"Cordon sanitario" para HB

miercoles 21 de febrero de 2007
«Cordón sanitario» para Batasuna
LA decisión mayoritaria del Congreso de los Diputados de rechazar la proposición del PP de instar la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas es la confirmación de que el Estado ha dejado de tener política antiterrorista. Una observación objetiva de los acontecimientos producidos desde el atentado del 30-D pone de manifiesto la ausencia completa de iniciativas legales, judiciales, policiales e internacionales contra ETA. Las causas que aún subsisten en la Audiencia Nacional son herencia de la anterior legislatura o producto de querellas de asociaciones de víctimas, en contra del criterio del fiscal general.
Ayer, el PSOE sumó a esta omisión absoluta de respuesta a ETA la paralización del Parlamento y, por tanto, de la ley de Partidos Políticos. El recorrido del principio anunciado por Zapatero en Vitoria, el domingo pasado, de que Batasuna -o la marca fiduciaria que la sustituya- debe cumplir la ley de Partidos para ir a las elecciones, ha durado cuarenta y ocho horas. Ayer, el PSOE tenía la oportunidad de lanzar a ETA y Batasuna el mensaje de que, a pesar de la condescendencia ya acreditada, había un límite que ni este Gobierno estaba dispuesto a traspasar: el de la existencia misma del Estado de Derecho. Porque el peor efecto de la decisión tomada ayer por el PSOE y sus socios parlamentarios -algunos de los cuales votaron lo mismo que en 2002 para oponerse a la ilegalización de Batasuna- es que, además de establecer un «cordón sanitario» político para blindar a la izquierda proetarra, rebautizada como izquierda abertzale, los socialistas lo han hecho con argumentos que avalan la estrategia de Otegi y compañía contra la ley de Partidos Políticos.
Se dijo ayer que no había datos que vincularan al PCTV con Batasuna y ETA, que es tanto como decir que los vínculos de ese partido con la organización terrorista no son motivo suficiente para ilegalizarlo. Este es el problema del Estado en este momento: que el Gobierno no está dispuesto a enfrentarse a ETA. Diga lo que diga el PSOE, con oportunismo que será recordado, existen datos policiales y judiciales que ligan al PCTV con ETA y con Batasuna. Parece olvidar el Gobierno -simplemente, lo desprecia- que el juez Grande-Marlaska abrió diligencias contra el PCTV e imputó o procesó a varios de sus dirigentes por integración o colaboración con banda armada. Este partido ha dado continuidad, con absoluta obediencia, a las posiciones de Batasuna en el Parlamento de Vitoria. También tiene contratados como asesores a destacados dirigentes batasunos. Fue el propio Otegi quien celebró públicamente, y con protagonismo personal, los resultados electorales del PCTV. Esta formación no ha condenado nunca la violencia, y menos aún el atentado del 30-D; y tal silencio, junto con los datos anteriores, es perfectamente enjuiciable como un indicio de fraude a la ley de Partidos, porque recae en un partido cuya connivencia con Batasuna y ETA es notoria y pública. Esta dañosa actitud del PSOE contrasta con el memorable informe emitido en el juicio contra la trama política de ETA por el fiscal Enrique Molina, quien ha venido demostrando en este proceso cómo se defiende el interés general en la lucha contra ETA sin salirse un ápice de la legalidad. Esa legalidad que, sin ningún género de duda, le permitió afirmar que para ser terrorista «no es necesario pegar un tiro».
Ahora resulta que aspirar a la aplicación de la ley contra los cómplices de ETA es una «ilegalización preventiva», según el portavoz socialista. Treinta años de sufrimiento por culpa de ETA y del entramado batasuno no han servido para que el PSOE se cure de estos engaños. En definitiva, la decisión parlamentaria de proteger al PCTV demuestra por qué la actividad política de Batasuna es impune y por qué el Gobierno persevera en marginar al PP: porque el proceso de diálogo no está roto y, para demostrarlo, a ETA se le ha ofrecido la cabeza de la ley de Partidos Políticos.