Pedagogia democratica

jueves 1 de febrero de 2007
Pedagogía democrática

La concentración celebrada en apoyo al lehendakari culminó ayer la escalada de actuaciones que han promovido en los últimos días el Gobierno tripartito y Aralar para denunciar el procedimiento penal abierto por el Tribunal Superior del País Vasco a Juan José Ibarretxe, a raíz de la reunión que celebró el 19 de abril con representantes de la ilegalizada Batasuna. La gravedad que entraña, en sí misma, la inédita citación al presidente de la comunidad autónoma obligaba a los responsables institucionales y al propio encausado a combinar sus legítimos reproches a la controvertida actuación judicial con un cuidado extremo en la escenificación de su contrariedad, evitando cualquier gesto de beligerancia que alimentara, en vez de apaciguarla, la inquietud que haya podido suscitarse en la sociedad. Los socios del Ejecutivo optaron por avivar esa preocupación llamando a la ciudadanía vasca primero a manifestarse en la calle y, después, a concentrarse ante las puertas del Palacio de Justicia de Bilbao. Las dos convocatorias encadenadas en tan sólo 48 horas han hecho derivar un conflicto entre instituciones asimilable por el sistema constitucional hacia una peligrosa tentativa de confrontar una suerte de contrapoder popular con los integrantes de la Magistratura, que, lejos de desempeñar una función ajena al desarrollo del autogobierno, constituyen uno de los pilares que lo afirman y garantizan. La comparecencia en la sede de la Presidencia vasca protagonizada tras la prueba testifical por Ibarretxe y todos sus consejeros -incluido el de Justicia, en un reprobable y contradictorio ejercicio de las potestades de su cargo- da muestras de la disposición del tripartito a perseverar en el enfrentamiento. Una pretensión tanto más censurable cuando el procedimiento penal continúa su curso. El hecho de que la citación de un lehendakari resulte insólita en la reciente trayectoria democrática no significa, sin embargo, que la hostilidad entre el Gobierno de Vitoria y el Poder Judicial constituya un episodio excepcional. La movilización organizada ayer en la capital vizcaína se superpone a la celebrada hace apenas tres años, con similar vocación, para protestar por la imputación por presunta desobediencia formalizada contra el entonces presidente del Parlamento, Juan María Atutxa, cuyo encausamiento desembocó en otro desconocido enfrentamiento entre una Cámara autonómica y el Tribunal Supremo. Que los concentrados para arropar a Ibarretxe volvieran a entonar el 'Eusko gudariak', un himno de tiempos de guerra patrimonializado por la izquierda abertzale, simboliza cuán fresca se ha querido conservar en la memoria del nacionalismo aquella pugna entre poderes y lo endeble que resulta la convivencia leal entre ambos cuando aflora una crisis tan delicada como la motivada por el discutible enjuiciamiento del presidente vasco.El vigor del sistema democrático, con todas sus imperfecciones, atenúa el efecto de la ligereza con la que se conducen demasiados dirigentes partidistas. Pero sus actuaciones sí acaban generando una dañina corriente subterránea que va socavando poco a poco los principios y los valores que aseguran la fortaleza del entramado constitucional, renunciando a ejercer la necesaria pedagogía para que los ciudadanos no interioricen los conflictos como una inevitable fractura institucional y difuminando la nítida frontera que separa a quienes se someten al imperio de la ley de aquellos que sólo pretenden subvertirla. La vitalidad de la democracia se mide por su dinamismo para acomodarse y dar respuestas adecuadas a la evolución de la sociedad. Pero esa facultad únicamente puede concretarse si lo hace a partir de unos sólidos cimientos, que se basan entre otros requisitos en el respeto escrupuloso a las reglas del juego, la aceptación de la supremacía de las leyes aunque se discrepe razonadamente de su contenido y la asunción de que la plenitud democrática es incompatible con los espacios de impunidad. Si las instituciones desisten voluntariamente del liderazgo que les compete en defensa de esos valores esenciales, la ciudadanía corre el riesgo de dejar de percibirlos como premisas incuestionables que preservan la convivencia. Este recordatorio resulta aún más perentorio en una sociedad como la vasca, sometida a las dolorosas consecuencias del terrorismo y a bochornosas actitudes antisociales como las evidenciadas por el grupo de menores que profanaron hace unos días la tumba de una víctima de ETA como Gregorio Ordóñez. La causa contra Ibarretxe no finalizó con su declaración de ayer. Tanto si el juez instructor decide sobreseer las acusaciones en su contra como si confirma el procesamiento del lehendakari, los magistrados deben realizar el sobreesfuerzo de explicar sus resoluciones para paliar la confusión reinante. Pero resulta aún más acuciante que las instituciones concernidas se conduzcan con tal sentido de la responsabilidad y generosidad democrática que eviten trasladar a una ciudadanía ya suficientemente castigada su frustración ante cualquier eventual desenlace contrario a sus intereses.