Jose Luis Manzanares, La consulta de Ibarretxe

miercoles 10 de octubre de 2007
La consulta de Ibarretxe José Luis Manzanares

El lehendakari Ibarretxe sigue erre que erre con la consulta o referéndum consultivo para conocer lo que sus ciudadanos piensan sobre las futuras relaciones entre el País Vasco y España. La persistencia del terrorismo etarra no sería un obstáculo, al igual que no lo fue para las numerosas elecciones celebradas en Euskadi desde la llegada de la democracia. Y por hablar con Rodríguez Zapatero, que no quede. Madrid, que ha dialogado y negociado largo y tendido con ETA y Batasuna, deberá hacerlo también con el PNV y el Gobierno vasco.
La mayoría de las reacciones han sido tajantes. No hay que preocuparse. La nueva ocurrencia correrá la misma suerte que el proyecto de Estatuto que el Congreso de los Diputados rechazó en febrero del 2005. Se trataría de una iniciativa disparatada, imposible de materializarse por razones operativas, huérfana de toda cobertura legal y recurrible ante el Tribunal Constitucional. Y en último término estaría avocada al fracaso por la aplicación del art. 155 de nuestra Carta Magna, que prevé la suspensión de la autonomía cuando una Comunidad atente gravemente contra el interés general de España.
Sólo que el asesoramiento jurídico del PNV y de las instituciones vascas merece un respeto. Recuérdese el fiasco del Tribunal Supremo cuando el Parlamento de Vitoria desobedeció impunemente sus requerimientos para la disolución del grupo batasuno. Y sólo también que alguno de los remedios propuestos puede no ser tan eficaz como se pretende. Si todo fuera tan sencillo, el PP no hubiera tipificado esa conducta en dos artículos —el art. 506 bis y el art. 521 bis del Código Penal— que la nueva legislatura socialista derogó de inmediato.
A mí me gustaría sumarme a los que creen que el proyecto de Ibarretxe es la ensoñación de un iluminado, algo así como una pompa de jabón o un globito infantil que podríamos pinchar sin esfuerzo y sin coste alguno para nuestra pacífica convivencia, pero el optimismo general se me antoja exagerado. La Ley del Referéndum se circunscribe a los previstos en la Constitución y el único consultivo de la misma, el de su art. 92, es de ámbito nacional y tiene poca relación con el presente caso. El silencio sobre consultas autonómicas no implica necesariamente su prohibición. Al notario López Tena, vocal del Consejo General del Poder Judicial, le ha faltado tiempo para recordar que las consultas populares están recogidas de modo expreso en los arts. 29 y 122 del nuevo Estatuto de Cataluña.
Quizá sea una buena estrategia política no adelantar los pasos concretos que dará el Gobierno —y en su caso, los jueces— si Ibarretxe continúa con su hoja de ruta, pero es absurdo menospreciar el órdago como si aquí no pasara nada. Pasa, y mucho, aunque la maniobra no prospere. Habrá que sopesar cuidadosamente —ya desde ahora— las posibles respuestas según las variables circunstancias del proceso. Hay que evitar nuevos traspiés y reducir al mínimo los daños colaterales en términos de incomprensión y victimismo.