El Gobierno quiere que ETA vuelva a las instituciones municipales

El Gobierno quiere que ETA vuelva a las instituciones municipales
Santiago Abascal

El PCTV, cada día con más descaro, es un instrumento, impune, de ETA-Batasuna. Los terroristas tratarán ahora de obtener ediles, y el Ejecutivo mirará, de nuevo, para otro lado.

12 de febrero de 2007. Un día sí, y otro también. Las parlamentarias del PCTV garantizan la entrada en el recinto parlamentario vasco –e incluso en el hemiciclo- de los más altos representantes de ETA; abogados de la banda, portavoces de la ilegalizada Batasuna y representantes de todo tipo de organizaciones del entramado terrorista, desde Segi hasta Gestoras pro-amnistía. Es difícil que pase un viernes sin que alguno de estos sujetos honre con su presencia al Parlamento vasco, incluso con la posibilidad de comparecer en las comisiones y ofrecer su retahíla de disparates. Ya debía valer esta relación, fácilmente constatable por las fuerzas de seguridad, para acreditar la vinculación del PCTV con ETA- Batasuna. Pero ni el Gobierno de España ni sus parlamentarios autonómicos quieren ver la realidad. Ni siquiera la negativa a condenar el atentado de la T-4 ha sido suficiente para que la abogacía del Estado y la Fiscalía promuevan la ilegalización de los satélites etarras del Parlamento Vasco. Esta situación inadmisible –provocada por la felonía y ceguera del Gobierno- aventura negros nubarrones para la democracia española en las próximas elecciones municipales. Los malos estarán en ellas y probablemente no encuentren ningún obstáculo en el camino. Ahora se multiplican los movimientos tácticos de los terroristas: primero se burlan diciendo que sólo quieren la independencia a plazos –con una preliminar autonomía vasconavarra-, y después comienza la apertura de sedes electorales y el anuncio –pueblo a pueblo- de que se presentarán candidaturas municipales. Desde el Gobierno ya nos empiezan a avisar –en realidad, a mentir- de que no habrá nada que hacer, que la presencia de individuos marcados en las listas no será suficiente para la ilegalización. Nos presentarán supuestos informes legales, nos dirán que el PP hizo no se sabe qué fechoría en la anterior tregua, y, entre dimes y diretes, los malos penetrarán de nuevo en las instituciones democráticas con la connivencia gubernamental. Pero el Gobierno cuenta con un obstáculo no despreciable. Miles de vascos y españoles estamos dispuestos a señalar sus trampas todos los días. Miles de personas y un buen número de medios de comunicación están prestos a recordar cómo se ilegalizó desde el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional a las candidaturas municipales en 2003 tras la actuación de los abogados del Estado y de la Fiscalía. Entonces bastó con que algunos de los integrantes de tales listas hubieran participado en las candidaturas de EH, HB y Batasuna desde 1979 hasta 2001 en cualquier tipo de elección. Aquello era suficiente para demostrar la sucesión criminal de las nuevas candidaturas. Habrá que presionar al Gobierno para que lo que ayer fue negro hoy no sea blanco, para que -si ETA introduce sus garras en los escaños de la democracia- sólo haya un culpable: José Luis Rodríguez Zapatero.