Ismael Medina, Rodriguez y el timo del tocomocho

viernes 14 de diciembre de 2007
Rodríguez y el timo del tocomocho
Ismael Medina
E L P(SOE) y sus bien retribuidos partidos cipayos rechazaron en el Congreso de los Diputados la proposición no de ley del Partido Popular para revocarla resolución de mayo de 2005 que autorizaba al gobierno a proseguir las negociaciones con ETA. Era la cuarta vez que daban con la puerta en las narices a una aspiración que reclaman la mayoría de los españoles. Parecía la ocasión propicia tras el asesinato de los dos Guardias Civiles en la embocada de Capbreton. Pero a Rodríguez y a la gentuza que le rodea y respalda les trae sin cuidado la sangre vertida en servicio a España. Componen un gesto apesadumbrado para la televisión en los funerales herméticos y siguen a lo suyo, a chalanear con los asesinos, cuando retornan a los despachos de la Corte de los Milagros en que han convertido el llamado arte de la política. Rodríguez parece empecinado en dar a la razón a Napoleón cuando sostenía que la política es una casa de putas cuyas rameras son poco agraciadas. Vano empeño el del PP, defendido por Ignacio Astarloa, uno de los escasos parlamentarios con sobria y sólida capacidad dialéctica que no precisa de aspavientos a la hora de coger por las cuernos al toro de la verdad. Tres cuestiones básicas planteó Astarloa para que la lucha contra el terrorismo deje de ser un ficción: la ya aludida revocación del acuerdo que autorizaba a Rodríguez la prosecución de las innobles negociaciones con ETA; la ilegalización de ANV-PCTV; y que los delitos de terrorismo no prescriban. ³Dejemos claro, todos juntos ¬emplazó a los tolondros de la izquierda-, cosas que nunca debieron ponerse en cuestión. Primero, que con los terroristas nunca se va a negociar. Segundo, que los terroristas no pueden ser diputados, alcaldes o concejales, ni financiarse con los impuestos que pagamos todos. Y tercero, que la derrota del terrorismo pasa por la aplicación de la ley. Volvamos a los mecanismos legales para acabar con la impunidad². ¿En qué mecanismos legales puede fiar el PP y, sobre todo, podemos confiar los españoles? El gobierno hace las leyes, su mayoría parlamentaria las impone y los centros de poder izquierdista en la Administración de Justicia las vulneran o acomodan siempre que conviene a la deriva de Rodríguez, incluso cuando estén aquejadas de notoria inconstitucionalidad. Esta es la realidad. El Saturno totalitario ha devorado al Estado de Derecho y convertido la democracia en su excremento. Rodríguez practica el tocomocho político con chulería y tosquedad. Ofrece billetes falsos de democracia como si fueran válidos. Pide la ³unión de los demócratas² con la pretensión de que el PP muerda el anzuelo y se avenga a sus trapacerías. Pero ni cierra la puerta a futuras claudicaciones ante el terrorismo ni está dispuesto a que ANV-PCTV dejen de seguir alimentando a ETA con información, dinero y captación de nuevos bandidos prestos a matar. Existen otras evidencias además de la escandalosa negativa parlamentaria a retirar el acuerdo que autorizaba al gobierno a negociar con ETA. Me refiero al tocomocho de la ilegalización de ANV-PCTV. El primero en resistirse fue el impenitente maniqueo Baltasar Garzón, bajo el pretexto de que ³perturbaría gravísimamente el resultado de la investigación². Criterio en el que recayó la Fiscalía General del Estado con el argumento de que no se tardaría ni una hora en la ilegalización una vez que las pruebas la justificaran. El asesinato de los Guardias Civiles en Capbreton y el fracaso de la manifestación convocada por los partidos políticos, a iniciativa de Rodríguez, exigió al gobierno dorar la píldora para anestesiar a la opinión pública, cada vez más encrespada. La Fiscalía General del Estado acudió al quite y anunció que había ordenado a la del Tribunal Supremo redactar la demanda de ilegalización de ANV. Puro trampantojo que se encargó de destapar el incontinente Bermejo, ministro de No Justicia, con un sonoro desmentido de la viabilidad de ilegalización. Un bofetón a Conde-Pumpido que éste encajó sin rechistar. Sostuvo Fernández-Bermejo que la ilegalización de ANV debe pasar ³por el trance de la Sala 61 del Tribunal Supremo, el control del Tribunal Constitucional y, si llega el caso, el de la Corte de Estrasburgo². Buena guía para los batasunos. En este