Deterioro institucional del TC

sabado 1 de marzo de 2008
Deterioro institucional del TC
EL ruido de la polémica entre el fiscal general del Estado y el Tribunal Constitucional no debe ocultar la gravedad de la crisis de fondo que se ha instalado en las instituciones que representan el Estado de Derecho y que son responsables de garantizar su integridad y su funcionamiento. Se está cerrando en estas semanas un mandato con un saldo en el que el Consejo General del Poder Judicial lleva año y medio bloqueado políticamente; en el que el Tribunal Supremo se ha visto obligado a ratificarse -con tanta firmeza de contenido como moderación en las formas- en su autoridad jurisdiccional frente a las intromisiones del Tribunal Constitucional; en el que cada día que pasa sin decidir sobre el Estatuto de Cataluña, el matrimonio homosexual o la discriminación penal negativa en la violencia de género, el TC debilita su obligación de velar por la constitucionalidad de las leyes, privando a los ciudadanos de su derecho a la seguridad jurídica, que incluye el derecho a saber si las leyes que se les están aplicando son o no conformes a la Constitución; y en el que, además, el Ministerio Fiscal ha alcanzado cotas desconocidas de sumisión a los dictados políticos del Gobierno, abanderando como nunca la sustitución del principio de legalidad por el de oportunidad. Esto no es un pasatiempo de juristas, sino una crisis en los cimientos del Estado.
El enfrentamiento a tres bandas entre el Supremo, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Fiscal es el colofón de una dinámica de deterioro de las instituciones, propiciada en esta legislatura por una acción de gobierno empeñada en anular cualquier margen de independencia judicial por el que pudiera fracasar alguno de sus principales proyectos políticos, como la negociación con ETA o la reforma territorial del Estado. La inadmisible bronca pública que dedicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a la presidenta del TC, María Emilia Casas, el pasado 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, resume una forma autoritaria de entender las relaciones entre el poder político y el Estado de Derecho.
Al margen de lo que dijera la carta remitida por el TC al presidente del Gobierno, en queja por las críticas de Cándido Conde-Pumpido por la sentencia del «caso Urbanor», lo más grave es que los magistrados que velan por la Constitución dan por hecho que el superior jerárquico del fiscal general es el jefe del Ejecutivo y que éste, en la medida en que es destinatario de la protesta, tiene potestad para corregirlo. Acusación implacable de subordinación al Gobierno. El cuadro que describe este cruce de reproches -al que se sumó ayer nuevamente Conde-Pumpido ratificándose en sus críticas iniciales- es lamentable y, por eso, nadie debería sorprenderse si los ciudadanos responden con irritación y desconfianza hacia el sistema.
En el caso concreto que ha desencadenado esta nueva crisis institucional, Conde-Pumpido pudo haber elegido mejor sus palabras -y haber aplicado a las víctimas de ETA la sensibilidad que ahora dedica a los perjudicados en el «caso Urbanor», en vez de haberse dedicado a retirar acusaciones contra Arnaldo Otegi-, pero tiene razón en lamentar las consecuencias jurídicas de la sentencia del TC sobre la prescripción de los delitos. Los estafados no cobrarán, la seguridad jurídica de las víctimas se ve perjudicada y el orden constitucional se resiente de la función «legislativa» que, de hecho, está asumiendo el Tribunal Constitucional. La Sala Segunda del Supremo también cuenta con sólidos motivos para poner de manifiesto la ruptura de las reglas establecidas por la Constitución en el reparto de competencias a su favor y al favor del TC.
Las críticas recíprocas entre instituciones deben evitarse porque debilitan el sistema político y restan autoridad a las personas que las encarnan. No ha estado oportuno el TC al elevar su queja institucional al presidente del Gobierno. En todo caso, debió enviarla directamente al propio Cándido Conde-Pumpido. Error en el destinatario y error en el momento porque en esta polémica al TC no le acompaña la opinión pública. Sus responsabilidades son otras y están sin cumplir.


http://www.abc.es/20080301/opinion-editorial/deterioro-institucional_200803010252.html