martes 20 de febrero de 2007
Acierto estratégico del PP
EN cierta medida, no le falta razón al secretario de Organización del PSOE, José Blanco, cuando afirma que «si hubiera dependido del PP, Andalucía no habría tenido nuevo estatuto». No le falta razón porque no fue el PP quien abrió hace tres años el incierto camino hacia unas reformas estatutarias y del modelo de Estado que están poniendo en peligro el andamiaje territorial cuidadosamente levantado durante la Transición. Culpar al PP como excusa para no reconocer errores propios, tal y como ayer hicieron los socialistas en una irreflexiva reacción al fracaso sin paliativos del referéndum en Andalucía, es un ejercicio de cinismo: son el jefe del Ejecutivo, Rodríguez Zapatero, y el presidente andaluz, Manuel Chaves, en calidad de impulsores de una reforma que no interesa al ciudadano -a la vista está-, quienes deben asumir en primera persona el fiasco de su iniciativa, por muy ajustado a la legalidad que este proceso haya estado de principio a fin.
El PP no ha incurrido en la «deslealtad» que le imputa el Partido Socialista. Por el contrario, es digna de elogio la actitud del líder del PP andaluz, Javier Arenas, quien no sólo ha sabido reconducir con una meritoria capacidad negociadora los excesos filonacionalistas que el PSOE pretendía cometer con el estatuto andaluz al amparo de otras iniciativas de reformas más arriesgadas, sino que acertó al implicar a su propio partido en la estrategia de dejar al descubierto el desdén ciudadano por este tipo de aventuras. En un principio, el PP no impulsó de la mano de Chaves la reforma estatutaria andaluza, pero después demostró un alto grado de responsabilidad ante los ciudadanos al aceptar un mal menor, cual fue contribuir con decisión a convertir un articulado original redactado por el PSOE con tachas de inconstitucionalidad en un texto que, aun siendo discutible desde un punto de vista político, probablemente no necesitará ser sometido al escrutinio del Tribunal Constitucional. Sumándose en última instancia a este nuevo estatuto, el PP asumía el riesgo de ser censurado por entrar en el juego de Zapatero y en el laberinto de su irresponsable modelo territorial. Pero Arenas -y con él Mariano Rajoy- era consciente de que también era la única alternativa para que el PSOE e IU no impusieran a los andaluces, de manera unilateral y bajo unos criterios dudosos, un nuevo estatuto autonómico contraproducente. Además, estratégicamente ha servido para poner de manifiesto la debilidad argumental de Chaves y del PSOE al promover una reforma innecesaria y no reclamada por la sociedad con el fin de satisfacer los planes de Zapatero y servir de coartada a otro estatuto, el catalán, cuya constitucionalidad sí está aún por determinarse. Y en segunda instancia, ha servido para poner en entredicho la capacidad de movilización del PSOE en un feudo como Andalucía, con el consiguiente regusto amargo que este referéndum ha debido dejar, de modo especial, en Moncloa y en Ferraz.
Lo ocurrido rubrica un innegable divorcio entre políticos y ciudadanos, además de una parálisis de la gestión de Zapatero. En este diagnóstico se adentró ayer en Barcelona el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, quien propuso como solución a esta parálisis una iniciativa novedosa y de calado que no debe caer en saco roto: crear un «eje de vertebración» Madrid-Barcelona como base para fortalecer la cohesión territorial en España. A este afán por combatir la «parálisis política» causada por Zapatero debe vincularse asimismo la decisión de Rajoy de confiar a un político experimentado y de solvencia en el PP, Pío García-Escudero, la campaña electoral de mayo. Víctima de su propio bloqueo, Zapatero parece negarse a observar cómo el PP da cuerpo a estrategias que sí ofrecen nuevos escenarios y soluciones al ciudadano.
lunes, febrero 19, 2007
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