fusilen de inmediato". También PCE-PSOE y sus milicias, con el concurso de las secesionistas catalanas, se dieron con sórdido empeño a la liquidación del poder anarcosindicalista. Y no es que cenetistas y faístas fueran monjas de la caridad. Participaron en las matanzas con pareja vocación exterminadora y en no pocas ocasiones con tanta o superior ferocidad que socialistas, comunistas y separatistas. Una ferocidad que parecía nacer del trasfondo genético béreber de nuestro pueblo. Pero los métodos de tortura y eliminación de contrarios, incluso del Frente Popular, practicados por los comunistas eslavos, internacionales y españoles a las órdenes de Moscú no sólo fueron parejos en brutalidad, sino harto más siniestramente refinados. No son ociosas las anteriores precisiones sobre la plena vinculación represiva entre los agentes soviéticos y sus fieles seguidores socialistas y comunistas españoles. Tampoco en lo concerniente a la total dependencia soviética de Negrín. Ilustra con suficiente claridad respecto a las peculiaridades del exterminio a que se dieron las milicias frentepopulistas desde el primer día del conflicto. Y en particular, en el ámbito de la Iglesia. LA VESÁNICA PERSECUCIÓN DE LA IGLESIA DÍAS pasados, al hilo del anuncio de la beatificación de 498 mártires de la Iglesia, me di a la relectura de "Historia de la persecución religiosa en España. 1936-1939", de Antonio Montero. Aunque el autor evidencie caritativa contención en los detalles más pavorosos de aquellos crímenes, existen otros libros que los precisan. Son sobre todo espeluznantes cuando la descripción corresponde a las causas de beatificación, en las que no faltan a veces los testimonios de los propios asesinos. No fueron pocos, por ejemplo, los crucificados en las puertas de sus iglesias o quemados vivos. Ni aquellos a los que sacaron los ojos o seccionaros lengua, orejas y genitales antes de acribillarlos a balazos. Números cantan a la hora de confirmar que durante aquellos tres años de terror rojo sufrió la Iglesia la persecución más brutal y encarnizada de toda su historia. Estas son las cifras de los mártires por la fe que proporcionaba Antonio Montero: clero secular, 4.184; religiosos, 2.365; religiosas, 283. En total, 6.832. Tengo entendido que son ya unas 2.000 las causas de beatificación concluidas y pendientes de su solemne proclamación. Pero todavía están en marcha otras muchas en algunas diócesis. Es el caso de la de Cuenca, en la que fueron asesinados 109 sacerdotes, junto a un buen número de religiosos, religiosas y seglares. El capítulo de los seglares asesinados por el mero hecho de ser católicos y que no dieron muestras de debilidad ni abjuraron, antes al contrario, a la hora de la muerte, es más laborioso y exigente en las causas de beatificación. Pero fueron también muchos miles. Bastaba en ocasiones que alguien señalara "ese es un beato" para ser apresado y asesinado en las tapias de un cementerio o en una cuneta. A esa limpieza contribuyeron en alguna medida los archivos de la CEDA, cuyos responsables no tomaron la precaución de destruirlos o no tuvieron tiempo para hacerlo. No sólo se referían a sus afiliados, sino a muchos de sus posibles votantes. Se anotaba en la ficha, pongo por caso: "Persona de Misa diaria y firmes convicciones religiosas". Aquellas fichas se convirtieron en pasaporte para la muerte en manos de las "escuadrillas del amanecer". Y ahora que la nueva izquierda frentepopulista se ha dado a las exhumaciones de fusilados afines en zona nacional, conviene recordar que se calcula en más de mil los cuerpos de asesinados en Madrid y su entorno que nunca fueron hallados. También en cualesquiera otros territorios bajo control del Frente Popular. Sé de algunos de estos casos por sus familiares. La "Causa General", de la que juristas extranjeros nada afines al régimen de Franco escribieron que era un modelo de rigor procesal, ilustra sobre el alcance de la eliminación sistemática, sin formación de causa, de militares y civiles, entre ellos políticos republicanos como Melquíades Alvarez, que con lenguaje de hoy podrían calificarse de centro, o a lo más de centro derecha. Existe al propósito una abundante bibliografía española y extranjera. Uno de los libros más recientes y de aconsejable consulta es "El terror rojo en España", de Javier Esparza (Ed. Altera). Podría extenderme en otro aspecto estrechamente ligados al específico de los asesinatos. Me refiero a la destrucción de templos y de otros edificios religiosos, tantos de ellos de incuestionable valor histórico-artístico, y al expolio de que fueron objeto. Remito de nuevo a "Historia de la persecución religiosa en España. 