Fraude y ley

miercoles 4 de abril de 2007
Fraude y ley

Las demandas interpuestas por la Fiscalía y el Abogado del Estado contra la legalización de Abertzale Sozialisten Batasuna detallan de una manera tan evidente los indicios de sucesión o continuidad con otras formaciones ya ilegalizadas que confirman que la izquierda abertzale ha recurrido a tan burda tentativa con el único objetivo de medir la respuesta del Estado de Derecho. Las instituciones no se habían tenido que enfrentar hasta la fecha a un desafío semejante, porque las causas de proscripción habían afectado bien a partidos ya constituidos, bien a plataformas electorales. La izquierda abertzale ha optado por ensayar una fórmula inédita, a sabiendas de la imposibilidad de que pueda prosperar legalmente una nueva formación que guarda tan manifiestas similitudes con Batasuna en sus siglas, su estructura y sus promotores. Resulta un sarcasmo inaceptable que Otegi y sus compañeros conviertan lo que tiene todas las trazas de ser un tosco señuelo en motivo de agravio victimista. La posibilidad cierta de que el Supremo impida el registro de ASB no significa, sin embargo, que la izquierda abertzale renuncie a explorar los eventuales resquicios de la Ley de Partidos y a forzar sus márgenes. De hecho, ayer mismo anunció su intención de recurrir a las agrupaciones electorales. La celebración del acto del BEC certifica hasta qué punto Batasuna puede jugar con la interpretación más flexible de la ley, las contradicciones del sistema judicial o la ambigüedad política para dar la impresión de que mantiene la iniciativa no sólo a pesar de su ilegalización, sino incluso ciñéndose a los requerimientos legales que se le plantean. Por ello, es responsabilidad del Gobierno y de los tribunales extremar su actitud vigilante para garantizar la limpieza del proceso electoral, evitando la posible presentación de candidaturas que escondan un propósito fraudulento bajo una apariencia más o menos inmaculada de legalidad. Que las dos demandas formalizadas ayer consideren insuficiente la genérica apuesta por las vías políticas del nuevo partido y exijan un rechazo de la violencia equiparable al efectuado por Aralar no hace más que afirmar los límites de esa legalidad.Batasuna ya no puede escudarse en una fórmula tan poco comprometida que no es asumida como válida ni siquiera por el sector del nacionalismo que, oponiéndose a la Ley de Partidos, está defraudado por la contumacia etarra. Y tampoco puede soslayar su responsabilidad aferrándose a la magia de la palabra 'proceso', con la que pretende ocultar ante sus bases la imposibilidad de quebrar el Estado de Derecho y de imponerse sobre la abrumadora mayoría de la sociedad. Por lo demás, la verificación de que ETA estaba dispuesta a volver a atentar incide en la histórica desconsideración de la banda hacia la suerte electoral de su brazo político. Su subordinación al dictado de los terroristas condena a Batasuna a la irrelevancia o a la complicidad activa en la perpetuación de la violencia.