Recusacion inevitable en el TC

martes 6 de febrero de 2007
Recusación inevitable en el TC
LA recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps ha provocado una crisis interna en el Tribunal Constitucional, no tanto por el hecho de haber sido finalmente admitida, sino por el tiempo empleado en resolverla y por la división del órgano en dos bloques (seis votos frente a cinco). Todo esto se habría evitado si el propio magistrado se hubiera abstenido de participar en la resolución del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra el Estatuto de Cataluña. Sin embargo, en vez de una autocrítica mínimamente objetiva -suficiente para constatar que su imparcialidad estaba comprometida tras asesorar a la Generalitat catalana en el planteamiento de determinados aspectos estatutarios-, Pérez Tremps optó por forzar a sus compañeros a tomar una decisión costosa personal e institucionalmente.
Sin duda, la recusación era inevitable. Con los criterios que el propio TC ha establecido para preservar la imparcialidad de los tribunales, la recusación de Pérez Tremps tendría que haber sido unánimemente aceptada y en mucho menos tiempo. Existía una clara apariencia de falta de imparcialidad por su parte, sin perjuicio de reconocerle la calidad académica que merece, porque ya se había manifestado en su etapa profesional sobre el objeto del recurso -la constitucionalidad de lo que luego fue el Estatuto-, aunque fuera «indirectamente». Además, había percibido unos honorarios -sin duda, legítimos- por ese asesoramiento profesional que ahora, como juez, lastraba su idoneidad para resolver el caso. Este era el único planteamiento admisible y lo prioritario era dotar de las debidas garantías al proceso constitucional en el que se había planteado la recusación. Sólo la mala gestión de este incidente procesal por parte del TC y del propio magistrado ha agravado los efectos de la recusación.
No está escrito cuál ha de ser el resultado del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán. Ha habido mucha premura en establecer vínculos entre las posiciones sobre este asunto y el criterio a favor y en contra de la recusación de Pérez Tremps. Este enfoque resulta precipitado y da lugar a hacer conjeturas poco respetuosas. Sin embargo, lo cierto es que el desenlace de la recusación se ha hecho en condiciones ambientales que abonaban esas interpretaciones, que pronostican una resolución del caso desfavorable al Gobierno y a la Generalitat. Los magistrados del TC tienen derecho a ejercer su función jurisdiccional sin estas presiones, que sólo aumentarán los daños ya sufridos en su imagen por el órgano soberano en la interpretación del texto constitucional. Hay que evitar que se produzcan otros nuevos. En este sentido, sería un despropósito añadido que Pérez Tremps dimitiera como magistrado para facilitar al Gobierno la designación inmediata de un sustituto. En tal caso, el magistrado sólo conseguiría dar la razón a quienes atribuyen su contumaz negativa a abstenerse a un designio político vinculado exclusivamente a sacar adelante el Estatuto catalán. Por dignidad personal no debería siquiera plantearse esta posibilidad.
Si promoviera esa vacante, el Gobierno demostraría una falta de consideración insólita hacia la institución sobre la que descansa la constitucionalidad del ordenamiento jurídico. Y, en todo caso, estaríamos ante un auténtico fraude de ley -un fraude de Constitución-, pues una recusación no es una inhabilitación profesional, sino una garantía del ciudadano en un proceso concreto. Cuestión distinta es que el Gobierno se tome esta recusación como un revés. Motivos tiene para sentirlo como tal. Es probable que un mejor conocimiento de los antecedentes profesionales del candidato le habría ahorrado este contratiempo. En todo caso, el Gobierno ya tiene ante sí suficientes episodios para juzgar cómo ha sido su relación con los poderes jurisdiccionales del Estado -buen pasivo del todavía ministro de Justicia- después de la campaña de descrédito contra el Consejo del Poder Judicial, de la interferencia política constante en los asuntos judiciales relacionados con el «proceso de paz» y, ahora, con la definitiva composición del TC que ha de resolver el Estatuto catalán, antesala de una resolución que dejará a solas a Zapatero con su responsabilidad política en esta reforma estatutaria que él personalmente desbloqueó y que nunca debió ser aprobada.