1036-1939". Aunque aproximadas, las cifras son apabullantes: en torno a 20.000 templos destruidos o saqueados, por un valor estimado en 1940 de 900 millones de pesetas. Pérdidas reparadas por el Estado Nacional. Sólo en la diócesis de Valencia fueron totalmente destruidas 800 iglesias, parcialmente más de 1.500 y todas saqueadas. En la diócesis de Cuenca, de algunos de cuyos saqueos y destrucciones fui testigo, sólo tres iglesias quedaron indemnes. Y así por doquier. En cuanto al expolio y destrucción de bienes públicos y privados, amén de la corrupción que prevaleció en el destino de lo sustraído, el estudio más completo puede encontrarse en "El expolio de la República", del cenetista Francisco Olaya Morales (Ed. Belqva). Una reciente sentencia del Tribunal Supremo obliga al Estado a pagar a los herederos de un joyero el valor actual de las joyas que fue obligado a depositar en el Banco de España y de las que nunca más se supo. Sería la ruina para la Hacienda Pública si todos los expoliados o sus descendientes conservaran documentos acreditativos de lo que les fue sustraído y reclamaran el pago de su valor actual, además de los intereses devengados durante los casi setenta años transcurridos. Un viejo amigo conquense conserva el recibo de la entrega "voluntaria" de 10.000 pesetas para contribuir al esfuerzo de guerra. Fue un recurso a punta de pistola bastante generalizado en la provincia de Cuenca. Y supongo que también en otras. LAS TEMIBLES MAV SE INCORPORARON LA POLICÍA PREVIAMENTE DEPURADA NO puedo omitir en esta síntesis de los que podríamos denominar "contramemoria histórica" el caso de las Milicias Antifascistas de Vigilancia, más conocidas por sus siglas. Una de las primeras decisiones revolucionarias, amparadas desde el gobierno de Giral, fue la disolución del Ejército, sustituido por la Milicias Antifascistas de partidos y sindicatos y cuya teórica coordinación se encomendó al Comité Central de Milicias Antifascistas. Y digo teórica puesto que su unidades respondían generalmente a la disciplina de las direcciones de los partidos y centrales sindicales de cuyo seno surgieron. Trascurrieron muchos meses hasta que se consiguió estructurarlas militarmente, necesidad que coincidió con el recursos a la movilización obligatoria de quintas. Las Milicias Antifascistas de Vigilancia las componían en realidad las múltiples "escuadrillas del amanecer" y los componentes de las temibles checas. Siguieron actuando cada una de ellas a su aire hasta que se decidió reorganizar los servicios de seguridad. La Guardia Nacional Republicana en que se había convertido la Guardia Civil (la mayoría de sus efectivos enviados al frente de batalla se pasaron a zona nacional en cuanto pudieron) fue sustituida por el Cuerpo de Carabineros, algunas de cuyas unidades combatieron en los frentes; se consolidó el SIM como instrumento militar de detección, persecución y eliminación de "enemigos del pueblo"; y una vez depuradas, se reorganizaron la Guardia de Asalto y la policía, dividida en policía uniformada y de paisano. A la policía fueron incorporados los miembros de la MAV, previo un exigente examen que constaba de tres preguntas: ¿Qué harías si detuvieras a un cura?; ¿Qué harías si detuvieras a un fascista?; y ¿Qué harías si detuvieras a un falangista?. Las respuestas correctas a las dos primeras cuestiones era: "Lo colgaría de un árbol". Y a la tercera: "Lo colgaría de una farola". Llama la atención por su expresividad política y represiva la distinción entre fascistas y falangistas, la cual desmiente la identificación plena entre ambas etiquetas en