No al canon, si a la copia privada

19-XII-2007
No al canon, sí a la copia privada
Pedir la abolición de una tasa irracional y abusiva que redunda en una casta de artistas privilegiados es sintonizar con el sentir de la mayor parte de los ciudadanos

Si no mantuviésemos en España una clase política tan servil y alejada de los verdaderos intereses de la gente, no tendríamos que estar aguantando el indigno culebrón que, a cuenta del canon que cobra la SGAE, padecemos desde hace meses y con especial virulencia durante la última semana. El célebre canon, que no es más que una tasa lineal que se impone porque sí a una serie de soportes de almacenamiento digital en beneficio de una entidad concesionaria del Estado, nunca debería haberse aprobado. Es arbitrario, ilógico y, sobre todo, injusto.
La Sociedad General de Autores lo justifica arguyendo que la copia privada de contenidos sujetos a derechos de autor precisa de compensación económica por parte de los consumidores. Esto es, evidentemente, una aberración pues esta copia es un derecho contemplado por la Ley mucho antes de la invención del canon. Pero ni aceptando los retorcidos argumentos de la SGAE se sostiene la aplicación de esta tasa ya que hace pagar –a priori– un impuesto a todos los que adquieran un soporte (ya sean discos duros, compactos o tarjetas de memoria) aunque no pretendan en momento alguno realizar copias privadas de obras sujetas a los derechos que la SGAE tutela.
Las razones para oponerse al canon digital son tantas y tan poderosas que sorprende que alguien, aparte de la SGAE (que ingresa 100 millones de euros al año en concepto de "compensación por copia privada"), defienda su oportunidad y aplicación. La actitud del PSOE en este asunto hace las veces de excepción y de síntoma de cuáles son las hipotecas contraídas por los líderes del partido cuando estaban detrás de la pancarta en los tiempos del Prestige, el No a la Guerra y el Hay Motivo. Los socialistas devuelven viejos favores legislando para sus amigos, los mismos que, tan pronto como comience la campaña electoral, volverán a prestar un apoyo supuestamente incondicional al actual inquilino de La Moncloa.
Para el PP, sin embargo, que nada tiene que agradecer a los endiosados popes de la subvencionada cultura oficial, la circunstancia es bien distinta. Oponiéndose al canon se erigen como paladines de una causa justa y mayoritaria, nacida de la sociedad civil y que cuenta con el respaldo explícito de millón y medio de personas que han apoyado el manifiesto contra el canon digital. No podemos sino aplaudir, por tanto, la decisión de Mariano Rajoy de respaldar en el Congreso el voto de los populares en el Senado.
Pero, por encima de cuestiones coyunturales como las elecciones de marzo, pedir la abolición de una tasa irracional y abusiva que redunda en una casta de artistas privilegiados es sintonizar con el sentir de la mayor parte de los ciudadanos. Es también apostar por la despolitización de la cultura y por devolver las aguas a un cauce del que nunca deberían haber salido. La industria cultural debe adaptarse a los tiempos que corren y aprender a convivir con las nuevas tecnologías que, para fortuna de todos, especialmente de los artistas, posibilitan la difusión del conocimiento con una rapidez extraordinaria.
El fin del canon –que no implica en modo alguno la desaparición del derecho a la copia privada– no pondrá en duda los derechos de propiedad intelectual ni irá en menoscabo de los autores, simplemente retirará la patente de corso que el Gobierno adjudicó en mala hora a una gestora de derechos. Una gestora que, bajo ningún concepto, está legitimada para mover la legislación a su antojo y en su beneficio, atropellando con ello el sentido común y la idea más elemental de Justicia.

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