Derecho de la Iglesia

jueves 5 de abril de 2007
Derecho de la Iglesia
ES toda una paradoja que los mismos sectores de la opinión pública que siempre mandan callar a la Iglesia Católica cuando ejerce su labor pastoral con los fieles acerca de la educación, el matrimonio o el aborto se permitan la licencia de criticar y juzgar las decisiones de la jerarquía eclesiástica sobre la integridad de la liturgia o la actividad de sus parroquias. Nada dijeron estos implacables censores de la Iglesia cuando el Papa Benedicto XVI ordenó al Movimiento Neocatecumenal que ajustara sus celebraciones a la ortodoxia del rito eucarístico, pues el llamamiento papal afectaba a una corriente católica tildada de «conservadora». Sin embargo, cuando la jerarquía ha aplicado este principio a los sacerdotes de la parroquia madrileña de San Carlos Borromeo, la ocasión ha sido aprovechada para lanzar ataques desproporcionados e injustos contra la Iglesia Católica. La labor social que se ha desarrollado en los últimos años en esa parroquia es de dominio público y nadie la ha cuestionado. Son miles los inmigrantes, ex presidiarios, toxicómanos y marginados que han encontrado en San Carlos Borromeo el apoyo que no hallaban en otros ámbitos, y así seguirá siendo en el futuro, porque la decisión de la Archidiócesis de Madrid se refiere a la prohibición de una actividad litúrgica que contravenía las normas más esenciales del rito eucarístico, sobre el que, además, se ha pronunciado recientemente el Papa Benedicto XVI en la exhortación «Sacramentum caritatis». Los sacerdotes que trabajan en la parroquia clausurada han lanzado un mensaje que resulta, como mínimo, engañoso, al justificar las flagrantes desviaciones de la liturgia -consagrar rosquillas, no utilizar la vestimenta propia de la misa, absoluciones colectivas- como una forma imprescindible de entenderse con el entorno social en el que trabajan. Este argumento no es aceptable en los términos absolutos con los que se plantea, porque la actividad diaria de miles de sacerdotes, religiosos y misioneros en las partes más inhóspitas del planeta, dedicados a los más pobres, enfermos y marginados que quepa imaginar, demuestra que es posible para la Iglesia transmitir su mensaje de fe y esperanza sin tergiversar ni desnaturalizar la liturgia del sacramento de la eucaristía.
Es más, esos ritos atípicos empleados en la parroquia madrileña hacían incomprensible para sus fieles el lenguaje universal de la Iglesia Católica, cuyo rigor al establecer criterios comunes en aspectos básicos de la liturgia no responde a una obsesión formalista, sino a la vocación integradora de la fe y al derecho de todo católico a recibir los sacramentos en las mismas condiciones, cualquiera que sea el lugar donde se halle. Es, sin duda, un triste episodio para los católicos que una parroquia sea cerrada, pero la Iglesia tiene derecho a velar por su liturgia, y los sacerdotes el deber de ajustarse a unas normas que eran anteriores a su ordenación y que, de ninguna forma, pueden estar a disposición de cada párroco. Y, sobre todo, estos sacerdotes, que han de considerar el daño que pueden causar a la Iglesia, harían bien en no confundir a sus fieles -ni manipular a la opinión pública- contraponiendo su labor social al respeto a las formas sacramentales.