Los nacionalismos tensan la cuerda

viernes 2 de febrero de 2007
Los nacionalismos tensan la cuerda
GOBERNAR es decidir. No se puede estar diciendo que sí a todo y a todos, porque es evidente que hay demandas incompatibles entre sí y, sobre todo, porque las pretensiones de algunos sectores son insaciables. Zapatero quiso hacer del talante un estilo propio de gobernar para marcar distancias con las formas de José María Aznar. Entre sonrisas y buenismo, la situación se le ha ido de las manos. No sirve para nada la deriva confederal de la organización territorial del Estado, porque en el País Vasco la ambición nacionalista no cesa y el estatuto catalán -de muy dudosa constitucionalidad- no ha colmado las apetencias de los más radicales. El sistema autonómico pierde su vertebración entre reclamaciones y conflictos de todo tipo mientras el presidente del Gobierno sólo sabe repetir esa fórmula vacía de la «España plural» y continúa prometiendo lo que casi nunca podrá cumplir. Ocurrencias institucionales sin regulación jurídica, como la Conferencia de Presidentes en el Senado, o entrevistas con banderas y más sonrisas en La Moncloa no han servido para que un Estado «complejo» -la España «plural» de Zapatero- funcione mejor, sino todo lo contrario. Se disparan las reivindicaciones territoriales, a veces con un inaceptable tono localista, y el principio de solidaridad se convierte en una simple fórmula retórica que sólo se invoca cuando conviene. El victimismo nacionalista crece y nada parece ya suficiente para satisfacer unas reclamaciones de muy dudoso fundamento.
El caso de Cataluña resulta especialmente significativo. En las últimas semanas, el nuevo tripartito pisa el acelerador de la confrontación con el Gobierno a pesar de las afinidades políticas y las alianzas coyunturales. Montilla ha vuelto a opinar sobre la opa de Endesa y esconde su propio fracaso bajo el manto de una «operación contra Cataluña». Carod Rovira visita al ministro de Asuntos Exteriores para anunciar iniciativas que no le corresponden en materia internacional. La Ley de Dependencia y el desarrollo de la Ley de Educación -con un recurso ante el TC sobre enseñanza en castellano- abren nuevos frentes de controversia. Ni siquiera le ha servido a Zapatero aprobar una ley que permite el traslado de los «papeles» de Salamanca, un proceso vivido como un auténtico expolio patrimonial en Castilla y León: todavía quieren más, y están dispuestos a exprimir la debilidad del Ejecutivo hasta que ya no quede ni siquiera ese «Estado residual» que Pasqual Maragall bautizó poco antes de su despedida. En el País Vasco, la reacción virulenta de los nacionalistas contra el Poder Judicial alcanza un grado de intensidad mayor que nunca. Pero no se trata sólo de exigir al Estado: otras veces el enfrentamiento se produce entre dos comunidades autónomas no sólo vecinas, sino también afines por todo tipo de razones históricas y sociológicas. Es el caso de Murcia y Castilla-La Mancha en la llamada «guerra del agua», mientras el Gobierno se dedica a capear el temporal como buenamente puede sin adoptar nunca decisiones con sentido de Estado.
El efecto, los abrazos y las buenas intenciones duran tan poco como las burbujas de una bebida espumosa. Según avanza la legislatura, se hacen notar sin remedio las carencias de un Gobierno que nunca ha ofrecido planes concretos para los asuntos que preocupan de verdad a los ciudadanos y que confía su suerte electoral a factores que no siempre controla. La creación de expectativas insatisfechas es siempre fuente de malestar y destruye la confianza en los gobernantes, su mejor patrimonio político en un sistema democrático. En materia de organización territorial, Zapatero ha cometido un error muy grave al reabrir el proceso estatutario de forma innecesaria y precipitada, sin tener una idea precisa de cuál es el punto de llegada. Lo peor de todo es que la dinámica política hace casi imposible dar marcha atrás una vez que se ponen en funcionamiento los mecanismos reivindicativos. Las reglas del juego están muy claras según la Constitución y la jurisprudencia del TC, y son más que generosas para permitir el equilibrio entre los principios de unidad y autonomía que presiden el modelo. Ahora está todo en el aire, porque las concesiones permanentes no sirven de nada salvo para alimentar el deseo de pedir sin medida.