Ladron de Guevara, El fascio catalan

miercoles 26 de diciembre de 2007
El fascio catalán
Ernesto Ladrón de Guevara
U NA democracia con un sistema saludable de libertades tiene que partir necesariamente del paradigma liberal. Cuando la teoría falazmente igualitarista se impone sobre la primacía de la libertad, se subvierten los valores y se deterioran los principios que fundamentan la democracia. El ethos basado en territorio y lengua no debe nunca estar por encima de los derechos individuales, de los ciudadanos físicos. El Dr. D. Carmelo González es un prestigioso médico dedicado a la investigación biotecnológica y al ensayo de nuevos medicamentos. Un ciudadano catalán como él de economía holgada y vida asentada no necesita meterse en líos, y mucho menos cuando éstos van a contracorriente. Sin embargo, D. Carmelo González, padre de dos hijos, viene desarrollando una lucha ejemplar para defender los derechos de sus dos pupilos, pues entiende que si no lo hace él el Estado no va a proteger esos derechos. Llegó al extremo de hacer una huelga de hambre. El Dr. González, que me honra con su amistad, me contaba que, desesperado porque el sistema público de enseñanza catalana no proporciona a sus hijos el derecho a la educación en la lengua materna –castellano- y ha eliminado del currículo cualquier atisbo de la lengua oficial de España, ha optado por llevar a sus hijos a un carísimo colegio alemán, principalmente porque en ese centro se impartía la enseñanza, además de en alemán e inglés, en castellano. Pues bien, eso era hasta hace poco, pues la Administración educativa catalana parece haber presionado hasta conseguir que en dicho centro no concertado no se imparta enseñanza en castellano, con la amenaza de no validar la titulación académica resultante. De tal forma, tal como me lo cuenta mi amigo Carmelo, que ahora no hay una sola institución educativa catalana donde se pueda recibir la enseñanza obligatoria en la lengua del conjunto de los españoles. Este hecho, además de un grave daño para los escolares de Cataluña a los que se les priva del conocimiento de la segunda lengua en número de hablantes del mundo, si excluimos al chino, es un genocidio cultural. Pero, además, supone un atentado a los derechos individuales de los ciudadanos, que, acogiéndose a las recomendaciones de la ONU o a su propia voluntad, quieren elegir para sus hijos la enseñanza en castellano. Este derecho se recoge en la jurisprudencia ya consolidada por diversas sentencias judiciales que el Gobierno de la Generalidad incumple sistemáticamente. E, incluso, incumple, también, la propia ley lingüística de Cataluña que reconoce que tanto el catalán como el castellano son lenguas oficiales en esa Comunidad, como también se recoge en la Carta Magna. Por ello, este miércoles previo a las fiestas navideñas, se va a debatir en el Parlamento catalán una iniciativa legislativa popular suscrita por cincuenta mil ciudadanos catalanes, en la que se dice, en síntesis, algo que debiera ser obvio, cual es que el castellano y el catalán han de ser lenguas vehiculares de la enseñanza en Cataluña y que se ha de preservar el derecho a la educación en la lengua materna. Evidentemente un axioma tan claro y lógico, como que la luz del día es solar, será rechazado por políticos mediocres y antiliberales que pululan por esa ya desacreditada autonomía. Dejarán a esos cincuenta mil ciudadanos y a otros muchos que no se han atrevido a firmar algo que es un derecho de cualquier persona, legítimo y justo, solos y descompuestos. Me gustaría equivocarme. No obstante, y a pesar de todo, habrá que felicitar a la Asociación Convivencia Cívica Catalana, y más en concreto a su presidente Paco Caja, por su pertinaz y esforzada lucha por las libertades de los ciudadanos, y por esclarecer la verdad que no es otra que los derechos constitucionales han dejado de serlo en Cataluña, como también sucede en Vascongadas, y que la democracia es un hecho más formal que real. Gracias a la valentía y a la lucidez intelectual de ese movimiento cívico en Cataluña se oirá la voz de los que son abandonados por los poderes públicos catalanes y españoles. Mientras, el Sr. Solbes, Ministro de Economía y Hacienda de dudoso ejercicio, nos aconseja comer conejo estas Navidades y no pagar propinas. Mejor sería que controlara la inflación poniendo remedio al monumental gasto público en unas comunidades autónomas que desearían ver despedazada a España tal como pronosticó uno de los ideólogos del nacionalismo totalitario: Sabino Arana. Y de paso, bueno sería que su Gobierno lejos de promover derivas hacia actitudes totalitarias en esas comunidades, pusiera algo de su parte para procurar la preserva de los derechos de los ciudadanos, que no son de carácter colectivo, sino que pertenecen al fuero individual.

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