Vuelos indmisibles

viernes 2 de febrero de 2007
Vuelos inadmisibles

La orden de detención dictada en Alemania contra trece presuntos miembros de los servicios de inteligencia estadounidenses, supuestamente implicados en el secuestro de un ciudadano de origen libanés, y la petición de la Audiencia Nacional al Gobierno para que desclasifique la documentación protegida sobre los llamados vuelos secretos de la CIA interpelan directamente a la comunidad internacional y al Ejecutivo español sobre la licitud de los medios empleados en la lucha antiterrorista tras los atentados del 11-S. Las investigaciones judiciales han conferido una nueva relevancia a las pesquisas realizadas por la Prensa, a las denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional y a la información recopilada por el Parlamento europeo. Los datos disponibles certifican no sólo la existencia de tan siniestros vuelos -que superarían el millar de escalas en aeropuertos de la UE-, sino que sugieren que los aparatos detectados en España podrían estar involucrados en nueve de las diez capturas ilegales de presuntos islamistas que se han verificado.La solicitud de la Audiencia Nacional fuerza al Gobierno a abandonar la ambigüedad y a someter al escrutinio público la información con que cuente sobre la eventual comisión de actos legalmente punibles y moralmente inadmisibles en suelo español. El Ejecutivo se ha de enfrentar a un espinoso dilema que tiene que ver tanto con el debido respeto a la legalidad constitucional y a las normas internacionales, como con la razón de Estado, la lealtad en el combate mundial contra el terrorismo y el deseo de evitar nuevas rencillas en las frágiles relaciones con EE UU. Pero esos argumentos palidecen ante la gravedad de los hechos investigados -arrestos extrajudiciales y reclusión de los sospechosos en cárceles clandestinas-, que compelen al Gobierno a atender la reclamación de la Audiencia, máxime cuando la revelación de los documentos requeridos no parece entrañar peligro alguno para la seguridad nacional. Resultaría poco comprensible que no se facilitaran las indagaciones judiciales cuando han sido las pesquisas de la Guardia Civil las que han propiciado la orden decretada por la Fiscalía de Munich.Las actuaciones de los tribunales comprometen igualmente a todos los Estados miembros de la Unión Europea, cuyos ministros de Exteriores, según se ha desvelado, asumieron en 2005 las dudosas explicaciones ofrecidas por Condoleezza Rice; esto es, que EE UU estaba trasladando secretamente a prisioneros sospechosos de terrorismo, pero sin vulnerar el Derecho internacional. La incapacidad de la UE para asumir un liderazgo compartido y firme en política exterior y la distinta afinidad de sus integrantes hacia la Administración Bush no justifican su inhibición ante los desmanes que se hayan podido perpetrar en su territorio. Está obligada, muy al contrario, a contribuir a su esclarecimiento y erradicación definitiva.