martes 13 de noviembre de 2007
Sensatez en el Tribunal de Cuentas
EL Tribunal de Cuentas goza de una larga trayectoria histórica como garante del rigor en la gestión de los fondos públicos. Alejado de la primera fila de la disputa política, está concebido por la Constitución como una institución que colabora con las Cortes Generales en el examen y fiscalización de la ejecución presupuestaria. De ahí que sus miembros sean reclutados entre personas de prestigio en el ámbito académico y financiero, sin que haya prevalecido hasta ahora el perfil partidista de los diversos consejeros. Por fortuna, el Tribunal de Cuentas ha conseguido librarse ahora de algunas maniobras que pretendían hacerse con su control, tal vez para evitar informes incómodos sobre financiación de partidos como el PSOE, en los que se ponían de relieve sus cuantiosas deudas y la condonación de algunas de ellas por bancos y cajas de ahorros. Esta vez, en efecto, la elección del nuevo presidente se ha desarrollado por cauces razonables, mediante un acuerdo unánime que atribuye el cargo a Manuel Núñez, veterano diputado -que lo fue en su día de UCD y luego del PP- y distribuyendo equilibradamente la presidencia de las secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento. Se trata de una fórmula ponderada y sensata para buscar el consenso en el funcionamiento de una institución en la que la dura pugna que habitualmente protagonizan en otros órganos del Estado los bloques «conservador» y «progresista» no se reproduce aquí con la misma intensidad, lo que aleja el fantasma del «bloqueo».
La influencia política de los acuerdos del Tribunal de Cuentas es menor que la del Tribunal Constitucional o la del Consejo General del Poder Judicial, pero los partidos deben ser conscientes de la importancia de preservar los consensos básicos en los más altos niveles del Estado. En España hay muchos profesionales independientes y prestigiosos que están dispuestos a servir a la sociedad desde un cargo público, pero que no desean ser identificados con posiciones partidistas rígidas. Su ausencia empobrece la composición de los órganos constitucionales, que a veces quedan en manos de militantes obedientes que no logran engañar a nadie cuando se proclaman independientes. Si el Tribunal de Cuentas ha conseguido salvarse de la voracidad de los partidos para iniciar una nueva etapa -ayer se puso fin a diez años de mandato de Ubaldo Nieto-, también debería ser posible alcanzar el mismo resultado en otras instituciones fundamentales. Hoy, al menos, el control del gasto público queda en buenas manos gracias a la solución adoptada de forma unánime por los consejeros de Cuentas.
http://www.abc.es/20071113/opinion-editorial/sensatez-tribunal-cuentas_200711130248.html
martes, noviembre 13, 2007
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