jueves, octubre 25, 2007

Fiscalia, error tras error

jueves 25 de octubre de 2007
Fiscalía, error tras error
A la vergüenza de las imágenes que reflejaron la agresión xenófoba a una menor en el metro de Barcelona se ha sumado la indignación por la falta de coordinación entre el juez y el fiscal encargados del caso, que se saldó con la inicial puesta en libertad del autor de los hechos. La explicación oficial de la ausencia del fiscal en la comparecencia que debía resolver la aplicación de medidas cautelares al agresor es que se hallaba ocupado en unos registros domiciliarios, relacionados con un caso de narcotráfico. Aun así, la agresión a un menor no puede nunca ser desatendida por la Fiscalía y no es suficiente el argumento de que el juez no especificó la gravedad del caso, porque tal constatación también es competencia del fiscal. En todo caso, y al margen de que se aclare con mayor precisión el comportamiento del fiscal, ya no sirve de gran cosa que el juzgado y la fiscalía se enzarcen en acusaciones de ida y vuelta. Un agresor peligroso y xenófobo quedó libre por un fallo de la administración de Justicia y hay que extraer las pertinentes lecciones para que no vuelva a repetirse un espisodio de descoordinación y de aparente desidia de la Justicia como la que se ha producido.
La petición de una orden de detención -que no de prisión- emitida ayer por la Fiscalía catalana al Juzgado es una mera reacción a su fallo de funcionamiento, pero no a la aparición de nuevos hechos que incriminen al autor. Además, supone la pretensión de reconducir una decisión judicial anterior sin la previa interposición del recurso previsto por la ley de Enjuiciamiento Criminal. Por otro lado, el hecho de que la iniciativa para la nueva detención del agresor fuera anunciada por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo -dos días después de que el presidente del Gobierno proclamara la autonomía que los fiscales han ganado gracias a la reciente reforma de su Estatuto Orgánico-, es un pésimo indicio acerca de cuáles han sido motivaciones reales de esta decisión del Ministerio Fiscal. Probablemente tengan que ver, no sólo con la indignación de la opinión pública, sino también con la petición del Partido Popular de que tanto el Fiscal General del Estado como el ministro de Justicia comparezcan en el Congreso de los Diputados para explicar lo sucedido. La detención de un ciudadano, por muy execrable que sea, no debe emplearse para eludir responsabilidades políticas o de otra naturaleza. Mejor habría sido que la Fiscalía se hubiera propuesto acelerar los trámites procesales para que se pueda celebrar cuanto antes el juicio oral, pues pruebas no faltan -además del vídeo, tan discutible en unas ocasiones como útil ahora, está la propia confesión del agresor- y sería una manera adecuada de amparar debidamente a la víctima y reparar en lo posible el daño sufrido por la imagen de la justicia ante la opinión pública.

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