La memoria contra la historia

miercoles 10 de octubre de 2007
La memoria contra la historia
EL Congreso de los Diputados debatirá hoy las enmiendas que el PSOE y los grupos minoritarios han pactado para relanzar el proyecto de la llamada ley de «memoria histórica». Esta iniciativa se está prolongando desde hace más de un año y sus altibajos parlamentarios demuestran hasta qué punto no responde a una demanda social, sino a un propósito meramente revisionista de la izquierda española. En efecto, la ley de «memoria histórica» es, ante todo, la prueba irrefutable de cómo la actual clase dirigente de la izquierda -desde el socialismo al comunismo-, de consuno con sus socios nacionalistas, no habría sido capaz de participar en la Transición democrática de 1978. Con el espíritu de discordia y el resentimiento que animan esta ley, aquella ejemplar manifestación de responsabilidad colectiva que culminó en la Constitución actual no habría sido posible. Por eso, esta iniciativa va más allá de reparar las injusticias causadas en la Guerra Civil y en la dictadura franquista. Persigue, en primer lugar, desmantelar el consenso constituyente de 1978, despojarlo treinta años después de la generosidad que los españoles prodigaron unos con otros para enterrar un pasado de enfrentamientos que no empezó en 1936. Desde el comienzo de esta legislatura, la izquierda ha sostenido una política de revisión histórica para distanciarse de la Transición democrática y legitimarse a sí misma para sustituirla por la ruptura que, por lo visto, quieren sembrar treinta años después. El PSOE y sus aliados van a volver a manipular la potestad legislativa del Parlamento, transformada en una fábrica de normas legales que reflejan actitudes viscerales, sentimientos reaccionarios y voluntad de división.
Se ha hecho así con leyes que afectan a los valores de la sociedad española y a su organización territorial, y ahora se va hacer, ni más ni menos, que con un pasado resucitado para enfrentar a los españoles entre sí. Este proyecto de ley es un despropósito jurídico que se embarca en un temerario juicio retrospectivo para declarar la «ilegitimidad» de tribunales, sanciones y normas de unos períodos históricos caprichosamente acotados en interés del propósito ideológico de sus promotores. Se trata de un proyecto legislativo cínico e hipócrita, porque se apela a los valores de la Transición para justificar la discordia que va a provocar y se propone como la sutura de heridas ya cerradas, pero que la izquierda se está encargando de reabrir con el mismo síndrome del bombero pirómano. Tanto quiere ser este proyecto un experimento del proceso constituyente que habría hecho la izquierda que incluso deroga normas que ya estaban derogadas por efecto de la Constitución y siembra la confusión suficiente para que no falten quienes puedan defender que el terrorismo practicado durante el régimen anterior realmente pretendió el restablecimiento de un régimen democrático en España. Además, es un proyecto cobarde, hecho con mala conciencia, porque el PSOE, sabedor de los dislates jurídicos que contiene el texto, en vez de proponer directamente la nulidad de las sentencias dictadas por los órganos franquistas, está endosando a los tribunales de Justicia la decisión última sobre la revisión de condenas impuestas durante la dictadura, pues a los jueces corresponderá decidir qué efectos han de atribuirse a esa insólita declaración de «ilegitimidad» de las resoluciones tachadas de «represoras».
Desde la instauración de la democracia, las víctimas republicanas de la Guerra Civil y de la represión posterior han sido progresivamente reconocidas y reparadas por gobiernos del PSOE y del PP, sin necesidad de enmarcar esos actos de justicia histórica absolutamente necesarios en una ley que, como la que hoy se discute, exuda resentimiento y ansia de revancha por el resultado final de la Guerra Civil. Acabará el Gobierno provocando que la memoria histórica se active en todos los españoles, incluyendo los que quieran que este viaje al pasado no se agote en el 18 de julio de 1936, sino que se extienda a la persecución religiosa durante la II República, a la sublevación antidemocrática de la izquierda contra el Gobierno legítimo en 1934, al asesinato de Calvo-Sotelo y a los ataques a las libertades básicas, como la de expresión, de los que buena cuenta podría dar ABC, víctima del sectarismo de la izquierda desde los primeros días del régimen republicano.