que hoy recaen los reescritotes de la historia de aquel periodo. Muchos de los policías provenientes de las MAV fueron juzgados por sus crímenes terminada la guerra y otros depurados. Tras la ley de amnistía, aclamada por el primer parlamento partitocrático, los supervivientes fueron repuestos, incluso reconociéndoles los ascensos que habrían podido alcanzar y otras prebendas. Algunos se beneficiaron al terminar la contienda de que las viudas y familiares de sus víctimas asumieron el principio cristiano del perdón y no los denunciaron. Hay quienes podrían hablar de algunos de éstos que salieron impunes y prosperaron sin necesidad de aguardar al transaccionismo partitocrático como Santiago Carrillo, la Pasionaria, Gallego o Líster. ¿Admitirían los ejecutores de la Ley de Memoria Histórica que se les juzgara, muertos o vivos, con carácter retrospectivo? LA BOLCHEVIZACIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA COMO remate de esta crónica y aún a riesgo de extenderme una vez más, considero conveniente una breve síntesis histórica del proceso político que condujo a la guerra civil y a la III República, o República sovietizada, a la que Rodríguez y sus pandilleros del rencor pretenden que retornemos. Es preciso hacerlo para poner de manifiesto el inquietante paralelismo entre aquel periodo y la deriva del gobierno Rodríguez desde que accedió al poder "por accidente". Creyeron muchos, incluidos destacados intelectuales, que con la II República se instauraría un régimen democratico capaz de garantizar la estabilidad política y social en un clima de pacífica convivencia. No tardaron algunos de ellos en proclamar su decepción En crónicas anteriores me he referido al trasfondo revolucionario y masónico de la II República y no es necesario que me extienda en pormenores. Pero sí subrayar que desde el mismo día de la instauración de la II República los partidos de izquierda de ámbito nacional y los separatistas tuvieron como objetivo prioritario arrinconar y demoler a los partidos conservadores, fueran de centro o de derecha, además de anular la influencia de la Iglesia Católica y destruirla. Ese fue el meollo de la constitución de 1931. Más que empeñarse en una racional tarea constructiva, enderezada a superar en términos de concordia los graves problemas económicos y sociales que aquejaban a España, agravados por la crisis financiera mundial de 1929, los gobiernos de izquierda se dedicaron a preparar la revolución. Conviene recordar al propósito que en su escuela de verano de 1933 el PSOE abordó sin tapujos su bolchevización. Y que cuando, a despecho de sus previsiones triunfó la CEDA en las elecciones de 1933, establecieron que el acceso de ésta al gobierno aparejaría la desembocadura en un régimen fascista y que habría de impedirse mediante una proceso revolucionario parejo al ruso. No era cierto, pues Gil Robles dio pruebas bastantes de moderación y aún siendo la CEDA el partido triunfador se avino a participar en el gobierno de Lerroux con una rídícula asunción de carteras en el mismo. El primer intento de corte bolchevique para establecer la Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas fue la revolución de octubre de 1934 a cuyos orígenes y desenlace dediqué una crónica anterior y no es necesario que puntualice. Pero sí insistir en que la impunidad de sus cabecillas, impulsada e impuesta por Alcalá Zamora, excitó aún más las inclinaciones revolucionarias de la izquierda. Lo dejó bastante claro Largo Caballero cuando proclamó en vísperas de la forzadas elecciones de 1936 que "si triunfan las derechas tendremos que ir a la guerra civil declarada". No fueron por tanto la derecha ni los partidos republicanos de centro los que la incitaron. Estaba predeterminada por la izquierda reunida en el Frente Popular y por muy concretas formaciones de apariencia moderada y fuerte implicación masónica que le dieron cobertura. LAS ELECCIONES DE 1936 CONSUMARON EL PROPÓSITO REVOLUCIONARIO DEL FRENTE POPULAR LOS resultados electorales de 1936 no dieron un triunfo arrollador al Frente Popular, pese a las irregularidades que ya expliqué. Números cantan: Frente