Aznar defiende con uñas u dientes su retiro dorado

José María Aznar defiende con uñas y dientes su retiro dorado
Miguel Ángel Orellana

Las negociaciones para cerrar la nueva ley de financiación de partidos pueden acabar sin foto. Un motivo de divergencia sería la fiscalización de fundaciones ligadas a grupos políticos.

21 de febrero de 2007. La polémica está servida. Mientras la percepción general es que nuestra clase política anda necesitada de un lavado de cara y también de interés, los partidos han estado muy cerca de pactar una nueva ley de financiación que sustituya a la vigente desde 1987. Se trataba, lógicamente, de que el dinero público manase con mayor abundancia y también las aportaciones de particulares y empresas; eso sí, con ciertos límites y con nombres y apellidos, para que todos podamos poner cara a estos filántropos de la democracia. Las negociaciones para consensuar la nueva norma se fueron acelerando a un ritmo directamente proporcional al que alcaldes y concejales iban prestando declaración en los Juzgados para ayudar a desentrañar esa ecuación de segundo grado según la cual un patatal más un cheque es igual a una urbanización de chalets. Es indudable que nuestros políticos tienen su almita. Así pues, socialistas, populares y el resto de grupos se sentaron para alumbrar un nuevo sistema de financiación, constatada una tesis inicial: la corrupción no sabe de ideologías y afecta por igual a derechas e izquierdas. Un pozo sin fondo Se puede coincidir en la necesidad de una nueva regulación y rechazar simultáneamente que la ley de 1987 sea responsable de la corrupción porque no facilitaba a los partidos recursos suficientes. En primer lugar, su alcance se limitaba a los ingresos dedicados al funcionamiento ordinario; en segundo lugar, los partidos se han dedicado a aumentar los recursos públicos que emplean para este fin al margen de la ley, con nuevas fuentes de financiación extralegales. Éste es el caso de las subvenciones que reciben de los Consistorios, cuyo volumen es superior al de las que proceden vía los Presupuestos Generales del Estado, y que están fuera de la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Por lo que respecta a las campañas electorales, a lo largo de los años 90 se aumentó la financiación pública y se establecieron límites de gasto. El efecto combinado de ambas medidas permitió que las fuerzas políticas frenaran un endeudamiento galopante y les hizo menos dependientes de la financiación privada, tanto de la legal –créditos y donaciones- como de la ilegal –comisiones y otras mordidas-. En la nueva ley cada uno estaba tratando de arrimar el ascua a su sardina. El PSOE quería regular las condonaciones de créditos, dado que su deuda bancaria es muy elevada, y el PP accedía a que las donaciones dejasen de ser anónimas, a cambio de que aumentara su tope y de que también las empresas pudieran llenar el cerdito de barro. El "no" del PP Pero hete aquí que, al parecer, el Partido Popular se ha desmarcado del consenso porque la nueva norma incluye la fiscalización de las fundaciones ligadas a organizaciones políticas, una supervisión que alcanzaría a la FAES, tanque de pensamiento, cultivo en laboratorio del llamado "centro reformista", vivero para la formación de cuadros, almacén de propuestas electorales, reserva ideológica, fundación de fundaciones que preside José María Aznar. Un puente hacia su jubilación. Una gran barcaza de paso a la otra orilla, donde se influye pero no se manda, se orienta pero no se dirige, se aconseja pero no se actúa, se mira pero no se toca. Al menos, a priori. La culpa es de Aznar No en vano fuentes socialistas de la negociación están señalando como responsable del desmarque popular al propio Aznar, quien habría hecho saber a su partido la negativa a permitir que el Tribunal de Cuentas controle la actividad económica de su fundación. La buena marcha de la reforma de la ley, una vez alcanzado un consenso sobre los principios generales, se ha visto interrumpida por las reticencias planteadas por el PP. "Porque la cosa tiene bemoles", dicen a Elsemanaldigital.com esas mismas fuentes. Antes de establecer la diferencia entre predicar y dar trigo, el hecho es que el principal partido de la Oposición pretende excluir a las fundaciones de los requisitos para recibir donaciones y de la fiscalización de sus cuentas con el argumento de que ya poseen una normativa específica en la Ley de Mecenazgo. Un planteamiento que varios grupos parlamentarios, azuzados por el PSOE, aseguran que responde a "las presiones" de Aznar para que estas instituciones queden al margen de esta ley. La postura del ex presidente fue asumida por el Grupo Popular, sostienen las fuentes consultadas, que atribuyen a Aznar la frase de que "las cuentas de la FAES no las revisa nadie". Y son los mismos tipos -poco sutiles, la verdad- que atribuyen la negativa del PP a que quiere evitar que se conozca el origen de los fondos que maneja el retiro dorado del ex presidente o que, incluso, esta entidad sea una vía de financiación paralela del Partido Popular. La normativa vigente no dice nada respecto a las fundaciones, pero el proyecto que se negocia en el Congreso de los Diputados establece en la disposición adicional séptima que "la financiación de las fundaciones y asociaciones con dependencia orgánica de partidos políticos estarán sometidas a los mecanismos de fiscalización y control y al régimen sancionador previstos en los títulos V y VI de esta ley". El mismo apartado señala que "las aportaciones y donaciones privadas" que reciban las fundaciones "estarán sometidas a los límites y requisitos" fijados por esta futura norma. El proyecto de reforma estipula que sea el denostado Tribunal de Cuentas el encargado de supervisar y controlar las cuentas de los partidos y fundaciones, además de aplicar las sanciones previstas. Las donaciones de personas físicas o jurídicas tendrán asimismo un límite de 60.000 euros anuales. Si las fundaciones quedan excluidas de la norma, las aportaciones recibidas no estarán constreñidas a los topes fijados para los partidos. Serán supervisadas, además de por Hacienda, por los respectivos órganos de control de la Comunidad Autónoma en que tienen su ámbito de actuación. En el caso de la FAES, la fiscalización de marras corre a cargo de la Comunidad de Madrid. Atentos a la pantalla, porque al Partido Popular pueden acabar metiéndolo en un "jardín" en vísperas electorales. Y los españoles trinan Lo cierto es que, en estos momentos, los ciudadanos no ponen a los partidos políticos en el mejor lugar de las escalas de valoración. Sin una tarea de regeneración previa de los mismos, es más que discutible la propuesta de reformar la financiación. El tira y afloja de nuestra clase política no mejora la erótica civil por la vida pública. Desalentador, por ejemplo, para familias entrampadas con los bancos y expuestas a inapelables amenazas de embargo por impago de una letra, los plazos de la hipoteca o la devolución de un crédito. Los ciudadanos se la juegan si incumplen la normativa legal, pero eso no afecta a los partidos. No sólo porque buena parte de sus ingresos sean irregulares, es decir, no amparados en las normas legales. Es que además no pagan sus deudas, no son transparentes -ni los partidos ni los bancos que les prestan dinero-, no explican la procedencia de los donativos anónimos. Carece de importancia, miremos hacia otro lado. Alguien lo pagará. O alguien lo perdonará a cambio de favores inconfesables. ¿En vísperas de dos costosas y prácticamente sucesivas convocatorias electorales, van a cerrar un acuerdo el PSOE, el PP, CiU, el PNV, etc. para afrontar un problema tantas veces aplazado por ellos mismos? Ni hablar. En el fondo, todo es una cuestión de prioridades