El alarde de Jarrai

jueves 8 de febrero de 2007
El alarde de Jarrai
Hay un grave problema de falta de presencia política en la lucha contra ETA: no se perciben iniciativas de cooperación internacional, no se plantean reformas legales, ni un cambio en los criterios del Ministerio Fiscal, no se han puesto en marcha los mecanismos judiciales y de la Ley de Partidos Políticos para acabar con la impunidad del entramado batasuno.A pesar de los esfuerzos meritorios del portavoz parlamentario del PSOE por atribuir a las instituciones el ingreso en prisión de dieciocho condenados por el Tribunal Supremo en el «caso Jarrai», lo único cierto es que su detención policial fue un arresto voluntario y si no hubieran querido este desenlace, lo más probable es que hoy seguirían huidos de la Justicia. El resultado es importante y por eso hay que felicitarse de que dieciocho terroristas -que lo son, aunque haya quien lo dude- estén en prisión. Pero los medios, en un Estado de Derecho, son también decisivos para valorar la calidad del resultado, porque ni el fin justifica los medios, ni siempre está bien lo que bien acaba. El alarde batasuno en el frontón bilbaíno de la Esperanza demuestra hasta qué punto la izquierda proetarra se siente segura en el escenario actual y cree tener el control de los acontecimientos. Los dieciocho prófugos han puesto en jaque a las Fuerzas de Seguridad del Estado cuanto han querido y se han entregado también cuando han querido. Por desgracia, en este desenlace no ha tenido nada que ver la eficacia policial, sino sólo la voluntad de los etarras condenados y sus consideraciones estratégicas sobre el efecto propagandístico de la entrega colectiva a la Ertzaintza. Hace falta una explicación seria, amplia y convincente por parte del Ministerio del Interior, porque ya hay demasiados episodios oscuros que están poniendo en tela de juicio a un departamento llamado a jugar un papel clave en la seguridad de un país que vive bajo la agresión constante del terrorismo de ETA. Es evidente que las Fuerzas de Seguridad del Estado deben trabajar sin presión y con discreción y que el Ministerio del Interior no puede sentirse obligado a retransmitir en directo a los ciudadanos sus decisiones operativas. Pero la democracia es, ante todo, un régimen de opinión pública y sentimientos comunes muy sensible a la intranquilidad. El atentado del 30-D se produjo apenas una semana después de que un alto cargo de Interior descartara el rearme de ETA y la existencia de «comandos» en suelo español. Con el rasero del 13-M, aquellas opiniones deberían haber tenido ya un alto coste político. No menos desafortunadas fueron las valoraciones peyorativas sobre el «zulo» hallado en Amorebieta (Vizcaya) con cincuenta kilos de explosivos en su interior. En cuanto al atentado del 30-D, las contradicciones entre Cuerpos policiales sobre el tipo de explosivo empleado sólo aumentan la sensación de descontrol interno y de falta de rigor en el mando, aparte de mantener un estado de desinformación sin precedentes en relación con un atentado terrorista, y menos con la magnitud del cometido en Barajas. A todo esto se suma que aún no está aclarado el soplo a la red de extorsión etarra, uno de los episodios más graves sucedidos en la lucha antiterrorista y cuya indeterminación resulta inexplicable. Es posible que el Ministerio del Interior esté trabajando en estos frentes, pero no lo parece y los ciudadanos se guían por lo que ven, que es, al mismo tiempo, lo que les da o les quita su confianza en el Gobierno. Hay un grave problema de falta de presencia política en la lucha contra ETA, en el sentido de que no se perciben iniciativas de cooperación internacional, no se plantean reformas legales contra el terrorismo, no hay un cambio apreciable en los criterios del Ministerio Fiscal y no se han puesto en marcha los mecanismos del Código Penal y de la Ley de Partidos Políticos para acabar con la impunidad del entramado batasuno. En definitiva, no hay voluntad de cancelar -sino todo lo contrario- el diálogo y la negociación con ETA, y sustituirlos por una firme política de derrota policial y judicial. La burla de Jarrai es la expresión más insoportable de la desfachatez terrorista y de la parálisis del Gobierno, siempre a la espera de que otros hagan o decidan por él. En efecto, los dieciocho huidos están en prisión -uno todavía sigue en busca y captura-, pero lo importante era que lo estuvieran por la eficacia de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y no cuando a ellos les conviniera. En cuanto a la posibilidad de que se trate de una entrega pactada -a cambio de lo que sea-, mejor es no considerarla. Editorial en ABC, 7/2/2007