Antonio Garrigues Walker, Los limites de la discrepancia

sabado 15 de marzo de 2008
Los límites de la discrepancia
ANTONIO GARRIGUES WALKER. Jurista
LOS efectos de la radicalización política de la pasada legislatura no van a desaparecer por arte de magia. Las formas, por el momento, han mejorado en alguna medida pero la situación sigue siendo preocupante. La idea de reproducir en esta legislatura, con el mismo «dramatis personae», la misma dialéctica, que hemos venido sufriendo durante largos años, genera desconsuelo, inquietud y sobre todo un profundo aburrimiento. Sería -no lo será- verdaderamente cansino.
La radicalización se ha instalado en el conjunto de la sociedad española con una sola e importantísima excepción que hay que destacar desde el primer momento: el diálogo social, un diálogo en el que los sindicatos y los empresarios vienen dando un esplendoroso ejemplo de convivencia civilizada y eficaz. Son dos estamentos que merecen un especial reconocimiento porque están ayudando de una forma decisiva a nuestro desarrollo económico. Sin el clima que han sabido crear -y recrear cuando ha sido necesario- nuestra situación actual no sería ciertamente la misma sino claramente peor. Mirando al futuro, ese buen diálogo, es uno de nuestros activos más sólidos y más serios.
Los ejemplos negativos desgraciadamente son muchos. Los más importantes afectan a tres áreas: lucha antiterrorista, política exterior y justicia. Vamos a ver si en todos ellos podemos cambiar la deriva actual porque si tuviéramos éxito, España daría un salto de gigante en todos los órdenes. ¿Cómo hacerlo? Empecemos por recordar que el derecho a discrepar, siendo como es un derecho básico en política, no es un derecho absoluto entre otras cosas porque ningún derecho lo es. Hay temas en los que, al estar afectado el interés público de una forma directa, clara, intensa y dramática, ese derecho a discrepar desaparece o se limita substancialmente. Tenemos que volver a recordar, en este sentido, que la democracia no es un sistema que permita que todos estamos de acuerdo, sino justamente a convivir en desacuerdo. Y en ese ejercicio de convivencia la obligación de consensuar habrá que respetarla y asumirla cuando llegue el momento. Y el momento ha llegado y parece, además, muy propicio.
En el tema del terrorismo se ha llegado a límites de ceguera e irresponsabilidad absolutas. El símbolo más doloroso es la existencia de organizaciones rivales de apoyo a las víctimas que se han radicalizado aún más que los propios partidos políticos. Pero el problema más grave es, desde luego, la ausencia de un pacto contra el terrorismo, y es ahí donde deben centrarse todos los esfuerzos para un consenso amplio y sincero. Ya no es cuestión de buscar inocentes o culpables. La única cuestión es llegar a un acuerdo sin más excusas ni dilaciones. Lo exige la ciudadanía en su conjunto y en su consecuencia los dos partidos mayoritarios tendrán que ponerse a ello en el plazo más breve posible y si no logran el objetivo habrá que organizar, desde la sociedad civil con el apoyo de los medios de comunicación, la presión necesaria para recordarles, sin cesar, su compromiso. Tienen que sentirse forzados a hacer lo que irremediablemente tendrán que hacer. Es una obligación política y ética.
En materia de política exterior parece claro que es el Gobierno a quien corresponde fijar las prioridades y las estrategias pero aún así -y parece que se está en ello- tiene que buscarse un consenso en las áreas principales: apoyo a países subdesarrollados con especial atención a África e Iberoamérica; impulso a las relaciones con los países del eje del Pacífico que van a ser la clave económica decisiva en las próximas décadas; mayor y mejor presencia política en Europa; normalización completa de las relaciones con los EE.UU., un país con el que deberíamos colaborar en Iberoamérica, Europa y Medio Oriente de forma intensa; cuidado especial de los vínculos con nuestros países vecinos; acentuar el aspecto económico de nuestras relaciones exteriores; desarrollar por fin una diplomacia parlamentaria seria.
La politización de la justicia está creando situaciones aberrantes y peligrosas. No es, desde luego, un tema fácil de resolver pero al igual que en el caso de la lucha contra el terrorismo, los partidos políticos no tienen otro remedio que llegar a acuerdos estables y el estamento judicial tendrá que colaborar iniciando un proceso autocrítico profundo. Están sucediendo cosas que dañan todo el sistema institucional en su conjunto y generan una imagen triste de nuestro país. No podemos tolerar que las cosas continúen así. Si los partidos no son capaces de encontrar soluciones con prontitud habrá que buscar otros caminos que incluyan, por ejemplo, fórmulas de arbitraje.
Hay sin duda otros muchos temas (entre ellos emigración, nacionalismos, estrategia económica) en los que la radicalización política está generando daños a la convivencia ciudadana y al interés del país. Esa radicalización no es un ejercicio sin consecuencias. No es algo gratuito. La sociedad civil española tendrá que organizarse para evitar estos abusos del estamento político que parece incapacitado para reaccionar con un mínimo de sentido común y de grandeza. Para que se produzca alguna reacción positiva los medios de comunicación van a tener que cumplir un papel radicalmente diferente al actual y recuperar la pasión por lo objetivo y por lo justo. Se han convertido, sin excepción, en instrumentos multiplicadores de actitudes sectarias y mejoran con mucho la agresividad y la violencia verbal de los líderes políticos. Lo que agrava esta situación es que ni los medios de comunicación ni los partidos políticos toleran la más mínima neutralidad en el conflicto. O se está con ellos del todo dándoles la razón absoluta o se está contra ellos y se pagan -como ya saben algunos- las consecuencias. Un país como Alemania, al sentir que los problemas económicos y sociológicos complicaban su posición en el mundo, buscó en la «grosse koalitionem» una solución radical que, por el momento, les va dando resultados muy positivos. No es cuestión de sugerir una solución similar en España -aunque a mucha gente le gustaría- pero sí de plantearnos en serio cómo recuperar un funcionamiento político razonable. Vamos a vivir una época difícil. El largo proceso de crecimiento económico va a dar paso a una desaceleración cuya profundidad y consecuencias es muy difícil de valorar. Ello puede añadir -démoslo por seguro- más dificultades y más tensiones. No juguemos más con fuego. La ciudadanía española -lo digo con el mayor convencimiento- no se lo merece.

http://www.abc.es/20080315/opinion-la-tercera/limites-discrepancia_200803150307.html