Manuel Vigo Garcia, Lucha por los derechos sociales

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA
Lucha por los derechos sociales
17.10.2007 -
MANUEL VIGO GARCÍA

Me gustaría iniciar este artículo con una consideración de conceptos, a modo de declaración de principios, sobre lo que nuestro Departamento, desde una óptica progresista y de justicia social, entiende que debe ser la base de la lucha contra la pobreza y la exclusión aquí y ahora. En primer lugar, estamos firmemente convencidos de que la pobreza no se combate con caridad y asistencialismo, sino con solidaridad. Y esto es así porque estamos persuadidos de que los derechos no son cartas otorgadas graciosamente por el poder de turno, sino eso, derechos inherentes a la condición de persona y ciudadano, logrados, en muchas ocasiones, con sangre, sudor y lágrimas.A veces se tiene la errónea creencia -por reduccionista- de identificar la lucha contra la pobreza y la exclusión con una cuestión de índole meramente económica. Esto es: todas las personas tienen derecho a recibir unos ingresos dignos para vivir de una manera digna y autónoma; si no pueden hacerlo mediante su renta de trabajo, las instituciones deben asegurárselo a través de prestaciones. Y ahí se acaba el derecho social y ahí, también, la responsabilidad de los poderes públicos. Desde nuestra óptica, este derecho, llamémosle de raíz económica, es importante, pero no es el único. Entendemos que existen otros derechos imbricados, como son el derecho a la salud, a una vivienda digna o a un trabajo estable. Si realmente nuestro objetivo es ser una sociedad más libre -formada por hombres y mujeres libres-, más solidaria, más justa, más igualitaria y más integradora tenemos que velar por todos y cada uno de los derechos sociales y laborales; y ser capaces de garantizar los recursos necesarios para que los ciudadanos puedan desarrollar una vida digna y autónoma en el plano económico, pero, asimismo, salvaguardar todos y cada uno de sus derechos. A modo de ejemplo: Si queremos contar con el nivel de bienestar y unas tasas de pobreza como Noruega, deberemos impulsar, también, la presión fiscal, sobre todo las que hacen referencia a las rentas de capital (Impuesto de Sociedades ), que tienen allí. Teniendo claros estos principios, seguro que empezaremos a situarnos en el buen camino para abordar la lucha contra la pobreza y la exclusión, más allá de la asistencia social.En los últimos tiempos estamos asistiendo a una realidad con la que no contábamos hace unos años: la existencia de trabajadores que están en la pobreza debido a la baja cuantía del SMI y a la normativa laboral que se diseña desde Madrid. Este marco golpea a personas trabajadoras -muchas de ellas inmigrantes- que, pese a contar con un empleo, la mala calidad del mismo o la existencia de determinadas estructuras familiares a las que tienen que hacer frente, se sitúan por debajo del umbral de la pobreza. Por lo tanto, aunque el empleo continúa siendo un factor clave para evitar la exclusión social, no siempre es suficiente. Y ésta es una nueva situación, a la que los gobiernos debemos ya prestar la debida atención cuando buscamos soluciones a la pobreza y a la exclusión. En este sentido, no estamos hablando únicamente de atender las consecuencias de la pobreza, sino que hacemos referencia -ya estamos actuamos en este sentido- a la raíz de las causas que generan esa situación. Igualmente, deberíamos mencionar a colectivos de pensionistas con sus rentas de pobreza o a familias monoparentales con sus dificultades de trabajo y de conciliación.El Gobierno vasco ya ha situado la lucha contra la pobreza y la exclusión como objetivo central y prioritario de sus políticas públicas, premisa ineludible para erradicar esta lacra. Y lo está haciendo desde la cercanía hacia las personas y colectivos que se encuentran en esta situación, respetando su dignidad y sus derechos. La lucha contra la pobreza es imposible hacerla desde la distancia. Como datos que reflejan el fuerte y decidido empeño de nuestro Departamento por hacer frente a la pobreza y a la exclusión de manera integral, baste la referencia a medidas contenidas en el II Plan de Inclusión Social, como son las de universalización progresiva de la renta básica: el incremento hasta el 88% del SMI y hasta el 100% para perceptores de pensiones; las nuevas excepciones para mayores y menores de 23 años, incluyendo aquellas situaciones y casos de especial necesidad; y el establecimiento de un subsidio complementario de la renta básica para sufragar las necesidades relacionadas con la vivienda.Siempre defenderemos que los gastos sociales deben responder a criterios de racionalidad, justicia, realismo y equidad y que en ningún caso deben ser objeto de demagogia ni electoralismo, porque no hay cosa más ruin, pero también más fácil, que jugar con los pobres y con los excluidos; con sus sentimientos y con sus esperanzas. Como tampoco estos gastos sociales deben supeditarse a la ley de la oferta y la demanda -el gasto social no cotiza en Bolsa-, ni a una coyuntural bonanza económica y presupuestaria, sino que tienen que ser garantizados por los poderes públicos, porque son partidas que se dirigen a cubrir el derecho a una vida digna.La lucha contra la pobreza y la exclusión es, sobre todo, un combate por defender y hacer respetar todos los derechos sociales y de ciudadanía de todas y cada una de las personas, sin exclusiones.