Mariano Aguirre, La legalizacion de la tortura

miercoles 4 de abril de 2007
La legalización de la tortura
MARIANO AGUIRRE/DIRECTOR DEL ÁREA DE PAZ, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES Y EL DIÁLOGO EXTERIOR (FRIDE)

El Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de rechazar que los alrededor de 400 detenidos en la prisión de Guantánamo (Cuba) tengan derecho a ser juzgados por la justicia ordinaria. De este modo permanecerán sin derecho al 'habeas corpus', sometidos a juicios sumarios, posiblemente a coacciones físicas y sin estar acusados formalmente de ninguna causa. La medida del Tribunal supone una victoria para el Gobierno de George W. Bush y para los que propugnan que la tortura y los juicios sumarios son necesarios en la guerra contra el terrorismo. A partir de 2001, el Pentágono y varias agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos pusieron en marcha un plan para obtener información rápida de detenidos en Afganistán. La Oficina de Asistencia Legal que opera en el Departamento de Justicia elaboró una serie de memorandos flexibilizando el uso de la coacción física sobre los detenidos, poniendo en cuestión la Convención de Ginebra que protege a los prisioneros de guerra y proponiendo que el presidente de Estados Unidos pudiese aprobar el uso de la tortura sin someterse a controles del Congreso ni a acuerdos internacionales durante la 'guerra contra el terrorismo'. El equipo legal proveyó argumentos para legitimar la tortura al indicar que el terrorismo islamista no tiene una base estatal y que por lo tanto sus combatientes no estarían protegidos por acuerdos internacionales. Estas ideas continúan siendo difundidas por el presidente Bush y su Administración, al igual que por académicos y comentaristas. El resultado es grave para la protección de los derechos humanos en el sistema internacional, especialmente porque Estados Unidos está oficialmente legitimando su violación. La sentencia del Tribunal Supremo confirma esta alarmante tendencia. Entre 2001 y 2006 ha habido numerosos testimonios, informes oficiales y no oficiales y pronunciamientos jurídicos sobre la práctica de la tortura en Guantánamo, Abu Ghraib, Bagran (Afganistán) y otras prisiones. Igualmente sobre el hecho de mantener presas a personas sin ninguna acusación y trasladarlas ilegalmente hacia países (como Siria o Egipto, pasando por países europeos, entre otros España) en los que fuesen torturadas sin las restricciones legales que rigen en Estados Unidos. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) preparó un informe confidencial en 2004 en el que indicó que las formas de tortura se volvieron más sofisticadas y «más refinadas y represivas» desde 2002. En Guantánamo se aplicaba un «sistema de trato cruel, degradante e inusual y una forma de tortura».Cuando la guerra en Irak empezó a complicarse a partir de 2004, el Gobierno de Estados Unidos ordenó que sus fuerzas y las empresas privadas de seguridad subcontratadas utilizaran formas más contundentes para obtener información. Se aplicaron métodos coercitivos que ya se usaban en Guantánamo. Hubo movimientos de mandos entre Camp Delta (Guantánamo) y Abu Ghraib, y se adoptaron dos líneas de acción: los prisioneros serían considerados 'combatientes ilegales' que no podrían ser beneficiarios de la Convención de Ginebra, y se usarían métodos de interrogatorio más duros, incluyendo la humillación sexual. Las fotos desveladas en noviembre de 2004 mostraron esta realidad. El uso de la tortura ha sido cuestionado por organizaciones de juristas, periodistas, algunos jueces y, tardíamente, por algunos congresistas. El Gobierno ha perdido varias batallas, pero en febrero pasado la Corte Federal de Apelación del Distrito de Columbia falló a favor de la tesis gubernamental indicando que los detenidos en Guantánamo no tienen el derecho a ser juzgados en cortes normales estadounidenses y que implícitamente no tienen derecho al 'habeas corpus'. El argumento principal es que los prisioneros se encuentran fuera del territorio de EE UU. La juez Judith Rogers estuvo en desacuerdo y señaló que la Constitución establece que se puede limitar el 'habeas corpus' sólo en casos de rebelión o invasión. El paso siguiente ha sido la sentencia del Tribunal Supremo del 2 de abril. Los congresistas demócratas podrán continuar la lucha legal y anular la legalidad de las comisiones especiales militares que juzgan a los prisioneros en Guantánamo, pero llevará bastante tiempo.No se sabe con exactitud cuántas prisiones secretas gestionan la CIA y otras agencias de Estados Unidos, pero algunos análisis indican que pueden ser (o han sido hasta el año pasado) alrededor de 50 distribuidas entre Egipto, Jordania, Irak, Afganistán, Pakistán, Libia, Marruecos, la isla de Diego García, Armenia, Georgia y Bulgaria, entre otros. La cifra de detenidos sin juicio es también desconocida, pero Amnistía Internacional consideró en 2006 que alrededor de 14.000 personas se hallan en el limbo legal, la mayor parte de ellas en Irak. A esto se suma que desde 2001 se han registrado decenas de casos de errores que han llevado a la detención, y tortura, de personas inocentes. Human Rights Watch afirma que en 2006 todavía hubo detenidos ilegalmente por EE UU y trasladados desde Pakistán a países de Oriente Medio y Rusia. Jennifer Daskal, de esta organización no gubernamental, dice: «Sabemos que hay detenidos en Guantánamo que han sido capturados en 14 países del mundo, y en muchos casos vendidos a Estados Unidos por cazadores de recompensas».El clima que existe en Estados Unidos contra las políticas represivas del Gobierno lo muestra 'The New York Times', que en su página editorial pidió en marzo pasado al Congreso que «acabe con el ataque contra las libertades». Entre las medidas que solicitó a los congresistas se encuentran: restaurar el 'habeas corpus', detener el espionaje ilegales sobre los ciudadanos, cerrar las prisiones de la CIA (empezando por Guantánamo), prohibir las entregas y transferencias de prisioneros a otros países, definir con precisión qué es 'un combatiente' para que ese concepto no pueda ser utilizado de forma arbitraria, registrar legalmente a los prisioneros de Afganistán y otras partes, abandonar los irregulares «tribunales de revisiones de la situación de combatientes», presionar al poder ejecutivo para que cese de clasificar y prohibir el acceso público a documentos oficiales (el Gobierno clasificó 15,6 millones de documentos en 2005). Una característica del Estado de Derecho es que su legitimidad depende de la no violación de sus reglas y la preservación de los procedimientos. En el momento en que un grupos de personas son detenidas sin acusación y torturadas, el Estado cede su legitimidad a ideologías que no respetan los valores ni los derechos humanos.