Popular, 4.519.929 votos; bloque de derechas, 4.511.931; candidaturas de centro, 592.962, de éstos 148.581 al PNV. Pero el sistema electoral premiaba como ahora al partido con el mayor número de votos y su traducción parlamentaria fue: Frente Popular, 271 diputados, de ellos 97 socialistas y 9 nacionalistas vascos; bloque de centro derecha, 138 diputados, de ellos 87 de la CEDA, 22 monárquicos y 8 independientes. La abstención fue el 28,09%. La incorporación del PNV al Frente Popular configuró una evidente traición a sus orígenes ultraconservadores y a su electorado mayoritariamente católico. Un fenómeno que en buena medida se reproduce hoy con una mayoría socialista representativamente engordada por la llamada ley D´Hont y dependiente para su conservación de los partidos separatistas y de IU, el escuálido detritus a que se reduce el comunismo, absorbido por la deriva neobolchevique del P(SOE). El desenlace de las elecciones de febrero de 1936 consumó el propósito revolucionario de la izquierda y de los presuntos "moderados" que les hacían el juego desde pronunciamientos democráticos, en su mayoría masones. La posible solución de estabilidad política mediante un acuerdo entre socialistas y cedistas que en conjunto agrupaban los dos tercios del electorado, fue dinamitadas desde el antes de las elecciones de 1933 por el PSOE, cuya obsesión, en la que le acompañaban otras formaciones de izquierda más o menos radicales, era la de acorralar y destruir a la derecha. Apenas mes y medio después de las elecciones del 36 declaraba Largo Caballero: "La clase trabajadora tiene que marchar hacia la dictadura del proletariado, que es la verdadera democracia". Siguió de inmediato la irregular sustitución del presidente de la República por Azaña y el fracaso de su encargo a Prieto para que formara gobierno, rechazado por su propio partido y UGT. Algunos autores señalan que aún antes de las elecciones del 36 la izquierda marchaba decididamente hacia la III República. Y así se demostró sin margen de equívoco cuando el Frente Popular asumió el gobierno. La violencia desatada durante el que llamaban el "bienio negro", llevada al extremo revolucionario en octubre del 34 y reanudada después, se recrudeció tras el triunfo electoral del 36. La revolución avanzaba a pasos agigantados, la situación se hizo insostenible y fue inevitable la reacción militar y de los sectores políticos perseguidos. El levantamiento del l8 de julio, organizado por el general Mola, perseguía el restablecimiento del orden republicano subvertido por el Frente Popular y de ese propósito dejaron constancia los bandos de proclamación del estado de guerra. Pero la conversión del alzamiento en guerra civil trastocó esos planes. El ministro de Gobernación, uno de los republicanos "moderados" de estirpe masónica, conocía con detalle los preparativos militares y civiles para el levantamiento encaminado a bloquear la marcha revolucionaria hacia la República Popular de corte soviético. Y a través de él, también el gobierno ¿Por qué no tomaron medidas para estrangularlo? Desde hace muchos años he buscado una respuesta. Existen dos plausibles y al propio tiempo estratégicamente coincidentes: el Kremlin, a través de sus "consejeros" desplegados en las redes de poder frentepopulistas, presionaba para que la contrarrevolución madurara y así justificar su aplastamiento a sangre y fuego, en igual medida que sucedió con la revolución bolchevique; Casares Quiroga y el gobierno confiaban para inutilizarla en la superioridad numérica y armada de las milicias del Frente Popular, además de en generales y otros mandos militares afectos. Pero las informaciones sobre el rápido desarrollo de los planes que encabezaba Mola y el volumen de adhesiones militares y civiles que cosechaba exigieron provocar su adelantamiento. Ese fue el motivo principal del asesinato de Calvo Sotelo. DISOLUCIÓN DEL EJÉRCITO E IMPLANTACIÓN DE LA JUSTICIA POPULAR UNA de las primeras medidas del gobierno formado el 19 de julio bajo la presidencia de Giral fue la disolución del Ejército. Decisión que dejó en manos de las milicias frentepopulistas la formación