ZpM depende ahora de un Tribunal Constitucional "rebelde"

Zapatero depende ahora de un Tribunal Constitucional "rebelde"
Elsemanaldigital.com
6 de febrero de 2007. El Tribunal Constitucional (TC) aceptó ayer la recusación de Pablo Pérez Tremps en el recurso sobre el Estatut catalán. El magistrado había elaborado para la Generalitat catalana un informe jurídico, por el que percibió seis mil euros como honorarios profesionales, precisamente sobre materias de discutida constitucionalidad en el Estatut. Una mayoría de los magistrados del TC ha considerado que Tremps no está en posición de ejercer correctamente su tarea en este caso, aunque la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, sí participará en las deliberaciones sobre la nueva norma autonómica, aunque su marido colaboró en el mismo informe que ha llevado a la recusación de Tremps.La decisión tiene un marcado carácter político. A pesar de que los magistrados ejercen como juristas, son designados para sus puestos por distintos mecanismos políticos, de manera que tienden a dividirse en un grupo "conservador" y otro "progresista". Estas dos tendencias están equilibradas en el Alto Tribunal, de manera que las decisiones sobre las cuestiones políticas dependen muy a menudo de un solo voto. Para un PSOE que tiene como buque insignia de esta legislatura el Estatut catalán, y que en torno a él ha construido tanto sus alianzas parlamentarias en Madrid como su modelo de Estado y hasta su proyecto de paz en el País Vasco, la ausencia de Pérez Tremps en las deliberaciones puede suponer que varios de los artículos que el Partido Popular considera inconstitucionales sean declarados como tales.Para José Luis Rodríguez Zapatero, en unos meses en los que toda su tarea se va a centrar en la preparación de las elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo, la decisión de ayer es grave. Una sentencia desfavorable sobre el Estatut puede marcar la campaña de modo negativo para el PSOE y favorable para las candidaturas avaladas por Mariano Rajoy.Sin embargo, el problema del Estatut catalán en sí mismo no quedará definitivamente cerrado sea cual sea el signo final de la sentencia. La delimitación de las competencias de las distintas Administraciones en la Constitución de 1978 se presta a múltiples interpretaciones, y esa ambigüedad está en la raíz de los problemas que dirime ahora el Tribunal. Por buena e imparcial que sea la voluntad de los magistrados que dicten sentencia la solución definitiva tendrá que venir de una decisión política, que sólo podrá darse cuando Gobierno y Oposición, es decir, PSOE y PP en cualquier caso, lleguen a un gran pacto nacional al respecto. Pero Zapatero no está ahora en eso, y se teme lo peor a la luz de la decisión de ayer.