Provocacion y victimismo

Provocación y victimismo
02.10.2007 -

Las reacciones que ha provocado la propuesta soberanista del lehendakari en el seno del propio nacionalismo vasco están incentivando la convicción de que el desafío planteado el viernes en la Cámara de Vitoria no puede tener otro recorrido que el de derivar en un enfrentamiento con el Estado de impredecibles consecuencias. El presidente del Gobierno vasco no debería obviar que ha sido uno de sus correligionarios, el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, quien ha radiografiado con mayor precisión el escenario que cabe esperar de la promoción de una consulta ilegal a la ciudadanía: tras constatar su certeza de que «no va a salir adelante», Azkuna ha vaticinado que en el tránsito generará problemas «serios», no contribuirá al fin de ETA como sostiene su promotor con un irritante voluntarismo y suscitará «mucha frustración» en el seno del PNV. Pero es que las palabras en sentido radicalmente contrario del consejero de Justicia, el dirigente de Eusko Alkartasuna Joseba Azkarraga, amenazando explícitamente con la «confrontación» si no se llega a un imposible acuerdo, también permiten concluir que Juan José Ibarretxe ha lanzado su órdago no sólo a sabiendas de que no podrá prosperar, sino convirtiendo su simple y estridente formulación en un objetivo en sí mismo que únicamente sirve a sus propios intereses.El hecho de que el lehendakari haya decidido rescatar y endurecer el plan soberanista que sólo logró prosperar en el Parlamento autonómico contaminado por el voto de la izquierda radical, antes de ser abrumadoramente rechazado por el Congreso de los Diputados, constituye la evidencia más palmaria de su falta de respeto a las reglas del juego democrático. De ahí que resulte inaceptable que dirigentes del PNV como Íñigo Urkullu y Josu Erkoreka, de quienes precisamente se suponía una coincidencia con el discurso pactista de Josu Jon Imaz, traten de descargar en el Gobierno de Rodríguez Zapatero la responsabilidad de emprender un imposible diálogo sobre una iniciativa que vulnera la legalidad constitucional. Esa presión victimista exige una respuesta inequívoca de los dos partidos que pueden liderar el Ejecutivo central y sobre todo, les reclama también la renuncia a utilizar el nuevo desafío de Ibarretxe para zaherirse por intereses electorales.