lunes, octubre 01, 2007

Carlos Luis Rodriguez, El otro peaje

martes 2 de octubre de 2007
CARLOS LUIS RODRÍGUEZ
a bordo
El otro peaje
Se sigue discutiendo todavía si lo que en plan fino se llamó ius primae noctis, y de forma más basta derecho de pernada, era propiamente un derecho o una costumbre. Muchos expertos se inclinan por lo segundo. Al parecer, los vasallos entregaban la doncella a su señor correspondiente porque así se había hecho desde siempre.
Todo el mundo lo hacía, y además no existía en aquellos tiempos una autoridad superior a la que apelar. Según parece, la fórmula fue evolucionando hacia una compensación económica, tal vez debido a que la avanzada edad del feudal lo obligaba a evitar los excesos. El caso es que la pernada desaparece, o más bien se transforma en otro tipo de servidumbres.
Por ejemplo, la que estaban obligados a abonar bajo mano los compradores de esas viviendas paradójicamente llamadas protegidas. ¿Protegidas de quién? La estafa que se está destapando evidencia la desprotección que sufrió la gente ante el abuso de un feudalismo constructor que se lucra con una pernada económica.
Hay dos cosas que llaman la atención en el asunto: la osadía de los estafadores y el silencio temeroso de los estafados. Es como si unos y otros estuvieran convencidos de que la Administración era, en el mejor de los casos inútil, y en el peor, consentidora. No hay otra forma de explicar la audacia de quienes piden el sobreprecio como si fuera algo natural, y lo cobran sin cortarse un pelo en oficinas y locales públicos. No hay otra forma de entender que hubiera gallegos que aceptasen ser tratados igual que aquellos de sus antepasados sometidos a la relación de vasallaje con el señor.
Hablamos de un peaje, pero un peaje contra el que no peleaba ninguna Plataforma, ni suscitaba manifestaciones ante el Parlamento. Curiosamente, mientras se luchaba contra la tasa que había que abonar en Rande o A Barcala para usar la autopista, se aceptaba otra mucho más cuantiosa para adquirir el piso. O sea, que bajo la apariencia de una Galicia autogobernada, había otra sumergida de tipo feudal.
No es difícil imaginar qué pasaba por la cabeza de esos gallegos desprotegidos que pagaron el tributo. Seguramente suponían que algunos intermediarios, promotores y políticos formaban una red contra la que no se podía luchar. La aparición en escena del popular Telmo Martín, un caso de mestizaje entre política y construcción, indica que no les faltaba razón.
En definitiva, el comprador que acudía con la pasta al lugar de encuentro tenía la misma resignación que el vasallo que entregaba a la doncella. No había entonces ni ahora un derecho escrito que estipulara el pago, pero bastaba con la costumbre. Siempre se había hecho así. No había precedentes de una Administración que hubiese intervenido para vigilar el proceso, proteger al ciudadano, defender a las víctimas.
La conselleira de Vivenda se está enfrentando a algo más profundo que una simple extorsión a cuenta de las viviendas de promoción pública. Eso se puede cuantificar, pero hay algo menos cuantificable que es esa desconfianza hacia la Administración, ese escepticismo de la gente, la convicción profunda, quién sabe si heredada del feudalismo, de que poco se puede hacer.
No le quepa duda a Teresa Táboas de que cuando deje esto, las viviendas que haya hecho, los alquileres que facilitara o los planes ejecutados, serán un tema menor si logra que esos gallegos sumidos en el feudalismo mental se sientan ciudadanos libres de cualquier nuevo vasallaje.

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