Un gobierno contra las instituciones

sabado 20 de octubre de 2007
Un Gobierno contra las instituciones
AL margen de pretextos legalistas, la recusación presentada por la Abogacía del Estado, a instancia del Gobierno, contra dos magistrados del Tribunal Constitucional, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, es un descarado intento de manipular la composición de este órgano para, en definitiva, evitar que una mayoría «conservadora» pueda decidir los recursos pendientes contra algunas leyes a las que el Ejecutivo ha confiado el éxito de su legislatura. No hay precedentes de que el Gobierno de la Nación haya promovido la recusación de magistrados del TC, ni de una estrategia partidista tan desaforada por controlar esta institución, entre otras. El Gobierno de Rodríguez Zapatero está convirtiendo en un lodazal político y mediático el funcionamiento de los órganos del Estado, porque, además de este asalto al TC, los socialistas ya cambiaron las reglas de decisión en el Consejo General del Poder Judicial para bloquear su mayoría conservadora -votada favorablemente por el PSOE en 2001- en el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo. También alteraron los procedimientos electorales en los órganos representativos de los fiscales -el Consejo Fiscal- y de los jueces -las salas de Gobierno- para que tuvieran un hueco los representantes de las asociaciones progresistas, necesitadas de obtener por reglamento lo que le negaban las urnas. El Ministerio Fiscal ha sido encajonado en un modelo totalmente politizado y caudillista, al servicio del Gobierno y del fiscal general. Y no mejor suerte han corrido algunos de los organismos reguladores, como el de la Energía o el del Mercado de Valores, sometidos a las presiones de un Gobierno inquietantemente intervencionista en las decisiones empresariales.
Pero lo que sucede con el TC supera todo lo imaginable. Rodríguez Zapatero ha impulsado legislaciones poco reflexivas, en unos casos, o manifiestamente inconstitucionales, en otros, sin preocuparse de las consecuencias que esta forma de proceder conlleva en un Estado democrático y de Derecho, donde la oposición parlamentaria y los ciudadanos tienen derecho a instar de los tribunales, incluido el Constitucional, la efectiva aplicación del imperio de la ley. El Gobierno quiere que ahora sea el TC el que le arregle el fiasco de su saldo legislativo, aunque sea a costa de cometer otros nuevos desafueros que ratifican la verdad histórica en que consiste el rechazo político y moral que, antes o después y con mayor o menos intensidad, muestran los ejecutivos socialistas hacia la independencia de los jueces.
La recusación es un instrumento procesal, legítimo, que los justiciables usan con frecuencia, y no siempre con fundamento, para garantizarse la imparcialidad de los jueces. Pero el Gobierno de la Nación no puede actuar como un particular contra magistrados del TC, pues ni su responsabilidad institucional se lo permite, ni la naturaleza de los procesos constitucionales lo aconseja. Además, si tan seguro está de la constitucionalidad de las leyes que ha promovido, estas recusaciones están fuera de lugar, salvo que prejuzgue que las ideologías que asigna a los magistrados son pactos de fidelidad partidista que estos han firmado antes de entrar en el Tribunal. El problema no es la imparcialidad de los jueces recusados -uno de ellos especialmente sometido a un linchamiento personal, intolerable por sus anteriores cargos políticos-, quienes no manifestaron su opinión sobre la constitucionalidad de la ley que prorroga el mandato de la presidencia del TC, sino sobre los efectos específicos que iba a producir su aplicación en este momento concreto. Por tanto, ni García-Calvo ni Rodríguez-Zapata exteriorizaron en la carta remitida a la presidenta del TC un juicio negativo de legalidad constitucional, sino una discrepancia de orden gubernativo interno.
Por tanto, el verdadero problema es el pavor del Gobierno a encontrarse con un fin de legislatura marcado por sentencias constitucionales que revoquen en todo o en parte el estatuto de Cataluña, la ley de matrimonio entre homosexuales o determinadas disposiciones de la ley integral contra la violencia sobre la mujer. La solución que ha encontrado el Gobierno a sus problemas es, pura y simplemente, la desestabilización de las instituciones independientes del Estado.