martes 27 de febrero de 2007
ESTADOS UNIDOS
Los demócratas y la guerra de Irak
Por Charles Krauthammer
Los Estados Unidos de América han librado muchas guerras desde 1941, pero desde entonces no han vuelto a declarar una. En el extranjero ya nadie declara guerras, quizá porque se trata de algo que desprende cierto aroma a desafío propio de aristócratas. Hoy en día el Congreso jamás declara una guerra, sino que da su "autorización" para hacer "uso de la fuerza".
Eso es lo que hicieron las dos Cámaras que componen el Congreso en octubre de 2002. El miembro del Comité de Inteligencia del Senado Jay Rockefeller (demócrata), que tuvo acceso a toda la información relevante, declaró: "He llegado a la inevitable conclusión de que la amenaza que para América representan las armas de destrucción masiva de Sadam es tan grave que, aun teniendo en cuenta los riesgos –y no deberíamos minusvalorarlos–, debemos autorizar al presidente a que tome las medidas necesarias para hacer frente a dicha amenaza". Cuatro años después, los demócratas quieren abandonar la guerra subsiguiente.
La mayoría de ellos quiere hacerlo porque, como el miembro de la Cámara de Representantes John Murtha, cree que la guerra está perdida. Si eso es lo que piensas, el abandono es la política más razonable, honorable y patriótica.
El Congreso puede sacar adelante esa decisión poniendo fin a los fondos destinados a Irak. Pero los demócratas no lo harán, porque se trata de una medida políticamente peligrosa. Así que están buscando otra manera inteligente de salirse con la suya. La Cámara está buscando una forma, desarrollada por Murtha y calificada de "ingeniosa" por el pacifista de la plataforma Win Without War Tom Andrews, de imponer un recorte condicionado, aparentemente en nombre de la protección de nuestras tropas. Si éstas no reciben el entrenamiento, el equipo y el tiempo de descanso que Murtha estime oportunos, no habrá fondos.
Por desgracia para los demócratas, Murtha no ha sido tan hipócrita como para ocultar las verdaderas intenciones de esta medida supuestamente favorable a las tropas. Ha optado por unas condiciones que sabe imposibles de cumplir ("Lo hemos analizado, y hemos llegado a la conclusión de que no se puede hacer") con el objetivo de dificultar, o directamente imposibilitar, que los mandos que están sobre el terreno puedan proseguir con la guerra.
¿Qué significa esto? Pues dejar a los 130.000 soldados desplegados en Irak sin los refuerzos y la flexiblidad táctica que su comandante, el general David H. Petraeus, estima necesarios para obtener la victoria.
Los demócratas creen que la guerra no puede ganarse. Así las cosas, deberían ordenar la retirada mediante la suspensión de los fondos, no maniobrar para imposibilitar la victoria. Al proceder de esta ultima manera no sólo ponen en peligro a las fuerzas desplegadas en Irak, sino que convierten en una profecía que se cumple a sí misma su mantra de que la guerra está perdida.
La estratagema de Murtha es tan evidente que hasta Carl Levin, presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado y opuesto a la guerra, ha anunciado que no la respaldará: "Creo que se envía a nuestras tropas el mensaje equivocado". Levin está pensando en otra cosa: alterar la autorización de octubre del 2002. "Buscaremos modificarla para que la de Estados Unidos sea sólo una misión de apoyo, no de combate", ha dicho. "Se trata de algo muy distinto a poner fin a los fondos".
La idea de Levin, menos perversa que la de Murtha, es absolutamente ilógica. Y es que resulta sumamente extraño autorizar el uso de la fuerza... salvo para entrar en combate. Estamos ante un oxímoron. Cambiar los términos de la autorización original significa, si es que significa algo, que Petraeus tendrá que rodearse de abogados para que le digan, siempre que despliegue una unidad, si lo que está ordenando es una misión legal ("de apoyo") o ilegal ("de combate").
Si lo que Levin pretende es alejar a nuestras tropas de la guerra civil que se libra en las ciudades iraquíes y situarlas en bases más seguras para que podamos seguir lanzando operaciones contra Al Qaeda, lo que debería hacer es exponérselo al país como una alternativa al incremento de tropas propuesto por la Administración (o como una manera de retrasarlo). Imponérselo a nuestros mandos a base de tecnicismos legales no hace sino minar la capacidad de éstos para librar la guerra.
No se libra una guerra, ni se pone fin a una, desangrando lentamente a las tropas mediante la privación de los fondos que los mandos consideran necesarios para vencer (Cámara de Representantes), o reformulando una autorización sobre el uso de la fuerza de manera que sean los abogados quienes finalmente decidan qué operaciones han de llevarse a cabo (Senado). Estamos ante dos maneras de complicar las cosas y de hacer del todo imposible la victoria; y de zafarse de la responsabilidad política correspondiente.
© The Washington Post Writers Group
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