El zoco de los presupuestos

jueves 25 de octubre de 2007
El zoco de los presupuestos
EL último año de legislatura es siempre un mal trago para cualquier ministro de Economía. Sus llamadas a la moderación suelen caer en saco roto y las presiones de gasto se disparan por doquier. Pero este año se han batido todos los récords porque se ha abierto la caja de las presiones autonómicas con los nuevos estatutos y porque las necesidades de imagen de Zapatero tras el fracaso de su estrategia de diálogo han disparado el gasto populista e hipotecado el futuro en un contexto internacional que se ha torcido considerablemente desde la presentación del proyecto de Presupuestos Generales. Aun así, el Gobierno se ha quedado prácticamente solo y ha tenido que recurrir a los tránsfugas para aprobarlo. Los presupuestos 2008 han nacido viciados por unos compromisos previos de reparto territorial del gasto que nada tienen que ver con las necesidades reales de la economía ni con los objetivos de eficiencia y solidaridad. Unos compromisos imposibles de cuadrar, un «sudoku contable» que ha llevado a profundos agravios comparativos y enrarecido el clima territorial. Llevado de esta imposibilidad metafísica, el Gobierno ha incumplido flagrantemente su promesa de transparencia al dificultar toda comparación intertemporal y entre comunidades, variando metodologías de cálculo y obviando instrumentos necesarios de análisis. El Ejecutivo, que modificó la Ley de Estabilidad fiscal para adaptarla al ciclo económico, ha hurtado de la presentación de los presupuestos una estimación oficial del saldo estructural y de la posición cíclica de la economía española, absolutamente necesarios para evaluar si estos son los presupuestos que España necesita en la actual coyuntura.
Aunque da igual, porque las cuentas públicas parten de unos supuestos macroeconómicos excesivamente optimistas -la Champions del presidente-, que nada tenían que ver ya con la realidad apuntada en España antes del verano y que, tras la crisis mundial de liquidez y confianza, son simplemente increíbles. Tanto, que ni el vicepresidente económico, Pedro Solbes -quien en un gesto personal y político que le honra se mantuvo ayer en la tribuna del Congreso incluso cuando conoció la noticia de la muerte de su hermano- defendió su propia previsión de crecimiento del 3,3 por ciento y prefirió insistir en los márgenes de seguridad del presupuesto. Pero siete décimas menos de crecimiento suponen por sí mismas que el superávit anunciado del 1,15 por ciento del PIB para el conjunto de las Administraciones Públicas pueda reducirse al 0,6, y que la Administración central vuelva a pérdidas. La razón es sencilla, las cuentas públicas anticipan un incremento de los ingresos no financieros del 14 por ciento respecto al ejercicio anterior, a pesar de la evidente desaceleración de la recaudación fiscal, sobre la que existen más que indicios racionales y que se agravará al moderarse considerablemente el consumo privado y extenderse el parón inmobiliario. Pero los gastos crecerán al ritmo previsto, que es el 6,7 por ciento estimado alegremente para la economía porque se han convertido en automáticos como consecuencia de los regalos electorales que se han incluido por adelantado. No hay, pues, tal margen de maniobra. Un menor crecimiento se traducirá en menor superávit y hará poco probable una nueva bajada de impuestos, tal y como sería necesario para mantener la competitividad de la economía española.
Los presupuestos optan por una política económica discrecional y clientelar que permita seguir aumentado la autoridad política de su presidente y las relaciones de dependencia entre la sociedad civil y el Estado. No es una afirmación ideológica, es una constatación empírica. Valga el ejemplo del gasto en innovación y desarrollo, una de las prioridades públicas. En vez de optar por una política transversal que reduzca la carga impositiva de las empresas o que grave sólo la renta gastada, se perpetúa el modelo de desgravaciones condicionadas y aumentos de las actividades subsidiadas. Quedan lejos aquellos tiempos en que desde la Oficina Económica de Moncloa se defendía la simplificación y neutralidad tributaria. Pero las obligaciones electorales tienen sus esclavitudes. Para este viaje, tal vez habría sido mejor conformarse con la prórroga automática de los presupuestos.

http://www.abc.es/20071025/opinion-editorial/zoco-presupuestos_200710250245.html