asunto, como en tantos otros, el gobierno y sus brazos judiciales no hacen otra cosa que marear la perdiz. A la Fiscalía del Tribunal Supremo todavía no le había rllegado el pasado día 12 la orden de redactar la demanda. Sólo la de estudiar a fondo la viabilidad de la demanda y la jurisprudencia aplicable del Alto Tribunal y del Constitucional, amén de recabar asesoramiento de otros fiscales a los que hubieran correspondido casos de parecida índole. Es palpable que se persigue retrasar una decisión hasta después de las elecciones generales de marzo, a la espera de que Rodríguez renueve mayoría con los apoyos habituales de IU y las minorías nacionalistas y quede todo en agua de borrajas. Aunque la demanda de la Fiscalía se presentara antes de Navidades, el procedimiento llevaría tres meses cuando menos, si bien podría alargarlo hasta seis meses o más la Sala 61 del Tribunal Supremo. La ilegalización de ANV no sólo afecta a los municipios en que se instaló merced a la trampa selectiva de la Fiscalía General del Estado, refrendada por el Tribunal Supremo. También a su participación en las próximas elecciones generales, la cual puede darse ya por segura a tenor de lo explicado y podría proporcionarle dos representantes en el Congreso de los Diputados. Posibilidad grata para Rodríguez por dos razones: dispondría de dos apoyos más para proseguir sus irresponsables negociaciones de falsa paz con el terrorismo; y restaría esos dos votos al PNV, al que pretenden arrinconar, como hizo con CiU para favorecer en la taifa vascongada una réplica del ³tripartito² catalán, aunque más amplia, la cual otorgaría posición privilegiada al PSE-PSOE de López, el principal y más entusiasta agente de entendimiento con la banda terrorista. Y aún restaría tiempo a los batasunos para concurrir a las elecciones de marzo bajo otra etiqueta. Pero la trampa no acaba con la ilegalización de ANV. Aún en el supuesto de que la ilegalización fructificara, sólo desparecerían las siglas de ANV y su existencia jurídica como partido. Pero no la permanencia de sus concejales elegidos en las elecciones municipales. Aunque no gocen de la condición de aforados, les ampara la normativa electoral vigente. Habría de recurrirse a demandarlos uno por uno bajo la acusación de colaboración con banda armada, así como a quienes les reemplazaran al permanecer en la reserva de las listas electorales presentadas. Cientos de demandas cuya tramitación judicial se alargaría durante años. Sólo podría impedirlo en el futuro una reforma de la Ley Electoral en línea con la existente en otros países europeos. Pero exigiría un acuerdo entre P(SOE) y PP de la que huyen los socialistas como gato escaldado, además de que habría de alcanzar el acuerdo en la próxima legislatura. Poco o nada resolvería el retorno del P(SOE) a la Ley de Partidos y al Pacto Antiterrorista. El comportamiento de Rodríguez y comparsas alerta de que sería más retórico que efectivo. Mera careta para esconder la persistencia en sus desleales e infaustos compromisos desintegradotes de España. En alguna ocasión ha sostenido el presidente del desgobierno que ambos instrumentos de ³consenso² deberían abrirse a las restantes formaciones del arco parlamentario. Se trataría entonces de reproducir en su seno el bloqueo de las propuestas antiterroristas del PP que ahora existe en el Congreso de los Diputados. Otra versión del tocomocho. No sólo soy yo quien pone en duda la viabilidad de la ilegalización de ANV con la que quieren engañarnos el gobierno y el Fiscal General del Estado. El periódico digital ³El Confidencial², de Jesús Cacho, recogía días atrás la opinión de la Asociación Jueces para la Democracia y de la Asociación Progresista de Fiscales, una y otra ideológicamente vinculadas a la izquierda en el poder. No digo que pocos o muchos de sus miembros estén vinculados a la masonería. Pero sí recordar que la infiltración en las instituciones de la Justicia ha constituido tradicionalmente uno de los objetivos preferentes de la secta. Se confirmó durante la II República a la que Rodríguez se esfuerza por hacernos retornar. Declara José Jaime Tapia, portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia (creí en un tiempo que los jueces lo eran para la Justicia) su criterio de que habría de comenzarse desde cero para ilegalizar ANV. Lo explica así: ³Porque ANV no es una simple sucesión de Herri