de columnas combatientes y dio vía libre a la feroz represión a que me referí más arriba. Se ha escrito con reiteración del gobierno Giral que lo integraban republicanos moderados. Pero su actuación lo desmiente. Si nos atenemos a la documentación del PCE y de los archivos soviéticos, el gobierno de Giral asumió los dictados de socialistas, comunistas, anarcosindicalistas y partidos separatistas mediante "una serie de medidas jurídicas que legalizaban situaciones de hecho creadas por las masas y por las organizaciones del Frente Popular y que implicaban una transformación profunda del carácter de la República española". Es obvio que la II República había fenecido a manos de la revolución y que la constitución de 1931 quedó reducida a pavesas por mucho que se apelara a ella, siempre en falso. La represión revolucionaria fue tan desproporcionada y escandalosa que el gobierno de "moderados" que le servía de pantalla (se confirmaba lo que dijo el Gran Maestre del Oriente de Francia sobre identificación entre masonería y marxismo que recogí en mi anterior crónica) se vio precisado a tomar medidas encubridoras para atenuar la alarma internacional que las matanzas y la atroz persecución religiosa despertaban en amplios sectores internacionales. Y de la misma manera que se había disuelto el Ejército, se procedió a la sustitución del sistema judicial de la II República por uno de nueva planta que no hacía sino otorgar visos de legalidad a la expeditiva "justicia del pueblo", ejercida a mansalva por las milicias frentepopulistas. Se crearon los Tribunales Populares que integraban tres magistrados exentos de la depuración y de comprobada fidelidad, al tiempo que unos jurados que designados por partidos y sindicatos y a cuyos miembros se consideraba "jueces populares". Junto a éstos, que tardaron en funcionar con problemática formalidad jurídica, subsistieron de una forma u otra los expeditivos de las milicias y los irreductibles de la NKVD, según se demostraría trágicamente durante la retirada de Cataluña y luego en el curso de la sublevación de Casado y en la zona levantina en coincidencia con las últimas boqueadas de la República Popular, o República Roja. Quienes vivimos aquellos duros tiempos fuimos testigos del arbitrario funcionamiento de los "legalizados" Tribunales Populares, meras correas de transmisión de los poderes políticos bajo creciente control comunista y soviético. Aquella "justicia popular" se completó con la creación del Tribunal Especial de Responsabilidades Civiles, al que competía aplicar sanciones económicas a los desafectos al sistema y de legalizar las ocupaciones masivas, de tierras, industrias y bancos (el único de los bancos al que se concedió un estatuto peculiar que lo dejó a salvo de la incautación fue el Hispano Americano a cuyo frente estaba Justino Azcárate, del que se decía ejercer un alto cargo de la masonería). Tarea de la que se derivaban sanciones penales, incluso de muerte, que competían a los Jurados de Urgencia. La reorganización de la Justicia decidida por Largo Caballero poco antes de que se viera forzado a ceder los trastos del poder a Negrín, en cuya fidelidad fiaba más el Kremlin, restableció la jurisdicción militar, si bien condicionada al poder resolutivo del Comisariado Político, omnipresente junto a los mandos militares de cualquier entidad. La jurisdicción en el ámbito civil se encomendó a Tribunales Populares, los cuales entendían de los delitos comunes al tiempo que los de espionaje, rebelión y contra la seguridad del Estado. Y junto a éstos, Jurados de Urgencia, Jurados de Guardia y Jurados de Seguridad. En realidad, los mismos perros con distintos collares. Lo que importaba y se reforzaba no era otra cosa que la utilización de la Justicia para el cumplimiento de los objetivos revolucionarios. PREVALENCIA DE LOS SÍMBOLOS REVOLUCIONARIOS Y FORTALECIMIENTO DE LOS SEPARATISMOS PODRÍA analizar otros muchos aspectos de aquel delirante proceso revolucionario de la III República, o República Popular. Pero me limitaré a terminar con el recordatorio de dos cuestiones de indudable actualidad: la referida a los símbolos y la