Los derechos historicos y otras historias de ficcion

sabado 15 de diciembre de 2007
Los derechos históricos y otras historias de ficción
Pascual Tamburri (Elsemanaldigital.com)

A LGUNAS Comunidades españolas, con distintos argumentos jurídicos o literarios, reivindican un fundamento "histórico" para su autonomía. Algunos incluso pretenden que existe un derecho "histórico" a la secesión de España. Y en todas partes en general pero en Navarra en particular este debate decimonónico está de plena actualidad. Decía Gracián el otro día en ABC que "las invocaciones a realidades históricas deben tener expresión jurídica dentro de la Constitución. Por este motivo su actualización (tanto en relación con sus titulares, como respecto de su contenido) sólo puede ser hecha por la norma constitucional y nunca por la norma estatutaria, de suerte que se pueda crear una especie de doble legitimidad. Tampoco puede suponer la institucionalización de un sistema jurídico y político que resulte contrario a la Constitución." ESTE ASUNTO ESTABA RESUELTO… HACE UNSIGLO La ley de 1839 sobre los fueros vascos y navarros –derogada por la Constitución de 1978 sólo en lo relativo a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y mantenida para Navarra- y la Ley de 1841 para Navarra dejaron bastante claras las cosas. El Estado liberal, democrático, moderno, puede reconocer y aceptar la autonomía foral de alguna provincia o región, pero siempre desde la afirmación de la soberanía nacional única y dentro del respeto de la unidad constitucional de España. ¿Qué quiere decir esto? Que los Derechos anteriores siguen en vigor porque el Estado soberano así lo quiere en ejercicio de su soberanía, no porque esté escrito que deba ser así ni porque la soberanía popular pueda conocer límites o cortapisas. Y que esa autonomía deberá ejercerse de manera que no se violen los principios básicos de la convivencia, por ejemplo la igualdad de todos los españoles ante la Ley. Los liberales navarros –bueno, algunos de ellos, los que en el siglo XIX quisieron esta autonomía, que no fueron todos- matizaron tal doctrina diferenciando la unidad indisoluble de la nación de una, desde su punto de vista indeseable, uniformidad absoluta. De ese compromiso intelectual y por supuesto de la voluntad de todos los poderes constituyentes desde entonces, incluyendo a Francisco Franco y a las Cortes de 1978, de respetar para Navarra una autonomía a la que quisieron seguir llamando foral. QUÉ NO SON LOS DERECHOS HISTÓRICOS Juan José Ibarretxe ha entregado el premio Sociedad de Estudios vascos Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales al veterano peneuvista y catedrático de Historia del Derecho en la Universidad Pública que creó el PSOE, Gregorio Monreal, por el "compromiso" de éste "con la sociedad, la Cultura, las instituciones vascas y sus derechos históricos". Según Ibarretxe esos derechos son "la Constitución del Pueblo Vasco". Esa tontería, con diferentes matices, la paga generosamente el PNV cuando la defiende por ahí Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, pero no deja de ser un absurdo jurídico, un imposible histórico y una falacia política. No conozco a nadie que sepa de nuestros fueros medievales más que don Ángel Martín Duque, ni a nadie que haya vivido tan intensamente la foralidad navarra subsistente tan intensamente como don Javier Nagore Yárnoz. Ninguno de los dos comparte ni la idea de Ibarretxe ni sus supuestos fundamentos. El Antiguo Régimen se basó en la desigualdad jurídica, en la existencia de privilegios, de derechos propios, de una diversidad de Ordenamientos connatural a una sociedad y una política radicalmente diferentes a los nuestros. Si hoy vivimos en un Estado moderno (y, además, democrático) es porque aceptamos la igualdad ante la Ley, la unidad del Ordenamiento, el monopolio del poder, la autoridad y la legitimidad en ese Estado. La idea de Ibarretxe rompe con todo eso, falsea lo que dice la Constitución, reinventa unos fueros a medida y nos devuelve al Antiguo Régimen. Mal está que él quiera eso, peor que lo quiera ocultar y mucho peor aún que por pura ignorancia desde otros espacios políticos se dé por bueno o se limite su planteamiento.

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