Presupuestos en el aire

jueves 4 de octubre de 2007
Presupuestos en el aire
LA última ley de Presupuestos del Gobierno socialista no tiene, a estas alturas, garantizado el respaldo de sus socios habituales desde el comienzo de su mandato, en abril de 2004. Convergencia i Unió, Esquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Unida han anunciado ya su veto al proyecto presupuestario. Dado que Coalición Canaria también se está planteando presentar una enmienda a la totalidad, al PSOE le quedaría granjearse el apoyo de los siete parlamentarios del PNV, los dos del Bloque Nacionalista Gallego y el único que tiene la Chunta Aragonesista. La expectativa no es halagüeña porque la relación de los socialistas con el nacionalismo vasco no atraviesa su mejor momento después del anuncio de referéndum por el lendakari Ibarretxe, aunque a ninguno le interese en este momento provocar enfrentamientos irreversibles. En todo caso, aun cuando el Gobierno logre sacar adelante los presupuestos, el mensaje político que están enviando los socios minoritarios demuestra la precariedad del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, al que le anuncian una enmienda a la totalidad los mismos partidos que le han estado exprimiendo las cuentas al vicepresidente Solbes y arrancando compromisos financieros, a cada cual más costoso, para medidas sociales sin visión de futuro, sin sentido de Estado y para inversiones claramente discriminatorias por razón del territorio. Esto es lo que suele suceder cuando un Gobierno confía su supervivencia a la obsequiosidad con partidos nacionalistas lanzados a una espiral de radicalismo y a grupos minoritarios de extrema izquierda cuya razón de ser consiste en subir constantemente la puja de las ofertas sociales del Ejecutivo.
La ley de presupuestos no está recibiendo el trato que, histórica y políticamente, corresponde a una norma que, en definitiva, se encuentra en el origen del sistema parlamentario, porque autoriza la administración de los recursos públicos durante el ejercicio siguiente y determina las perspectivas financieras del Estado. Sin embargo, los pactos del PSOE con los nacionalistas han agudizado en esta legislatura una tendencia preocupante, tendente a degradar el proceso presupuestario mediante la práctica anulación del debate en la Cámara, pues la imperatividad de los plazos y los pactos extramuros del Congreso hacen de los plenos parlamentarios un mero trámite. A esto hay que añadir la postergación del interés general como guía de actuación no sólo del Gobierno en la confección de las cuentas del Estado, sino también en sus transacciones con los grupos políticos que lo apoyan, encerrados en una lógica partidista, unos, y localista, otros, fruto de la falta de una auténtica visión de conjunto sobre los problemas nacionales. En esta legislatura, estos vicios se han agudizado de forma alarmante, y a ellos se ha unido la falta de entidad del Gobierno, al que los socios minoritarios han tomado las medidas de sus apremios preelectorales, como demuestran diariamente subiendo el nivel de unas exigencias que ya se suponían satisfechas.
La precampaña ha empezado para todos y los partidos minoritarios quieren hacerla a costa de los presupuestos generales del Estado. La extrema izquierda busca -con gran dificultad y dudoso éxito- un hueco electoral añadiendo un cero a los cheques sociales firmados por Zapatero, y los nacionalistas catalanes quieren marcar su espacio prodigando una voracidad ya injustificable después de la generosa asignación de fondos a Cataluña. El problema es que estas demandas incontinentes no son respondidas con una actitud de rigor y seriedad por parte del Gobierno, que es responsable de haber alimentado esta pedigüeña política de sus socios y de hacerlo, además, en un momento de incertidumbre e indefinición, como lo calificó el ministro de Economía y como lo demuestran los sucesivos datos económicos que día a día se van conociendo. Un Gobierno en minoría corre siempre el riesgo de no ver aprobadas sus cuentas, o de conseguirlo con un escaso apoyo. Mejor será cualquiera de estas fórmulas antes que comprometer la viabilidad presupuestaria del próximo año por decir sí a todo en unas cuentas ya bastante dudosas por la falta de realismo sobre las previsiones de crecimiento hechas por el Gobierno.