Jose Luis Manzanares, El culebron judicial de Batasuna

miercoles 17 de octubre de 2007
El culebrón judicial de Batasuna José Luis Manzanares

El reciente auto del juez Garzón acordando la prisión de destacados “batasunos” por reiteración en la conducta delictiva imputada, o sea, la pertenencia a una asociación terrorista, ha suscitado en la opinión pública reacciones encontradas. De un lado, satisfacción al comprobar que el frente judicial contra ETA sigue abierto. De otro, la sospecha de que los vaivenes en la política del Gobierno se trasladan al ámbito jurisdiccional. No en vano han sido numerosos los políticos que durante la última tregua pidieron que la interpretación de las leyes se acomodara a su interesado entendimiento de una nueva realidad social no compartido por buena parte de la ciudadanía. La amañada realidad social como coartada oportunista.
La militancia en Batasuna no depende de lo que ésta haga en cada momento, al igual que la desobediencia a la suspensión de sus actividades no será delictiva o dejará de serlo según su contenido. Se desobedece y punto. Es obvio, además, que la conducta de ese entramado “civil” de ETA se ajusta siempre a lo dispuesto por la banda matriz. Produce sonrojo tener que recordar ahora el activísimo papel de Batasuna durante las últimas negociaciones con el Gobierno o determinados partidos políticos. La posibilidad de perseguir de nuevo la participación en una asociación ilegal requiere al menos una sentencia condenatoria por la conducta anterior. Y la desobediencia a las resoluciones judiciales no es cosa de hoy. Total, que la intermitente actuación judicial suscita desconfianzas que no debieran producirse.
Sorprende también que, según consta en el mismo auto, algunos de estos individuos aparezcan ya como procesados o imputados en actuaciones de hace ocho o diez años. No sabemos los motivos por los que todavía no han sido juzgados pero, si la justicia tardía no es del todo justicia, cualquier periodo de inactividad en estos casos sería imperdonable. Los sumarios tienen como único objeto preparar la celebración del juicio oral contra unos posibles delincuentes, y en igual sentido se orientan las medidas cautelares.
Mientras más se dilate la conclusión del sumario o de las diligencias previas, mayor será el riesgo de que adquieran sustantividad como fin no querido por el legislador. Y asimismo el de que se vislumbren indeseables sintonías entre el quehacer político y el judicial. Se ha dicho que cuando la política entra por la puerta de un juzgado, la justicia sale por la ventana. Es la verdad, pero no toda la verdad. Basta con la apariencia para que el ciudadano saque unas conclusiones que, acertadas o erróneas, afectarán negativamente a su confianza en la división de poderes y, consecuentemente, en el Estado de Derecho.