El PSOE y sus socios hacen cuentas

miercoles 11 de abril de 2007
El PSOE y sus socios hacen cuentas
LA reforma de la ley de Financiación de los Partidos Políticos es fiel reflejo de la estrategia socialista para aislar al PP que viene practicando desde el principio de la legislatura. Se trata de una ley que debería ser pactada entre los dos grandes partidos de ámbito nacional puesto que afecta a reglas básicas del Estado democrático. Sin embargo, el PSOE ha cerrado acuerdos con los nacionalistas y plantea posturas que no son asumibles por la oposición, buscando una vez más que los populares ofrezcan una imagen de soledad parlamentaria. Es una táctica oportunista que reporta tal vez ciertas ventajas a corto plazo, pero que resulta desleal hacia el pluralismo político: en democracia, es tan importante la oposición como el Gobierno, mucho más cuando aquélla representa a casi diez millones de ciudadanos. La nueva ley favorece además los planes del Ejecutivo en relación con Batasuna o con cualquier otra marca electoral vinculada con ETA. En concreto, las cinco causas de la normativa vigente para retirar o denegar ayudas públicas a los partidos quedan reducidas a una sola, frente al criterio del PP en favor de mantener los eficaces filtros actuales, como se demostró precisamente en el caso de Batasuna. La cuestión tiene especial relevancia ante eventuales próximos pasos en el «proceso de paz», dado que la viabilidad de las negociaciones pasa necesariamente por que el entorno de ETA recupere -a través de los partidos y de su presencia en las instituciones- los ingresos perdidos por la ilegalización.
Por otra parte, la ley está diseñada a la medida de las necesidades del PSOE y de sus socios. Hay una subida general de subvenciones del 20 por ciento, privilegios fiscales y otras ventajas que incrementan la financiación pública y favorecen así a las formaciones que viven a expensas de los presupuestos generales. En la realidad actual del sistema democrático, la tendencia hacia la partitocracia produce un grave deterioro en la legitimidad del sistema, dado que acrecienta la distancia entre la clase política y la sociedad civil. Por ello, es contradictorio predicar la democracia participativa o deliberativa y las ideas en favor de una ciudadanía activa al tiempo que se favorecen los peores vicios del modelo que otorga a los partidos el monopolio de la representación. Mucha gente se siente discriminada cuando compara su posición como cliente de una entidad bancaria con la condonación de las deudas de los partidos. De ahí el acierto del PP al presentar una enmienda en favor de la transparencia, que obligaría a todos a hacer públicos sus créditos bancarios. El vínculo entre financiación de partidos y corrupción es algo más que una sospecha infundada, pero no se debe generalizar porque perjudica injustamente a quienes cumplen la ley con rigor. Parte de los casos de actuaciones ilegales en el ámbito urbanístico están conectados con mecanismos que aportan dinero de forma irregular a los partidos. La idea de que los constructores y los promotores inmobiliarios no puedan realizar donaciones está orientada en la dirección correcta, aunque siempre podrían buscar fórmulas indirectas de muy difícil control. Pero el PSOE y sus socios tampoco parecen dispuestos a aceptar una propuesta tan razonable, llevados entre otras cosas por el afán «recaudatorio» que inspira todo el texto de la ley. Lo cierto es que nadie se va a creer que determinadas empresas con intereses muy concretos en el ámbito local aporten fondos al partido que cuente con mayoría en el municipio sin esperar nada a cambio.
Mezclar dinero y política es muy arriesgado, ya que genera un ambiente donde proliferan los negocios turbios y los personajes de dudosa moralidad en el manejo de los caudales públicos. El asunto se complica todavía más si entran en juego, a la hora de otorgar créditos o de perdonar deudas, las propias cajas de ahorros, que están controladas en buena medida por las comunidades a través de consejeros propuestos por los partidos. El conflicto de intereses es patente, porque resulta inevitable pensar que van a actuar como juez y parte de una causa que afecta directamente a las formaciones políticas a las que deben su nombramiento y de las que depende su continuidad. En definitiva, como establece la Constitución los partidos son elemento sustancial en el Estado democrático, pero no pueden convertirse en instituciones privilegiadas al margen de los ciudadanos.