Batasuna y de Batasuna, hay que iniciar un procedimiento de demanda con pruebas de la vinculación entre ANV y la propia ETA, no sólo que condene o no la violencia, sino también la conexión económica, que forma parte realmente del entramado de la bandaŠuna pluralidad de indicios². Y añade el argumento de que se pensó en formaciones ³sucesoras de Batasuna y ANV tiene más de cincuenta años de historia, es anterior a la formación ilegalizada, y condena la violencia en sus estatutos². Por todo ello, añade Tapia, debe primar ³la garantía constitucional y no se puede ejecutar la sentencia de 2003 sin más². Idéntica argumentación la del portavoz de Jueces para la Democracia a la expuesta por Fernández-Bermejo. La refrenda asimismo Gabriel Bravo, portavoz de la Asociación Progresista de Fiscales: ³La Ley de Partidos es muy precisa y concreta. Se ilegalizará a una formación política que dé apoyo a una formación terrorista (Š) Esta norma ha sido interpretada en su momento por el Supremo y el Constitucional y no basta con un acto concreto de no condena de la violencia para instar a la ilegalización inmediata (Š) Tiene que haber cierta continuidad en los actos, estudiar los lazos económicos². Si no se sigue este procedimiento, alerta Bravo, ³acabaríamos con el Estado de Derecho². Vamos de sarcasmo en sarcasmo puesto que Policía y Guardia Civil, según filtraciones publicadas en algunos medios, han recopilado abundante información documentada sobre las habituales conexiones entre ANV-PCTV y el bandidaje terrorista del que son cobertura política. ¿Se la ha guardado el ministro de Interior o la Fiscalía General del Estado no la considera suficiente ni lo bastante sólida, pese a reflejar lo que todos conocemos? La Sala 61 del Tribunal Supremo parece hilar tan fino como Fernández-Bermejo, Jaime Tapia y Gabriel Bravo. El pasado día 12 se conocía una resolución de dicha Sala relativa a la ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna. La resolución acuerda no decretar ³en este momento² el embargo de las ³herriko-tabernas², realizado al amparo de la sentencia de octubre de 2006 cuya ejecución contemplaba la entrada en ellas de las Fuerzas de Seguridad del Estado para inventariar locales, dinero y enseres ante los indicios que las vinculaban a la ilegalizada Batasuna. ¿Y por qué es inconveniente decretar el embargo ³en este momento²? ¿Acaso, y salvo que se refiera al momento procesal, por las mismas razones políticas que sirven al gobierno para trapichear con la ilegalización de ANV-PTCV? Todos estos elementos de juicio alimentan la certeza, más allá de una fundada sospecha, de que Rodríguez reanudará las negociaciones con la bandacriminal si se mantiene al frente del gobierno tras las elecciones de marzo. Ni el acuerdo con Sarkozy para una acción policial conjunta ni las jaleadas detenciones recientes en suelo español poseen credibilidad. Rodríguez tiene bien demostrada su capacidad para traicionar lo que sea, incluso la integridad de España, menos la memoria de su abuelo rojo, elevadoa los altares laicos de la revancha y del odio. Los bandidos etarras conocen de sobra que su estancia en prisión será temporal mientras permanezca vigente la prescripción de los delitos de terrorismo, no se decrete el cumplimiento íntegro de las penas y puedan acogerse a las reducciones establecidas por la normativa carcelaria. Confían además, en quesi Rodríguez sigue en el poder el acuerdo con ETA y sus brazos políticossupondrá la excarcelación de todos ellos. Los independentistas catalanes, vascos y gallegos duermen en la misma camamaricona que los socialistas de sus taifas y tienen agarrado a Rodríguez porlos cojoncillos. Es su prisionero político. Y fiel a lo que le dictan, Rodríguez declama en el escenario de la farsa, mueve a sus papagayos políticos y mediáticos para segarle al PP la hierba electoral bajo los piesy persiste en enviar mensajeros as los terroristas por los subterráneos del poder. Sólo los tontos de remate o los uncidos a la noria socialista pueden desconocer que, además de la consolidación de una tiranía roja de corte chavezista, el destino de España como nación y entidad histórica dependen del resultado electoral del próximo marzo. Una derrota ostensible de Rodríguez acarrearía casi con toda seguridad una desintegración interna parecida a la de UCD.

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