PARA FORZAR LA RENOVACIÓN DEL CGPJ
Bermejo pretende la dimisión en bloque de los vocales "progresistas"
Miguel Ángel Orellana
El "efecto Bermejo" deja KO el Pacto-AntiETA: Zaplana tira la toalla
El ministro de Justicia lo ha dicho desde el día de su toma de posesión: en una insólita interpretación de las cosas, negó legitimidad al actual órgano de gobierno de los jueces.
23 de febrero de 2007. Nadie auguraba una renovación pacífica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Antes bien, la tensa relación entre PSOE y PP en todas las materias, pero especialmente en Justicia, hacían prever que la formación del nuevo órgano de gobierno sería difícil y complicada. Pero Mariano Fernández Bermejo, nuevo ministro de Justicia, promete retorcer el marco jurídico para cumplir los objetivos del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. Fernández Bermejo ha actuado siempre desde un planteamiento de izquierdas. Él jamás lo ha negado, además. Y su nombramiento supone que el presidente del Gobierno enseña su peor cara y más dispuesta a eliminar a la oposición política del sistema para asegurarse su permanencia en el Poder. Eso dicen al menos los populares. Y el primer encargo del ministro es "poner patas arriba el CGPJ", según ha confirmado Elsemanaldigital.com en fuentes judiciales de absoluta solvencia. No en vano, el Consejo General del Poder Judicial nombra los titulares de los principales juzgados e impone sanciones y controla a los magistrados de todo el país. El movimiento de ficha más sonado del titular de Justicia tendrá lugar en las próximas semanas para mover el sillón de la mayoría conservadora con la dimisión en bloque de los seis vocales adscritos a Jueces para la Democracia y que forman parte de la minoría progresista del Consejo, con la esperanza de que, tras la renuncia, el actual CGPJ quede deslegitimado y se fuerce al PP a su renovación. "Eso se llama vulnerar las reglas del juego democrático, le guste o no a Fernández Bermejo, y lo practican los regímenes totalitarios con demasiada frecuencia", advierten en medios jurídicos consultados. Y al fondo se encuentra el control de la Sala Especial "del 61" del Tribunal Supremo, la que decide sobre la legalidad o ilegalidad de las formaciones y en la que la presencia del aún presidente del Consejo y del Supremo, el conservador Francisco José Hernando, resulta decisiva. La citada Sala podría promover que el Alto Tribunal decida sobre la posible ilegalización del PCTV, la marca con la que ETA-Batasuna podría presentarse a las próximas elecciones municipales y forales vascas y contra la que los populares han apuntado todas sus baterías. El propio Mariano Fernández Bermejo viene preparando el terreno para el colofón con embates a la línea de flotación de los populares en materia judicial. Ya en su toma de posesión recogió la cartera de la mano de su antecesor Juan Fernando López Aguilar y, a renglón seguido, pronunció un discurso en el que afirmó que "carece de legitimidad" el órgano de los jueces -que no se ha renovado desde el mes de noviembre- y que la Justicia atraviesa por un momento delicado ya que los populares la utilizan con "usos espurios" al no haber aceptado su derrota en las urnas. Pues que se aten los machos en la sede de Génova, porque con Fernández Bermejo al frente de Justicia, en las próximas semanas el acoso ante los ojos del circo mediático nacional al que se va a ver sometido el Partido Popular va a ser de órdago. Afianzada la muerte de la división de poderes en la última legislatura del ex presidente José María Aznar, ahora, en el PP, se dan golpes en el pecho y lamentan no haber tenido algo más de visión de futuro.
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