relativa a los secesionismos catalán y vascongado. La bandera de la República, que era oficialmente la de España, se redujo a una utilización limitada en determinados edificios públicos y en actos oficiales con trascendencia mediática. Lo común eran las banderas rojas de socialistas y comunistas y las rojinegras del anarcosindicalismo. También desaparecieron casi por completo los vivas a España. En su lugar se gritaba ¡!UHP (Uníos Hijos del Pueblo), ¡Viva Rusia!, ¡Viva el comunismo libertario" y otros del mismo jaez. No muy diversa era la situación en Cataluña y Vascongadas en las que prevalecían la propias banderas sobre las revolucionarias de socialistas, comunistas y anarcosindicalistas y había desaparecido casi por completo la republicana, sólo teóricamente la nacional. Los gobiernos del Frente Popular reconocieron y ampararon las exigencias de los gobiernos catalán y vascongado. No sólo dispusieron de sus propios servicios de seguridad e incluso ejércitos específicos: el vasco de gudaris y L´Exèrcit de Catalunya. Companys no tardó mucho en asumir todas las competencias que correspondían al Estado y en proclamar la República de Cataluña, aunque no sin reacciones anarcosindicalistas que reclamaban su propio Estado libertario y que se tradujeron en situaciones pintorescas como aquellas de algunos pueblos con mayoría inmigrante que se declararon "repúblicas independientes" y colocaron a la entrada cartelones que rezaban "Se prohíbe la entrada a los catalanes". Companys, en definitiva, rompió los límites del Estatuto otorgado por la II República y se resarció con creces de la derrota de 1934. Y no conviene olvidar que el encomiado Taradellas fue en aquellas turbias circunstancias hombre de máxima confianza de Companys en materia de hacienda y de orden público. El gobierno vascongado, presidido por Aguirre, dimitió de su condición conservadora y católica para incorporarse al Frente Popular y equipararse con el de Cataluña. Prevaleció en los nacionalistas vascongados el racial mito aranista de la independencia. Obtuvo como compensación tener un ministro en el gobierno de la República Popular. Lo fue Irujo en la cartera de Justicia. Pero sus memorias ponen de manifiesto que la pretensión moderadora fue sistemáticamente desatendida. RODRÍGUEZ SIGUE LOS PASOS DE LA DERROTADA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE HE pretendido con este relato alertar sobre la identidad de fondo entre lo que entonces aconteció y las líneas maestras de la política dispersiva e inequívocamente revolucionaria de Rodríguez y sus comilitones. Su acceso al poder "por accidente" encubrió un golpe de Estado electoral similar al del Frente Popular en el 36. No ha disuelto las Fuerzas Armadas, pero las ha jibarizado y puesto a su servicio. Ha seguido pareja política de arrinconamiento de la oposición que sus predecesores de la II República. Ha convertido la Justicia en instrumento político de las veleidades de su gobierno. Ha concedido a los gobiernos separatistas casi tanto como obtuvieron en el curso de la III República, o República Popular. Sus negociaciones con los terroristas etarras equivale a la institucionalización del terrorismo implantado por las llamadas Milicias Antifascistas. Aborrece también la bandera de España, símbolo de una nación de la que dijo que "es discutida y discutible". Ha progresado hacia un federalismo o confederalismo que ansiaban los partidos del Frente Popular. Impone una amoralidad equivalente a la que vivimos en la II y III Repúblicas. Combate también a la Iglesia, aunque con métodos menos radicales y más sinuosos a los de entonces, entre ellos las concesiones crecientes a la religión musulmana. Viola la constitución de 1978 con análoga procacidad que el Frente Popular la de 1931. Su dependencia masónica no difiere de la existente en el gobierno de Giral. Y mediante la Ley de Memoria Histórica pretende ganar desde el totalitarismo la guerra que perdió el Frente Popular, simbolizado en la obsesión esquizofrénica de vengar a su abuelo. La conclusión es obvia: los amaneceres rojos han desembocado siempre y desembocan ahora en el ocaso de España