Daniel Martin, Otra ley a la papelera

viernes 5 de octubre de 2007
Otra ley a la papelera Daniel Martín

Asombroso. A pesar de los tres años y medio del desgobierno protagonizado por José Luis Rodríguez Zapatero y su equipo de malabaristas mancos, las encuestas muestran un empate técnico entre los dos únicos candidatos al título monclovita. Campeonato que, significativamente, se decide en unas elecciones legislativas. Más que de monarquía o república, deberíamos hablar de la necesidad de separar el legislativo del, ahora, omnipresente poder ejecutivo.
En España los acontecimientos políticos no tienen conexión con la intención de voto. En treinta años de democracia hemos conseguido una total desvinculación entre la sociedad y la responsabilidad ciudadana. Sin embargo, en este país todo el mundo defiende sus derechos, ciertos o inexistentes, y pide el castigo al que le viene en gana.
Ayer escuché, en la radio y en pésimo castellano, a una dirigente de la ONG Stop Accidentes defendiendo la nueva reforma del Código Penal que convierte en delitos las antiguas faltas de conducir ebrio o demasiado rápido. Argumentaba que era necesario acabar con las víctimas inocentes de los accidentes de tráfico. Como con todo, la mejor manera de hacer las cosas en España es perseguir un poquito más al ciudadano normal, a aquel que tiene suficiente con existir y que apenas se queja de nada.
La reforma del Congreso puede ser más o menos pertinente. Es cuestión de opiniones. Personalmente, creo que es excesiva la presión penal sobre el ciudadano. Sobre todo cuando la presión administrativa podría ser mayor y, sobre todo, más eficaz. Lo ridículo es pensar que una ley va a acabar con las muertes en carretera. En España leyes hay a montones. Que tengan eficacia, muy pocas.
Según numerosas estadísticas, España es el país de la UE donde más está creciendo el crimen organizado. Albaneses, rumanos, rusos, colombianos, mexicanos, etc., encuentran un paraíso terrenal en esta España descontrolada. Los Cuerpos de Seguridad del Estado hacen lo que pueden con unos medios escasos y una justicia lenta e insegura y lo que le permiten sus derechos laborales que, como casi siempre, son absurdos en su exceso gracias a la labor sindical que, aquí y siempre, suele consistir en perjudicar de forma sistemática al producto o servicio que se fabrica o presta. El contratador es siempre un mal que aniquilar.
Por eso resulta curioso que, a partir de convertir en delito una imprudencia de acto sin necesario daño material o personal, se piense que se va a acabar con los accidentes. Si el carnet por puntos se estrelló contra la burocracia y la lentitud en la pérdida de licencias, esta nueva medida se topará con el sistema garantista de nuestra jurisdicción penal que hace de cada proceso una eterna sucesión de autos, vistas y despropósitos.
Aún peor fue la sañuda actitud que reflejó la activista antiaccidentes —desde luego, este siglo XXI es asombroso en sus obviedades—. Su manera de hablar, en consonancia con el espíritu de nuestro tiempo, demostró un claro desprecio por la libertad individual. En las palabras de esta señora había un completo desprecio por los derechos del conductor. Para ella, seguramente, con el que conduce a 200 km/h por una autopista hay que ser más tajante que con el que roba, tima o defrauda impuestos. De hecho, la nueva reforma penal castiga el hecho de ponerse al volante con muchas copas de más aunque se vaya a 20 por hora. La objetivización de la culpa, aunque en este caso concreto pueda parecer pertinente, es un camino peligroso. Pronto podría ser delito conducir fumándose un pitillo o escuchando a todo volumen el Highway to hell.
De todas maneras, no hay por qué preocuparse. El constante acoso legislativo al ciudadano de la actual legislatura ha resultado completamente ineficaz gracias a la incapacidad del propio Gobierno para ejecutar sus mostrencas e innecesarias reformas. Y como el ciudadano tampoco es que tenga demasiado sentido cívico ni legal, no parece que vayan a cambiar los modos y costumbres del paisanaje.
Ahora la pregunta es saber a qué va a dedicar el Ministerio del Interior más personal y esfuerzos: si al conductor imprudente o al mafioso violento. Nunca se sabe en esta España nuestra donde el detalle es esencial y lo sustancial es sistemáticamente ignorado. Esta ley tampoco servirá para nada porque el sistema no sabrá ni podrá aplicarla. Eso si no resulta inconstitucional. En cualquier caso, la gente continuará conduciendo como loca e ignorando un ordenamiento confuso y claustrofóbico en completa contradicción con unas leyes procesales garantistas y lentas. La cuestión es, únicamente, de educación ciudadana. Materia que no se aprende con una asignatura pero que sí queda reflejada en esas inamovibles encuestas que siguen pronosticando una posible victoria de un absurdo insostenible. Spain, realmente, is different.
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