German Yanke, La ley y la memoria ejemplar

domingo 21 de octubre de 2007
La ley y la memoria ejemplar

GERMÁN YANKE
Lo de la «memoria histórica», como concepto político, tiene su enjundia porque parte, palmariamente, de una contradicción. Una cosa es la memoria, subjetiva, personal, y otra la Historia que, siendo naturalmente interpretable e incompleta -se integra paulatinamente con la investigación de los especialistas-, trata de presentarnos lo que ocurrió, no lo que recordamos o lo que recuerda el historiador. Sin embargo, aunque la polémica ley que se tramita ahora en el Congreso, no tenga finalmente ese nombre, la «memoria histórica» se ha impuesto como una referencia del debate, quizá porque, en el fondo, hay una pulsión a que nuestra memoria, la de cada cual, se convierta en algo aceptado de modo general, en una suerte de Historia incontestable.
No sólo se da este fenómeno en los que promueven la ley, o quieren ir más allá de su provisional contenido, sino también en sus adversarios. El franquismo, por ejemplo, se ha convertido en un tótem o en un tabú, lo que sin duda tiene más que ver con la memoria mistificada voluntaria o involuntariamente, que con la realidad de la Historia. Para unos, es el emblema o el progenitor de una parte de los españoles. Para otros, un tabú, una condición que no es lícito mencionar. Los primeros, instalados en una parte de la izquierda española actual, buscan la exclusión de otra parte de la derecha identificándola con la dictadura. Los segundos, instalados en una parte de la derecha, parecen considerar que ciertos principios de la dictadura siguen formando parte del acervo de sus votantes y prefieren no mentarlo.
El borrador de la ley, en este contexto, pretende sobreactuar, como si se planteara en plena vigencia del franquismo o como si, subliminalmente, se deseara presentar a una parte de los españoles de hoy como responsables de esa estrafalaria vigencia. No se puede entender de otra manera que, con una Constitución que lógicamente invalida cuanto se oponga a ella, se quiera ahora derogar formalmente bandos de la Guerra Civil, del franquismo naturalmente, y leyes represivas de la dictadura. El PP se pregunta retóricamente si los promotores de la ley entienden que esas normas están todavía vigentes pero el absurdo legal parece subrayar más bien, de modo simbólico, que hay un sector, el que representa el PP, que de algún modo las sigue sosteniendo intelectualmente.
De otro lado, el principal partido de la oposición tampoco puede pretender, como dice insistentemente, que la Transición, deificada a veces hasta el ridículo, haya borrado y terminado con todas las heridas o con todas las injusticias del pasado reciente. Es decir, como si quisiera, volviendo las contradicciones conceptuales del revés, convertir la Historia inmediata, la Constitución y las leyes de la Democracia, en la memoria única de los españoles. De esta otra pulsión, la que inclina al olvido, tampoco son ajenos todos los promotores de la ley que, en ocasiones, dan la impresión de querer ser hoy antifranquistas, más de treinta años después de la muerte del dictador, ya que no demostraron serlo mientras vivía.
Está por ver si este afán reprobatorio del franquismo que quiere alcanzar la Guerra Civil contempla la barbarie que, durante aquellos años de conflicto bélico, se cometieron en ambos bandos o sólo en el del general Franco. Pero la ley quiere rizar el rizo y convertir la anulación de juicios y de decisiones administrativas injustas y sin garantías, en declaraciones, por razones de economía, sin consecuencias jurídicas. Las posibles reclamaciones ante los tribunales revelarían, por cierto, que los descendientes de los agresores están, como los agredidos, bastante bien representados en los grupos políticos hoy en liza, demostrando que no es el franquismo, sino las convicciones políticas personales, el referente de las discrepancias políticas de hoy. Pero, al mismo tiempo, el miedo a las consecuencias muestra también la hipocresía. Por ejemplo, muchas familias y algunas entidades señeras (he vivido casos concretos personales y de entidades como la bilbaína y liberal Sociedad El Sitio) han visto que era imposible la devolución de bienes incautados durante el franquismo por la inexistencia de leyes concretas que regularan las restituciones que se establecieron para partidos políticos y sindicatos.
Si las Cortes Generales quieren reparar las injusticias del pasado deberían analizar y aceptar las consecuencias prácticas y jurídicas porque la dignidad de los agredidos no es precisamente lo que han perdido. Y si la sociedad española desea restañar las heridas que aún queden abiertas, en vez de hurgar en ellas en el ruidoso y lamentable debate político, debería profundizar en lo que Todorov llamaba memoria ejemplar. Es decir, aquella que, con un lenguaje comparativo y no beligerante, busca, a partir de los hechos, el modo mejor de comprender y afrontar el presente y de evitar los desafueros y la barbarie del pasado.