El Estatuto que lo complica todo

martes 16 de octubre de 2007
El Estatuto que lo complica todo
LA reclamación de una selección «nacional», la promoción exterior de una cultura mutilada -Feria de Fráncfort- y, ahora, la ficticia invitación a la Bienal de Venecia como «nación sin Estado» -en palabras de Carod-Rovira- son los síntomas de un problema que amenaza con seguir resquebrajando la inserción de Cataluña en España. Lo temible no es que España se rompa, porque la Constitución no lo permite y los separatistas saben bien que con la independencia perderían nivel de vida. Lo que realmente preocupa es que el Estado español, como organización política de la nación, acabe siendo una realidad demediada por una soberanía ejercida de facto por la Generalidad catalana. El Gobierno desprecia a todo aquel que muestra su preocupación por la evolución de un Estado que hasta ahora era autonómico, caricaturizando con brocha gorda los legítimos reparos a la implosión del sistema institucional. Que España no se rompa no significa que no pueda sufrir otros males, que pueden no quebrarla, pero tampoco la dejarían vivir como merece. La corta experiencia de la Cataluña neoestatutaria lo demuestra con creces, porque a esos hechos, que podrían pasar por anecdóticos -la selección catalana, la depuración de la cultura catalana en castellano y las ínfulas estatistas de Carod-Rovira-, se le suma la institucionalización de una relación bilateral y en régimen de igualdad entre el Estado y la Generalidad. El nuevo estatuto catalán ha convertido en sistema político lo que hasta hace poco no eran más que ensoñaciones soberanistas, forzando una esquizofrenia constitucional, pues lo que establece la norma estatutaria no es lo que prevé la Constitución. En efecto, el Estado español está inmerso en un proceso confederal desde el momento en que una de sus leyes -el estatuto- reconoce la existencia de una segunda nación en España y la dota de un sistema de gobierno que pasa de la autonomía a la cosoberanía. Por eso, el rumbo tomado por el Gobierno tripartito catalán, con el visto bueno del central, está impregnado de una clara apariencia de inconstitucionalidad, pero al mismo tiempo cuenta con el asidero de un estatuto en la lista de espera del Tribunal Constitucional, peligrosamente empantanado en sus lances internos y sin visos de retomar con la urgencia debida su responsabilidad de juzgar la constitucionalidad de las leyes, que es lo que ha de hacer.
Mientras tanto, el compromiso del Gobierno por sus pactos con ERC y la coautoría de Rodríguez Zapatero con el estatuto catalán impiden que el Estado ejerza una defensa activa de su propia integridad. El nuevo estatuto de Cataluña, antes que la solución de estos desplantes del tripartito hacia España, va a ser un acicate para agravarlos y extenderlos. Las «soluciones» de Zapatero a la tensión territorial eran, desde el principio, más problemas para la estabilidad del modelo autonómico, con el agravante de que hacían más vulnerable al Estado. Los nacionalistas catalanes, incluido el PSC, no hacen lo que quieren, sino lo que les permiten el PSOE y un estatuto bajo sospecha de inconstitucionalidad.