Luis Pousa, Un ambiente mafioso

viernes 16 de febrero de 2007
LUIS POUSA
CELTAS SIN FILTRO
Un ambiente mafioso
Se podría decir que la estela de la marbellización ha llegado hasta Gondomar, si no fuera porque ciertos tipos de corrupción pública, vinculados al negocio de la construcción, no nacieron en el sur de la península, a los pies del Mediterráneo, y se fueron extendiendo como una mancha hasta alcanzar el noroeste que baña el Atlántico. Al igual que allá, también acá el tráfico de relaciones corruptas viene de antes, con la diferencia de que, aún siendo un mismo modelo, la velocidad y el volumen han sido distintas porque también distintas han sido la cantidad y entidad de la obra ejecutada.
La realidad es que en no pocos ayuntamientos de la geografía ibérica, y desde luego de Galicia, el soborno está a la orden del día, pero ocurre, como diría el profesor Alejandro Nieto, al que suelo citar cuando se trata de estos asuntos, que aún cuando sabemos que la corrupción urbanística existe, ¡y en qué grado!, nos rodea como una niebla y podemos palparla, "cabalmente, igual que la niebla, se nos escapa de entre los dedos cuando queremos aprisionarla".
La situación descrita es tal cual así que no resulta infrecuente el trasiego de concejales que abandonan la fuerza política con la que obtuvieron el acta en las urnas, cuando ésta se niega a darle cobertura a sus tejemanejes y les apercibe de que pueden ser expulsados. Por tanto, no nos estamos refiriendo a los casos en los que entra en juego otro aspecto de la corrupción pública de sobra conocido: la financiación ilegal de los partidos.
El caso de Gondomar, donde dos concejales populares y otras personas fueron detenidos por estar implicados todos ellos en un supuesto cobro de comisiones ilegales, deja entrever uno de los más serios problemas de la política municipal: la presencia en las corporaciones de gente que busca con ello utilizar su cargo en beneficio personal, y el campo abonado que a ese fin ofrece un urbanismo al margen de las leyes.
Pero ciñéndonos al caso que nos ocupa, el Ayuntamiento gondomarense se ha distinguido por hacer caso omiso de la Justicia y seguir concediendo licencias para edificar al margen de unas normas urbanísticas que las avalasen legalmente. No sólo eso, la historia más reciente de la comarca de Val Miñor está jalonada de atentados contra algunos de los concejales que, en su momento, denunciaron prácticas corruptas de las tramas urbanísticas asentadas en la zona.
Un ambiente así, próximo a la impunidad, no encaja con un Estado de Derecho, y es obligado atajarlo antes de que se recombine en un sociedad dominada por poderes y conductas de tono mafioso, en las que los matones son una de las armas que utilizan los poderes oscuros para imponer un tipo de urbanismo en el que la ley no existe o queda desfigurada por una caricatura que da risa.
Por eso mismo, las actuaciones emprendidas por la Justicia deberían ir hasta el fondo del caso, con todas las consecuencias.
Desde otra perspectiva, la corrupción urbanística tiene mucho que ver con un modelo que no se corresponde con una sociedad avanzada, consciente de la importancia de la calidad de vida en todos los órdenes, de que el medio ambiente, el paisaje, el control del consumo de energía, etc, son factores que deben ser tenidos muy en cuenta. Ya no valen medias tintas: el viejo modelo urbanístico representa el atraso y la corrupción.