De Juana, en manos del Gobierno

martes 13 de febrero de 2007
De Juana, en manos del Gobierno
LA Sala Segunda del Tribunal Supremo decidió ayer rebajar la condena impuesta a De Juana Chaos por la Audiencia Nacional de doce a tres años. Esta drástica reducción viene dada por el cambio de delito por el que ha sido definitivamente condenado este contumaz etarra, a quien el Supremo imputa ahora uno de amenazas no terroristas en concurso con otro de enaltecimiento del terrorismo. Es en estos momentos cuando el respeto a los jueces debe ser una actitud real y no retórica, pues, sin duda, la sentencia del Supremo -que hace pocas fechas dictó la histórica sentencia de condena a Jarrai, Segi y Haika- va a provocar justificada perplejidad y desazón en buena parte de la opinión pública. Y hay que recordar que ese respeto fue el que no tuvo el presidente del Gobierno cuando dijo del etarra De Juana que «era partidario del proceso» el mismo día en que su juicio en la Audiencia Nacional quedó visto para sentencia. Respeto que tampoco tuvo ayer el presidente del Senado, Javier Rojo, quien calificó de desproporcionada la condena impuesta a De Juana, también en premeditada coincidencia con la sesión en la que los magistrados del Alto Tribunal debían resolver los recursos de casación interpuestos contra la primera condena. Cuando estas presiones a la judicatura, aun hechas con impostada sutileza, proceden de los más altos representantes del Estado, se hacen aún más intolerables.
La mínima pena impuesta a De Juana Chaos facilitará su pronta excarcelación, pues ya ha cumplido dos años de los tres de prisión que se le han impuesto. Cuando se conozca la sentencia íntegramente podrá valorarse con conocimiento de causa qué criterios ha seguido la Sala Segunda para considerar que las amenazas de un etarra -que sigue siendo etarra- pueden no ser terroristas y, al mismo tiempo, un acto de enaltecimiento del terrorismo. Sin duda, técnicamente será posible esta concurrencia de delitos, pero merece una argumentación muy convincente, tanto como la que descarte el delito de pertenencia a organización terrorista, que era otra posibilidad que tenía el Supremo y que la Audiencia Nacional hizo valer recientemente en la nueva condena impuesta al no menos terrorista Henri Parot. Desde que se notifique la sentencia a las partes defensoras y acusadoras, la suerte de De Juana Chaos pasará a manos del Gobierno, a través de Instituciones Penitenciarias, a cuyos funcionarios, entre otros, amenazó en el diario «Gara». A partir de ese momento, el Gobierno tendrá prácticamente las manos libres para poner a De Juana en su casa, porque la concesión de un tercer grado sólo podrá ser recurrida por el Ministerio Fiscal ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. La plena subordinación de la Fiscalía General al interés político del Ejecutivo hace impensable una discrepancia entre una y otro. Aún así, la reforma del Código Penal y de la ley General Penitenciaria introducida por la ley de cumplimiento íntegro de las condenas por delitos de terrorismo -y el enaltecimiento es uno de ellos- condiciona la concesión de beneficios penitenciarios a terroristas al cumplimiento de determinados requisitos que De Juana no cumple en absoluto, como la colaboración con las autoridades, el repudio a la violencia, la petición de perdón a sus víctimas y un pronóstico favorable de reinserción. Sus declaraciones al diario británico The Times demuestran que este etarra se ratifica en los crímenes que cometió, lo que, en sentido estricto, podría ser otro delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, por el que el etarra debería ser investigado.
Sin duda, la sentencia del Supremo sobre De Juana Chaos allana al Gobierno la solución de un obstáculo en la negociación con ETA, pero debe quedar claro que Rodríguez Zapatero no está legalmente obligado a excarcelar al etarra antes del cumplimiento íntegro de su condena. Si lo hace, será una decisión estrictamente política, protegida por el blindaje que le preste la legislación penitenciaria y la cobertura del Ministerio Fiscal. Y, en tal caso, el chantaje de la huelga de hambre habrá sido un éxito.