Jose Melendez, Ley y orden

lunes 9 de abril de 2007
Ley y orden
José Meléndez
L A ley y el orden son los dos grandes pilares que sustentan toda la arquitectura social que hace posible la convivencia y el desarrollo de la sociedad en que vivimos y la protegen de los desmanes de los delincuentes y desaprensivos.. Por eso, desde que la vida ciudadana dejó de ser un peligroso ejercicio de supervivencia y los hombres prescindieron de solventar sus querellas a garrotazos –aunque esta costumbre aún persista como un atavismo indeseable de la herencia cainita- los representantes de la ley y del orden han gozado siempre de una aureola de respeto y del recóndito afecto de los que desean vivir en paz. La generación a que pertenezco, que ya ha comenzado el lento e imparable camino hacia la desaparición por esa otra ley suprema e inquebrantable que es la ley de vida y su ineludible limitación, creció y se educó en el respeto a los encargados de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico, imprescindibles guardianes con el sagrado deber de evitar que la convivencia se vea arrollada por la acometida feroz de esa otra ley, carnicera y primitiva, que es la ley de la selva. La figura del juez ha emanado siempre una aureola de respeto, incluso de infalibilidad, que era la base de la tranquilidad ciudadana. A nadie se le ocurría discutir una sentencia judicial porque se sabía que para su dictado había tenido antes que desarrollarse un juicio en el que los fiscales, los abogados y los jueces habían examinado al detalle todos los pormenores del delito y la causa había seguido un rumbo a través de la legislación, observando los derechos y deberes de ofensores y ofendidos, hasta llegar a su punto final. El respeto por estos hombres, que habían dedicado su vida a salvaguardar los derechos de sus conciudadanos, traspasaba el momento en que se cubrían con la toga y llegaba al ámbito, mas concreto y entrañable, de su vida privada. Yo tuve un tío que se jubiló de magistrado del Tribunal Supremo por los años sesenta y todavía recuerdo su figura venerable, su pausado carácter y su afable disposición a escuchar cualquier incidencia en la familia y dar un consejo que todos acatábamos porque sabíamos que era fruto de una honda reflexión sobre el problema. Sin embargo, desde hace unos años las cosas han cambiado. La política ha entrado de lleno en las instituciones del ordenamiento jurídico, tratando de controlarlas y el resultado muestra ante nuestros ojos, casi a diario, sus efectos devastadores. El afán de los políticos por controlar la judicatura es viejo, pero ahora parece tener un terreno abonado en la ola de relativismo que se cierne sobre el mundo y que amenaza valores y principios que siempre se han tenido por inmutables. De unos años a esta parte, no hay sentencia judicial que no sea criticada ni juez o fiscal que, al ser mencionado en los medios de comunicación, no se le cuelgue la etiqueta de “conservador” o “progresista”, como si se tratase de un precario título o un indeseable entorchado en su carrera. Cuando los juicios presentan un matiz político –y estos son los que llegan al público con mayor profusión- se ven envueltos de inmediato en el eco de los juicios paralelos en prensa y televisión, informando de su desarrollo según los intereses particulares de cada medio. De esta ceremonia de la confusión tenemos actualmente una prueba evidente en el juicio que se sigue por la tragedia terrorista del 11M, el mayor que se ha producido en la historia procesal española. Aunque parezca absurdo, sobre el 11M se están desarrollando tres juicios distintos: el oficial, que se está celebrando en el recinto de la Casa de Campo y otros dos en sendos diarios enfrentados por intereses -quiero pensar que empresariales, porque ambos pertenecen al mismo ámbito ideológico- en los que se analizan las pruebas que van surgiendo de una forma completamente dispar. Hace ya muchos años que Alfonso Guerra enterró a Montesquieu y su separación de poderes, pero estoy seguro de que cuando pronunció la famosa frase no podía prever que sus sucesores correligionarios iban a llevar la cuestión tan a rajatabla. Tenemos un ministro de Justicia que desde su nombramiento ha anunciado sus intenciones de cambiar los órganos que rigen el desarrollo de la judicatura para “hacerlos mas legítimos”, entendiéndose por legitimidad la subordinación al gobierno. Por lo menos ha sido honesto al exponerlo, porque el Fiscal General del Estado lleva tiempo haciendo eso con los fiscales que le son afectos y defenestrando a los que no son sin dejar de invocar su independencia. Y esto no es bueno para la convivencia ciudadana. La Justicia no puede perder bajo ningún concepto su condición de árbitro y defensora de las libertades civiles. No es bueno que haya un juez que declare ilegal a Batasuna y su entorno, refrendado por la sentencia del Supremo y después la permita infringir la ley constantemente, culminando en el bochornoso acto que el sábado 31 llevó a cabo en Baracaldo para presentar el órdago de su presencia en las próximas elecciones municipales y autonómicas. No es bueno que un fiscal pida una severa pena de cárcel para Arnaldo Otegui y después retire la acusación obligando al tribunal a absolverle. No es bueno que el gobierno haya podido excarcelar a De Juana Chaos porque el fiscal rebajó la pena de noventa años de cárcel que pidió en un principio a seis para que pudiera acogerse a los beneficios de reducción de pena. No es bueno que se busquen recovecos jurídicos para inyectar de “progresistas” los órganos decisorios como el Tribunal Constitucional y la Sala 61 de la Audiencia, encargados de dictaminar sobre dos puntos vitales en la política de José Luis Rodríguez Zapatero como son la posible inconstitucionalidad del Estatuto catalán y la aplicación de la Ley de Partidos Políticos. Cuando la Justicia presenta estas alarmantes grietas, su misión de salvaguarda puede venirse abajo con la consiguiente pérdida de confianza de la gente, que puede sentirse desamparada. Esa desconfianza todavía no ha llegado a la otra institución básica para la defensa ciudadana como son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en los que la Guardia Civil tiene un papel relevante, como lo ha tenido desde su fundación. La estampa caminera y lorquiana de la pareja de la Guardia Civil recortando la silueta de su tricornio, su capote y su mosquetón en el horizonte, subida en los promontorios que lindaban las carreteras producía una sensación reconfortante a los conductores que las transitaban. Saludaban a la pareja y esta les contestaba en una silenciosa simbiosis de tranquilidad y afecto. Eso también ha desaparecido y ahora los automovilistas escudriñan las cunetas, temerosos de que les surja en alguna curva la amenaza de la multa y la pérdida de puntos. Pero la actuación de las Fuerzas de Seguridad sigue indesmayable en la persecución del delito, aunque hayan salido a la luz pública algunas dudosas actuaciones policiales y se haya dado recientemente el caso de que ante un Juzgado de instrucción donde está encausado el lendakari Ibarreche, un energúmeno militante del PNV haya dejado de una tremenda coz a un miembro del Foro de Ermua en el límite de la jubilación forzosa en su función procreadora frente a las mismas narices de unos policías autonómicos vascos que ni siquiera pidieron la documentación al agresor. Son síntomas que, sin llegar a la gravedad y trascendencia de los que presenta la judicatura, son dignos de tenerse en cuenta y tanto unos como otros han de ser corregidos si queremos vivir en paz y democracia, la auténtica, no la otra que invocan constantemente los que no creen en ella y tienen el verdadero propósito de destruirla.